El Tribunal Supremo de Estados Unidos podría desestimar la demanda presentada por México contra los fabricantes de armas de fuego, según lo indicado durante la vista oral celebrada este martes en Washington.
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En su intervención, los jueces expresaron dudas sobre si las acciones de los fabricantes de armas pueden considerarse responsables de los actos violentos ocurridos en Estados Unidos, argumentando que no existe un vínculo suficiente entre la comercialización de las armas y el uso que los cárteles hacen de ellas.
El juez Samuel Alito preguntó a la abogada que representó al gobierno mexicano si los estados podrían demandar al gobierno de México bajo la misma premisa, de que promueve conductas ilícitas en otro país.
"Hay estadounidenses que creen que autoridades mexicanas contribuyen a muchas conductas ilegales aquí", dijo el juez de tendencia conservadora.
La Corte deberá decidir si desestima la demanda basándose en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005, que otorga inmunidad a los fabricantes, o si el comportamiento de las empresas queda fuera de dicha protección.
Este caso se da en un contexto de tensas relaciones entre ambos países, tras los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a productos mexicanos y sus críticas a México por no frenar el flujo de drogas sintéticas y la inmigración.
¿Por qué demandó México a las empresas de armas de EU?
Autoridades mexicanas expusieron sus argumentos sobre la demanda a empresas fabricantes de armas de los Estados Unidos en la Suprema Corte de Justicia norteamericana, que deberá determinar si el gobierno de México puede demandar a los productores de armamento por presuntamente ser corresponsables de la violencia en el país.
El encargado de presentar los argumentos del gobierno fue el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha, quien expuso ante el máximo tribunal que las armas de fuego producidas en Estados Unidos llegan a los grupos del crimen organizado en México, con el pleno conocimiento de los fabricantes y distribuidores.
“Las organizaciones delictivas adquieren armamento con el que han derribado helicópteros militares mexicanos, o bien, armas semiautomáticas de gran calibre, como los AR-15, que no pueden ser adquiridos legalmente por civiles en México”, expuso.
“Todas estas armas se utilizan para herir y matar a decenas de miles de mexicanos cada año. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre gracias al flujo de armas que se trafican ilegalmente, todos los días, desde Estados Unidos”, expuso Arrocha.
Segundo intento
La demanda que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador interpuso contra ocho de las más grandes compañías de armas de fuego fue desechada por un juez, ya que la ley de Estados Unidos protege a estas empresas bajo el principio de inmunidad con el argumento de preservar la seguridad nacional.
Sin embargo, autoridades mexicanas apelaron la decisión en enero de 2024 y en octubre de ese año la Suprema Corte de los Estados Unidos atrajo el caso por el que esta mañana, autoridades mexicanas expusieron los argumentos de la administración Sheinbaum.
Durante la exposición de motivos de Arrocha en Washington señaló que el tráfico ilegal de armas hacia México es de hasta medio millón al año y los vendedores y distribuidores lo saben.
“Se trata de un río de hierro que bombea hasta medio millón de armas, o más, cada año a México. Los fabricantes de armas estadounidenses, así como los distribuidores y los vendedores, alimentan este río, con pleno conocimiento de causa”, dijo Arrocha.
La posición del gobierno de México es que respeta la legislación estadounidense en la materia y que la demanda busca frenar el tráfico ilegal de armas.
Ministros escépticos
Los ministros de la Corte se mostraron reservados en torno a la solidez de los argumentos que presentó el gobierno de México.
La juez Amy Coney Barret preguntó por qué México no demandó a las armerías que han vendido las piezas usadas por criminales ya que esas tiendas o distribuidores parecen los responsables más inmediatos del daño.
Dos jueces progresistas, Ketanji Brown y Elena Kagan se distanciaron del intento de sancionar a los productores de armas. La primera dijo que la demanda busca una reparación que las cortes de EU no pueden autorizar y Kagan no pareció convencida de que los fabricantes trafiquen a través de las armerías, como sostiene la demanda.
“Lo que no tienen son distribuidores concretos, ¿verdad?”, preguntó.
Las expresiones de los jueces no son su sentencia definitiva sino sólo una primera aproximación a la manera en que ven la demanda.