La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por mayoría de votos, revocó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los topes de gastos de campaña de las personas candidatas a juzgadoras en el Proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, que participarán en la elección del 1 de junio próximo.
En sesión pública, a propuesta del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, se determinó que el tope de gastos personales de campaña debe adecuarse en función de cada tipo de elección, esto significa que debe ser por el cargo, el electorado y la territorialidad en la que se celebra.
Con ello, se abre la puerta para que el tope de gastos para los y las candidatos a ministros sea mayor a los 220 mil 326 pesos que estableció el INE.
Te podría interesar
Quienes impugnaron el acuerdo del Consejo General del INE fueron dos candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un candidato a una magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial.
En la sesión del pasado 6 de marzo, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo, pero la consejera presidente del Instituto, Guadalupe Taddei propuso un tope diferenciado por cargos. Su propuesta fue que para la elección de ministros de la Suprema Corte, de magistrado de Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del TEPJF el monto para gastos de campaña fuera de un millón 468 mil 841.33 pesos.
El tema regresará al Instituto Nacional Electoral para atender la revocación del TEPJF.
Desechan quejas por campaña anticipada contra ministras Esquivel Ortiz y Batres
Además, en la misma sesión la Sala Superior del Tribunal, por mayoría de votos, confirmó el desechamiento de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral INE, en torno a la denuncia por actos anticipados de campaña, uso de recursos públicos con fines electorales y empleo de propaganda gubernamental personalizada atribuidas a las ministras de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf.
Lo anterior, porque de los hechos denunciados y de los medios de prueba aportados no fue posible advertir indicios que presupongan, de forma evidente, que se puede actualizar una infracción a la normativa electoral por parte de las ministras.
Así fue la sesión
Sobre los gastos de campaña, la magistrada Janine Otalora pidió que en bien de las mismas candidaturas y del interés público, se les debe blindar ante la posibilidad de que reciban financiamiento privado que pueda comprometer su actuación. También se les debe garantizar una cancha pareja para las y los contendientes, por lo que debe evitarse que el dinero sea el que marque la diferencia en la contienda.
“Es decir, que aquellas candidaturas con mayor capacidad de gasto, desplacen injustamente a aquellas que gocen en lo personal, recursos mucho más limitados”, planteó.
El magistrado Reyes Mondragón en la defensa de su proyecto expuso que si una persona candidata a la Corte quiere asistir a foros en universidades y tiene prohibido recibir financiamiento privado y tiene que pagarse sus pasajes, debe contar con la posibilidad de recorrer en 60 días quizá todas las entidades y hacer una conferencia o participar en un foro, o conocer a una comunidad de profesionales del derecho.
“Pero con 220 mil pesos es imposible que una candidatura pueda ir a visitar universidades en varias ciudades del país. Entonces, eso no me parece una lectura razonable dentro del marco de restricciones, como tampoco sería razonable que el INE diga: ‘ah, bueno, el límite superior entonces era 66 millones de pesos porque es lo que resulta de 220 mil por 300 distritos”.
Respecto a las quejas por la presunta campaña anticipada de las ministras Batres, Esquivel y Ortiz, Mondragón recordó que el caso se remonta a la denuncia de dos ciudadanos en contra de tres ministras en funciones de la SCJN.
Los ciudadanos consideraron que, entre el 30 de octubre y el 17 de diciembre del año pasado se hicieron publicaciones en las cuentas de la red social X en las que las ministras muestran que realizaron presuntos actos anticipados de campaña, presumiblemente usaron recursos públicos con fines electorales y emplearon propaganda gubernamental personalizada en el marco de la elección judicial.
Mondragón reconoció que de las 89 publicaciones que los demandantes presentaron, en 10 sí se justificaba un procedimiento de investigación, porque se advierten mensajes que probablemente en un análisis preliminar puedan ser infracciones a la ley.
Tres publicaciones contienen presuntos llamados expresos a votar. Son dos repost que hace una candidata de una entrevista en la que establece que aspira a ser la ministra más votada. Y un reposteo de otra candidata en respuesta a una manifestación expresa de respaldo electoral.
Hay cuatro publicaciones que pueden llegar a implicar la promoción de una candidatura por la vía partidista, esto debido a que se advierte la participación de dos ministras candidatas en una figura que utiliza el partido Morena, denominadas asambleas informativas.
“Esto, bajo el criterio de este Tribunal debería investigarse, porque es jurídicamente relevante la posibilidad de una colaboración entre candidaturas con partidos políticos en estos eventos, y que impliquen la difusión de la candidatura ante su militancia, ante la militancia del partido.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE LA SILLA ROTA DE GOOGLE NEWS
“Finalmente, estimamos que hay tres publicaciones que también pueden implicar una probable infracción a la legislación electoral porque en ella se advierte la participación de una candidatura con organizaciones sindicales, y está expresamente prohibido que las organizaciones sindicales, digamos, ejerzan este tipo de actividades de promocionales”, dijo el magistrado.
Pero los 10 casos fueron desechados por el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Perdonan al Partido Verde
El TEPJF revocó una multa del INE contra el Partido Verde por 37 millones de pesos, por presuntamente haber simulado cursos de actividades específicas durante 2018.
El argumento de la mayoría fue que el INE no probó la simulación del gasto por actividades del partido, ya que al tratarse de un procedimiento oficioso, el órgano electoral tendría que tener carga probatoria y no el partido.
El Partido Verde informó que gastó 16 millones de pesos en cuatro cursos en línea, y 2.5 millones de pesos más en publicidad, aunque no se pudo comprobar la realización conforme a la norma.