Un juez federal ordenó este viernes la suspensión temporal del plan del presidente Donald Trump para destituir a miles de empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La decisión, tomada por el juez Carl Nichols del Tribunal de Distrito en Columbia, se produjo tras escuchar los argumentos del gobierno y de representantes sindicales de los trabajadores federales.
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El plan contemplaba la baja administrativa de 2,200 empleados en Estado Unidos y la salida de casi todo el personal en el extranjero en un plazo de 30 días. De hecho, antes de la medianoche de este viernes, unos 500 trabajadores ya habían aceptado la baja, según el Departamento de Justicia.
De acuerdo con información del New York Times, la medida reduciría drásticamente la plantilla de USAID, dejando solo 290 puestos "esenciales". Las áreas de salud y asistencia humanitaria conservarían un número mínimo de empleados, mientras que el personal en regiones clave quedaría reducido a 12 personas en África, 8 en América Latina y el Caribe, y 21 en Oriente Medio y Asia.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ahora responsable de la agencia por decisión de Trump, justificó los despidos alegando eficiencia y una supuesta "insubordinación" dentro de USAID. En declaraciones a Fox News, afirmó que los empleados se negaban a cooperar, lo que lo llevó a tomar "medidas drásticas".
Este ajuste se alinea con la política de Trump de reducir el presupuesto destinado a la cooperación internacional, lo que impactaría directamente a programas de la ONU y ONG globales. Naciones Unidas estima que Estados Unidos aporta el 47% del gasto mundial en asistencia humanitaria.
Parálisis de la USAID descabeza proyectos en México
Decenas de organizaciones, refugios y medios de comunicación en México y América Latina se han visto gravemente afectados o están en vías de desaparecer por la decisión de Donald Trump de congelar, por 90 días, toda la ayuda internacional a programas que no estén “completamente alineados” a las políticas del republicano y ante la incertidumbre sobre el futuro de la Agencia de EU para el Desarrollo Internacional (USAID).
El 20 de enero, en una de sus primeras acciones como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó un decreto que suspendía temporalmente toda la cooperación internacional a través de la Agencia, ya que, en opinión del mandatario, estos programas “desestabilizan la paz mundial”.
Sin embargo, esta suspensión temporal podría volverse definitiva ya que Elon Musk, encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental de EU, ha dicho que ha conversado con Trump y que él "está de acuerdo en que deberíamos cerrar (la USAID)". Además de que, a partir de este viernes, miles de empleados de la agencia en todo el mundo estarán en licencia administrativa.
“La USAID está dirigida por un puñado de lunáticos radicales y los estamos echando", dijo Trump hace unos días.
Este jueves, medios de EU informaron que la administración planea mantener sólo a unos 300 empleados de los 10 mil que tiene tanto en su país como en otras regiones.
El desmantelamiento de esta agencia, creada en 1961, ha ocasionado despidos masivos en todo el mundo, la cancelación de cientos de programas de ayuda humanitaria y ha puesto en riesgo a proyectos de ayuda y asistencia a migrantes.
“Sabía dónde pegar”
Una de las organizaciones afectadas es Conexión Migrante, que desde hace ocho años opera el Centro de Atención al Migrante, un call center que brinda asesoría gratuita e información a personas en movilidad y que, de golpe, perdió más del 20% de su financiamiento.
El 24 de febrero, Patricia Mercado, directora de Conexión Migrante, recibió un correo, advirtiéndole que la ayuda que recibía por parte de una organización internacional sería suspendida. “Fue como un balde de agua para mí y para todo el equipo”, recuerda en entrevista con La Silla Rota.
Dos días más tarde, otra organización les avisó que también suspenderían su ayuda económica, por 90 días, debido al decreto de Trump. “Estos recursos representaban una parte fundamental para nuestro equipo. Especialmente para el Centro de Atención al Migrante que ofrece escucha, información y acompañamiento gratuito los 365 días del año y que, en 8 años, ha atendido a más de 100 mil personas”.
Conexión Migrante nació en 2016, días antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca por primera vez, con el objetivo de ser un medio de comunicación confiable para los migrantes, tanto en México como en Estados Unidos, debido a la ola de desinformación que trajo consigo el republicano.
Meses más tarde, el proyecto evolucionó y comenzaron a brindar asesoría gratuita vía telefónica sobre trámites de documentos de identidad, legales, financieros y los solicitados por autoridades migratorias de Estados Unidos. “La comunidad migrante enfrenta retos enormes, y es vital que podamos seguir proporcionándoles los recursos, la información y el apoyo necesario para tomar decisiones informadas”, señala la fundadora y directora del proyecto.
“Hoy ese proyecto está en riesgo. Donald Trump supo dónde pegar primero. Supo dónde pegar”, afirma Patricia Mercado.
Proyectos de justicia, seguridad y medio ambiente también afectados
Uno de los proyectos financiados por la USAID en México fue el Programa para el Fortalecimiento de Instituciones de Justicia Penal Estatal (ConJusticia), que desde hace años brinda apoyo a las procuradurías, fiscalías y los tribunales estatales de México con el objetivo de “reducir la impunidad, la delincuencia y la violencia”.
En los últimos años ConJusticia brindó capacitación a periodistas sobre “Cobertura ética del sistema de justicia penal” y “Lenguaje inclusivo”, asistió en la resolución de casi cinco mil casos criminales mediante asistencia técnica, el desarrollo de 63 planes de seguridad para proteger a las víctimas de posible violencia y capacitación de al menos 227 actores del sistema de justicia estatal.
Entre las entidades beneficiadas con los talleres, cursos y capacitaciones están Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Zacatecas, entre otros.
Asimismo, organizaciones feministas como Equis-Justicia para Mujeres y Ni un feminicidio más que han ofrecido cursos, talleres, asesoría y asistencia legal a mujeres víctimas de violencia recibieron ayuda de la USAID. En el caso de Equis-Justicia para Mujeres se aclaró que ya no recibían financiamiento de la agencia y ya no forman parte del consorcio.
Asistencia a gobiernos
A través de la USAID también se financiaron proyectos de seguridad binacionales como la Iniciativa Mérida y Marco Bicentenario a los que se destinaron más de ocho mil millones de dólares desde 2008 de acuerdo con un estudio de la Oficina de Auditoría del Congreso de EU (GAO por sus siglas en inglés).
En el informe la USAID sostuvo que el Marco Bicentenario sirve como mecanismo para que los gobiernos de México y Estados Unidos coordinen objetivos de seguridad compartidos y bajo la estrategia de cooperación para el desarrollo se buscó la reducción de la impunidad y la violencia en regiones objetivo, a la presentación de datos y análisis generados a través de sus sistemas y prácticas de monitoreo y evaluación.
Ante las dudas de que se hayan alcanzado los objetivos de reducir la violencia, la Agencia estimó que la tasa nacional de homicidios es un indicador de contexto porque “esta estadística nacional se ve afectada por una diversidad de factores que escapan al control del gobierno estadounidense, incluidas las tendencias regionales de la delincuencia transfronteriza, los fenómenos económicos y políticos, y los esfuerzos de los gobiernos”.
La tasa de homicidios a nivel nacional no sería una medida apropiada para evaluar la eficacia de los esfuerzos de USAID en apoyo del Entendimiento Bicentenario, dijo la agencia.
La USAID incluso llegó a financiar programas para ayudar al gobierno de México a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como “México Partnership for Net Zero Cities”, lanzado cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la CDMX.
USAID también invirtió en programas universitarios y alianzas a nivel estatal para apoyar becas para poblaciones indígenas. Otros ejemplos de colaboración incluyen el apoyo de Estados Unidos al Gobierno de México para controlar los brotes de tuberculosis a lo largo de la frontera entre ambos países.
En 2023, la USAID distribuyó en México más de 71 millones de dólares en programas y proyectos de asistencia humanitaria, desarrollo económico, derechos humanos y gobernanza.
Disparo en el pie
De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la decisión de parar los apoyos internacionales pone en peligro los esfuerzos que estas organizaciones realizan en América Latina y que, en muchos casos, están alineados con los objetivos e intereses de Trump: frenar la migración “ilegal”.
“El objetivo de reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos se vería debilitado por los recortes a las estrategias de “causas de origen” que generan empleo, permiten que los países integren a las personas migrantes por sí mismas y combaten la corrupción que fortalece a los grupos criminales que obligan a muchas personas a migrar”, señala el organismo.