Un jurado federal en Houston declaró culpable a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez por su intervención en un plan que destinó pagos a servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Pemex Exploración y Producción (PEP). El empresario, de 46 años y residente permanente en Texas, quedó sujeto a un proceso que contempla una pena máxima de 15 años de prisión.
Las autoridades estadounidenses señalaron que el caso surgió tras una investigación de agencias federales, entre ellas el FBI y la HSI. De acuerdo con las pesquisas, Rovirosa y otros participantes realizaron entregas de dinero y bienes de alto valor a personal de las entidades mexicanas durante un periodo comprendido entre 2019 y 2021.
Los pagos tuvieron un monto superior a los 150,000 dólares e incluyeron efectivo y artículos costosos. La información presentada en el juicio indicó que estos recursos se usaron para facilitar trámites internos y mantener contratos adjudicados a compañías vinculadas al empresario. Según los registros oficiales, dichas empresas obtuvieron beneficios comerciales por al menos 2.5 millones de dólares.
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Una comunicación revisada por las autoridades mostró que el grupo intercambió mensajes sobre la entrega de artículos de lujo, entre ellos un bolso de marca y un reloj valuado en 12,500 dólares, con el fin de recibir apoyo para resolver un requerimiento relacionado con operaciones contractuales.
Cargos y proceso judicial
El jurado determinó que Rovirosa incurrió en tres delitos: uno por conspiración para infringir la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y dos por violaciones directas a ese mismo marco legal. Las agencias involucradas en la investigación señalaron que el acusado operó desde territorio estadounidense para influir de manera indebida en decisiones de funcionarios públicos en México.
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Las autoridades informaron que el proceso continuará con la fase de sentencia. Un juez federal fijará la pena después de revisar los parámetros legales y otros elementos relevantes conforme a la normativa de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia indicó que la resolución del jurado reafirma la aplicación de la FCPA a ciudadanos y residentes que utilicen recursos desde Estados Unidos para influir en decisiones de servidores públicos extranjeros. Representantes del FBI añadieron que el caso muestra la capacidad de rastreo y documentación de operaciones financieras presuntamente dirigidas a obtener ventajas contractuales.
Situación del presunto colaborador
Durante la investigación surgió el nombre de Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, identificado como colaborador de Rovirosa. Las autoridades estadounidenses señalaron que Ávila continuaba fuera del alcance de la justicia al cierre del proceso de juicio contra Rovirosa, por lo que su localización sigue pendiente.
Etapa de sentencia
La pena final de Rovirosa se definirá en una audiencia próxima. El juez evaluará los lineamientos de sentencia y otros factores que la normativa permita considerar. El fallo de culpabilidad se mantendrá en espera de esa resolución.
VGB