Con el objetivo de proteger a las personas adultas mayores que reciben la Pensión Bienestar, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa que busca sancionar penalmente a familiares que hagan uso indebido de este recurso. La propuesta surge ante denuncias recurrentes de abuso económico, en las que hijos, nietos u otros parientes gastan el apoyo federal sin consentimiento, dejando a los beneficiarios sin recursos para cubrir necesidades básicas.
Los adultos mayores son considerados una población vulnerable, por lo que la iniciativa plantea castigos ejemplares para quienes aprovechen su condición de dependencia física, emocional o económica.
¿Por qué se busca castigar el uso indebido de la pensión?
La Pensión Bienestar está dirigida a personas mayores de 65 años y tiene como finalidad garantizar su acceso a alimentación, medicamentos y atención médica digna. Sin embargo, se ha detectado que en numerosos casos el apoyo no es utilizado por los beneficiarios, sino por familiares que controlan tarjetas bancarias o retiran el dinero sin autorización.
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De acuerdo con datos citados en la iniciativa, al menos tres de cada diez adultos mayores han sufrido algún tipo de maltrato, y una parte importante corresponde a violencia económica, como fraudes, presiones emocionales o el uso no autorizado de la pensión.
¿Qué propone la iniciativa del Partido Verde?
La propuesta fue presentada por la diputada Azucena Huerta Romero, del Grupo Parlamentario del PVEM. El planteamiento busca modificar el Código Penal Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para prevenir y sancionar específicamente el abuso económico contra este sector.
Entre los cambios, se propone adicionar un Capítulo III Quater al Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, denominado “Explotación Financiera de Adultos Mayores”, así como la incorporación del artículo 390 Ter. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis.
Hasta ocho años de prisión y multas económicas
El proyecto contempla sanciones de cuatro a ocho años de prisión para los familiares que utilicen los recursos de la Pensión Bienestar sin consentimiento. Además, se prevén multas que van de 200 a 500 días, así como la reparación del daño al beneficiario.
Las penas podrían incrementarse hasta en un 50 por ciento cuando la persona afectada tenga alguna discapacidad o limitación que le impida comprender los hechos o defenderse.
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Delito que se perseguiría de oficio
Uno de los puntos clave de la iniciativa es que este delito se persiga de oficio, sin que el adulto mayor tenga que presentar una denuncia formal. El PVEM argumenta que es inhumano exigir a una persona mayor denunciar a su propio hijo o nieto, especialmente cuando depende de él como cuidador.
Con esta propuesta, se busca fortalecer la protección legal de los adultos mayores y garantizar que la Pensión Bienestar cumpla su objetivo social.