Estados Unidos anunció este miércoles la restricción de visados para responsables de una empresa de transporte mexicana a los que acusa de "facilitar la inmigración ilegal" hacia territorio estadounidense, aunque no detalló el número de personas afectadas ni sus identidades.
"Las investigaciones indican que los individuos designados organizaron el transporte de extranjeros, incluyendo menores, desde el Caribe y otras regiones a puntos de tránsito en Centroamérica, donde posteriormente se encontró a muchos intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.
Las restricciones de visados se imponen para impedir que las personas designadas puedan ingresar en Estados Unidos.
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La medida "se aplica a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México que, a sabiendas, proporcionaban servicios de viaje diseñados principalmente para extranjeros que pretendían inmigrar ilegalmente a Estados Unidos", aunque la nota no revela de qué empresa se trata.
"Estados Unidos no tolerará ningún intento de socavar nuestra seguridad nacional ni nuestras leyes de inmigración", apuntó el Departamento de Estado.
De acuerdo con la investigación, los implicados habrían operado logística y rutas de traslado utilizadas por redes de contrabando de personas. Las autoridades señalaron que las medidas buscan impedir su entrada al país y desmantelar los beneficios derivados de estas actividades.
El gobierno estadounidense advirtió que no tolerará acciones que pongan en riesgo su seguridad nacional ni violen sus leyes de inmigración, y aseguró que continuará actuando contra quienes se beneficien de la inmigración ilegal. Además, reiteró su compromiso de combatir agresivamente las redes de tráfico para reforzar la protección fronteriza.
El Departamento prometió que la administración de Donald Trump "garantizará que quienes se beneficien de la inmigración ilegal enfrenten consecuencias".
Contexto: el presidente Trump anunció aranceles del 30% para exportaciones mexicanos en represalia por el tráfico de fentanilo y la llegada de migrantes indocumentados a Estados Unidos, aunque aplazó su entrada en vigor para negociar con el Gobierno mexicano.
El gobierno estadounidense ha elogiado la cooperación de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desplegó unos 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera, aunque destaca que todavía queda trabajo por hacer.
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