La Fiscalía General de la República informó este viernes 26 de diciembre sobre la ejecución de una orden de aprehensión contra Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector general de Desarrollo Tecnológico del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
La institución señaló que el exfuncionario enfrenta imputaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, dentro de una investigación relacionada con recursos públicos destinados al sistema penitenciario federal.
La FGR precisó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron la detención en Cuernavaca, Morelos, y pusieron al imputado a disposición de un juez federal para el desarrollo del proceso penal.
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El comunicado oficial indicó que Pérez Rodríguez quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Registro previo de la captura
La información difundida por la Fiscalía se conoció de manera parcial desde mediados de diciembre a través de reportes periodísticos y registros administrativos oficiales.
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Datos del Registro Nacional de Detenciones señalan que la aprehensión física ocurrió el jueves 11 de diciembre de 2025, a las 08:02 horas, sin que en ese momento existiera un pronunciamiento formal de la FGR.
Para el 13 de diciembre, medios de comunicación informaron que un juez federal impuso prisión preventiva oficiosa al exfuncionario y fijó la audiencia inicial para el 16 de diciembre.
La actualización presentada este 26 de diciembre incorporó detalles operativos que no figuraban en los primeros reportes, como el sitio de la captura y el centro penitenciario de reclusión.
Investigación por contratos penitenciarios
Jesús Gabriel Pérez Rodríguez ocupó un cargo directivo dentro del sistema penitenciario federal durante el periodo en el que Genaro García Luna mantuvo influencia en áreas de seguridad pública.
Las indagatorias federales lo relacionan con un esquema de contratos vinculados a servicios tecnológicos en prisiones federales, mediante los cuales se desviaron recursos públicos.
De acuerdo con las investigaciones, entre 2013 y 2015 se simularon contratos para canalizar fondos hacia empresas vinculadas a García Luna y a socios como Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont.
Este caso forma parte de una investigación iniciada en mayo de 2023, cuando la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra 61 personas presuntamente relacionadas con el desvío de recursos del sistema penitenciario federal.
VGB