El gobierno federal, a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), abrió un programa extraordinario, temporal y voluntario para que plantas de distribución de Gas Licuado de Petróleo (Gas LP) y estaciones de servicio de gasolinas, diésel o Gas LP regularicen su situación en materia de impacto ambiental.
El programa, publicado en el Diario Oficial de la Federación, está dirigido exclusivamente a las instalaciones registradas en el Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (RENAGAS) y surge tras un diagnóstico oficial que reveló que alrededor del 60% de estas instalaciones no cuenta con una autorización ambiental vigente o actualizada.
De acuerdo con la ASEA, el diagnóstico permitió identificar que muchas autorizaciones ambientales fueron emitidas en distintos momentos y por diferentes autoridades —federales, estatales e incluso municipales—, bajo marcos legales que han cambiado con el tiempo, lo que generó desajustes entre los permisos otorgados y la operación real de las instalaciones.
Ante este escenario, el Acuerdo establece una vía excepcional de regularización, sin eliminar ni sustituir las facultades de supervisión y sanción de la autoridad ambiental. El objetivo es ordenar las autorizaciones existentes y reducir riesgos para el medio ambiente y la seguridad industrial.
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Detalles del programa extraordinario
La ASEA aclaró que el programa no crea nuevas obligaciones ambientales, no modifica los estándares técnicos vigentes ni se aplica de manera automática. Quedan excluidas del procedimiento las instalaciones que proporcionen información falsa, enfrenten procedimientos por delitos ambientales graves o representen riesgos significativos para la población o el entorno.
Asimismo, el acuerdo reconoce a las empresas que han avanzado por la vía voluntaria de auditoría y certificación ambiental, como los programas de Industria Limpia o Calidad Ambiental, sin que ello implique la sustitución de sus obligaciones legales.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, órgano regulador del sector hidrocarburos adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), señaló que continuará ejerciendo sus atribuciones de vigilancia con base en información verificable, criterios técnicos y un enfoque preventivo.