El impacto económico del consumo de sustancias legales ofrece una señal de alerta para la política pública en México.
Estimaciones de organismos especializados, incluido el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), indican que el costo del consumo de tabaco y alcohol en el país supera los 127 mil millones de pesos, al considerar gastos médicos y la atención de enfermedades atribuibles
Tan solo en el caso del tabaco, estudios del CIEP estiman que el gasto médico asociado al tabaquismo rebasa los 80 mil millones de pesos anuales, una cifra superior a la recaudación obtenida por impuestos especiales. A ello se suman los costos del consumo de alcohol, documentados por organismos nacionales e internacionales, que incluyen atención hospitalaria, accidentes y hechos de violencia.
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Los estudios de estos analistas muestran además que el consumo de tabaco no solo tiene efectos en la salud pública, sino también en la economía de los hogares. El gasto en tabaco desplaza recursos destinados a salud, educación, alimentos y transporte, mientras que incrementa el gasto en alcohol y consumo fuera del hogar, especialmente en hogares de menores ingresos.
Para la Directora Ejecutiva del CIEP, Alejandra Macías la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT) revela un aumento en el uso de vapeadores y prende una alerta ante el riesgo de permitir que esos productos sigan expandiéndose sin regulación ni esquemas fiscales, pese a que su consumo va en aumento.
En entrevista, advirtió que la ENCODAT confirma una caída en el consumo de alcohol y tabaco, pero también abre una interrogante clave.
“Ahora confirma esta encuesta que es la reducción de consumo de alcohol y de tabaco. Siempre, al menos para mí, la pregunta era: ‘Bueno, ¿y cuál es la sustitución?’. Están dejando de fumar cigarros, pero se ve un alza en el consumo de los vapeadores”, señaló.
Macías subrayó que el principal problema de los vapeadores es que se trata de productos prohibidos que continúan circulando y cuyo consumo sigue creciendo. “Creo que el gran problema con esos productos es que están prohibidos, supuestamente a nivel constitucional, y de todos modos estamos viendo un aumento de consumo”, dijo.
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Prohibición sin control ni información
Desde una perspectiva económica, la directora del CIEP advirtió que la prohibición ha favorecido la expansión de un mercado clandestino —y en muchos casos visible— sin controles sanitarios ni fiscales.
Cuestionó además el argumento de que no se puedan aplicar impuestos especiales por el riesgo de generar mercados ilegales. “Los impuestos no son los que crean ese mercado, sino medidas más extremas y el no darse cuenta de que esto de todos modos está sucediendo”, sostuvo.
Macías explicó que, a diferencia del tabaco y el alcohol, no existen estimaciones del impacto económico de los vapeadores, debido a que no se miden en las encuestas oficiales.
“Como está prohibido, ese es justo el problema: no podemos ni hablar, ni preguntar, ni decir”, explicó, al señalar que en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares sí se registra el gasto en cigarros y alcohol, pero no en vapeadores.
Recordó que los estudios del CIEP muestran que un mayor gasto en tabaco desplaza recursos del hogar destinados a salud, educación, transporte y alimentos. “Si gastas más en tabaco, también gastas más en alcohol y comida fuera del hogar, y menos en salud y educación”, indicó.
IEPS, una opción sobre la mesa
Sobre una posible regulación, Macías señaló que los vapeadores podrían incorporarse a un esquema fiscal similar al de otros productos gravados con IEPS. “Definitivamente existiría algún esquema. Se podría cobrar con base en el contenido de nicotina”, afirmó, aunque reconoció que la innovación constante de la industria complica estos mecanismos.
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Finalmente, sostuvo que los datos de la ENCODAT obligan a replantear la política actual. “La prohibición no está funcionando del todo y se va a seguir consumiendo”, advirtió, al señalar que el consumo sin regulación implica costos a mediano y largo plazo para el sistema de salud pública.