La violencia vinculada al crimen organizado ha dificultado el acceso a servicios de salud en distintas regiones del país, señaló José Luis Michelena, director de Médicos Sin Fronteras (MSF) para México y Centroamérica.
De acuerdo con el organismo, en varias comunidades las instalaciones médicas dejan de funcionar porque el personal se desplaza por miedo y los pacientes enfrentan obstáculos para llegar a clínicas y hospitales.
Michelena explicó que estas condiciones generan problemas como la falta de acceso a medicamentos para enfermedades crónicas, así como complicaciones adicionales padecimientos que requieren atención continua, como embarazos. Ante ello, los médicos de la organización han buscado trabajar con autoridades locales y con la gente de la comunidad.
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“Para nosotros es muy importante que trabajemos con las autoridades para identificar esas comunidades que presentan estas condiciones de vulnerabilidad que les impiden tener acceso a servicios básicos de salud y de salud mental”, dijo.
El director de MSF detalló que la organización mantiene protocolos de seguridad y diálogo con distintos actores locales para garantizar su presencia en zonas afectadas. Señaló que utilizan intermediarios como la iglesia y organizaciones comunitarias para comunicar que el objetivo de MSF es brindar atención médica y no realizar actividades con fines políticos o de espionaje.
Michelena destacó la importancia de una mejor coordinación entre instituciones mexicanas y organizaciones humanitarias durante desastres. Recordó que tras el terremoto de 2017, MSF decidió intervenir en Puebla, Estado de México y Morelos para no duplicar esfuerzos donde ya existía respuesta local, y recientemente colaboraron con autoridades en Hidalgo tras inundaciones, recibiendo apoyo del Ejército y la Secretaría de Salud para trasladar ayuda en helicópteros.
MSF ha intervenido en distintos puntos del país en las últimas décadas. Según Michelena, la organización registró su presencia en México en 2008 y, desde entonces, ha documentado una amplia variedad de necesidades médicas y humanitarias.
Recordó que, aunque su primera intervención fue tras el terremoto de 1985, con los años han trabajado en emergencias derivadas de huracanes, tormentas y deslaves, así como en proyectos de largo plazo en los Altos de Chiapas y la Sierra de Oaxaca, donde atendieron tracoma y brindaron servicios de salud primaria.
En el norte del país, durante finales de la década de 2000 y principios de 2010, MSF reforzó capacidades en unidades de emergencia en Reynosa y Nuevo Laredo debido al alto número de víctimas que llegaban a los hospitales. Esto incluyó equipamiento, capacitación para atención de víctimas en masa y trabajo con comunidades para explicar el sistema de triaje.
En su 40 aniversario en México, la organización señaló que también ha trabajado en contextos de violencia en Tierra Caliente, Guerrero, donde identificaron desplazamiento tanto de población como de personal médico. En Acapulco, entre 2015 y 2017, implementaron un modelo comunitario de fumigación debido a que brigadas oficiales no ingresaban a zonas consideradas peligrosas durante brotes de dengue.
Sobre la situación general del país, señaló que México, además de la violencia, enfrenta fenómenos como el cambio climático y las deportaciones masivas podrían incrementar la vulnerabilidad de diversas comunidades.
Finalmente, Michelena afirmó que la prioridad de MSF es continuar identificando zonas con vacíos de atención y coordinar acciones con autoridades y organizaciones locales. “Sobre todo que nadie se quede detrás en términos de su acceso a salud, a servicios de salud y de salud mental”, concluyó.
Contexto: MSF opera un Centro de Atención Integral (CAI) en Ciudad de México, creado inicialmente para personas migrantes víctimas de secuestros, tortura, violencia sexual y otros abusos severos. Este centro ofrece un paquete de atención que incluye salud física, rehabilitación, atención psiquiátrica, trabajo social y acompañamiento educativo. Con los años, el servicio se amplió también a personas mexicanas que han atravesado eventos similares.
De acuerdo con Michelena, la violencia también afecta el tránsito y la seguridad de migrantes en el país. Explicó que “entre más medidas de disuasión se impongan”, las personas se ven obligadas a utilizar rutas más inseguras y a caer en manos del crimen organizado, lo que dificulta aún más su acceso a salud y otros servicios esenciales.