Marco Antonio López-Guerrero, de 34 años y residente de Mexicali, llegó al Distrito Sur de California tras un proceso de extradición que concluyó el 24 de octubre. Autoridades estadounidenses lo señalaron como parte de una estructura dedicada al tráfico de metanfetamina.
El traslado permitió que el acusado quedara bajo custodia federal de Estados Unidos para enfrentar señalamientos relacionados con drogas y armamento. Su llegada quedó registrada por el Servicio de Alguaciles, que lo recibió tras el vuelo desde territorio mexicano.
La Fiscalía del Distrito Sur de California informó que el caso se integró dentro de un esfuerzo coordinado entre agencias de ambos países. Funcionarios destacaron la participación de la Oficina de Asuntos Internacionales en los trámites del envío.
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Las autoridades estadounidenses ubicaron al sospechoso en operaciones transfronterizas que, según los expedientes, mantenían puntos de actividad en Mexicali y varias ciudades de California.
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Cargos en el Distrito Sur de California
Un gran jurado federal presentó acusaciones contra López Guerrero en julio de 2020. El expediente 20cr2054-JO describió actos relacionados con distribución de metanfetamina y traslado de armas y municiones.
El imputado se presentó ante la jueza Karen S. Crawford el 27 de octubre, cuando escuchó los cargos y expresó su intención de continuar el proceso en libertad condicionada. La magistrada revisó la solicitud durante la audiencia inicial.
La lista de señalamientos incluyó conspiración para importar metanfetamina y conspiración para distribuirla en Estados Unidos. Cada uno contempló penas que alcanzan prisión de largo plazo y multas millonarias.
El expediente también incorporó imputaciones por intento de exportación de equipos sujetos a control, así como contrabando de mercancías. Estas conductas pueden derivar en sanciones que llegan a dos décadas de cárcel, según el Código de Estados Unidos.
Mecanismos atribuidos en el tráfico transfronterizo
Los documentos judiciales describieron el uso de menores de edad para mover metanfetamina por los cruces peatonales del sur de California. Agentes federales ubicaron estos traslados en puntos de San Diego y San Bernardino.
La investigación detalló el empleo de una aeronave ultraligera para introducir droga desde México hacia Estados Unidos. Registros periciales mostraron que la estructura operaba vuelos nocturnos en zonas despobladas.
El caso también señaló el traspaso de armamento desde California hacia Baja California. Entre los elementos enlistados se contó un rifle AR-15 de cañón corto sin número de serie, además de más de 150 cartuchos.
Aseguramientos y estado del proceso
La causa penal surgió de una pesquisa que, durante varios años, reunió decomisos de distintos operativos contra la red investigada. Entre los aseguramientos figuraron más de 180 kilogramos de metanfetamina, 19 kilogramos de fentanilo y 2 kilogramos de heroína.
Las autoridades también registraron armas de fuego y municiones en varios puntos de intervención. Estos elementos quedaron bajo custodia federal como parte del catálogo probatorio del caso.
El 30 de octubre, la corte llevó a cabo una audiencia de detención. La magistrada resolvió que el acusado permaneciera en prisión mientras continúa el proceso. La Fiscalía argumentó riesgo de fuga y otros factores de control.
La siguiente comparecencia ante la jueza Jinsook Ohta quedó fijada para el 21 de noviembre, cuando se revisarán mociones y posibles fechas de juicio. La defensa adelantó que presentará solicitudes vinculadas al manejo de evidencia.
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Participación de agencias y marco operativo
La Administración para el Control de Drogas, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Patrulla Fronteriza y corporaciones locales del condado Imperial participaron en las indagatorias. Los equipos integraron sus hallazgos para sostener la acusación.
El Departamento de Justicia indicó que esta causa forma parte del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, que coordina acciones contra organizaciones criminales transnacionales. El proyecto reúne a agencias federales con presencia en puertos, zonas costeras y regiones fronterizas.
El Servicio de Inspección Postal, el Servicio de Investigación Criminal Naval y la Guardia Costera sumaron datos en distintos momentos del expediente. Cada instancia aportó análisis técnicos y reportes sobre tránsito de mercancías.
Las autoridades recordaron que las imputaciones solo representan acusaciones, y que la inocencia del señalado continúa vigente hasta una resolución judicial.
VGB