México es el tercer país con mayor criminalidad del mundo, de acuerdo con el Global Organized Crime Index 2025. El informe advierte que el crimen organizado en el país opera como un sistema profundamente arraigado, diversificado y con creciente infiltración en instituciones públicas, lo que ha permitido que sus estructuras funcionen con capacidad territorial, logística y financiera comparables a la de corporaciones multinacionales.
Con una calificación de 7.68 sobre 10, México también ocupa el segundo lugar en América y el primero en Centroamérica en presencia criminal. El documento señala que los mercados ilícitos más consolidados incluyen la trata de personas, la explotación sexual, el tráfico de migrantes, la extorsión, el tráfico de armas, el comercio de drogas sintéticas como fentanilo y metanfetaminas, además de delitos ambientales como la tala ilegal y el tráfico de fauna. A esto se suma el crecimiento de fraudes financieros, lavado de dinero y ciberdelitos, varios de ellos con calificaciones de 8 y 9 sobre 10, entre las más altas del mundo.
El estudio describe un sistema criminal en el que participan cárteles como el de Sinaloa, el CJNG y el Santa Rosa de Lima, pero también redes financieras privadas, actores extranjeros y funcionarios públicos coludidos, catalogados como “state-embedded actors”.
Corrupción gubernamental, facilitadora del crimen
El país obtiene una calificación de 8.50 en la categoría de actores incrustados en el Estado y se refiere a la corrupción gubernamental como uno de los principales facilitadores del crimen organizado. Según el índice, la delincuencia opera con una infraestructura de impunidad construida desde dentro de las instituciones, lo que le permite mantener presencia territorial, capacidad logística y control de mercados ilícitos a gran escala.
El documento advierte que esta infiltración ocurre en todos los niveles de gobierno. En el ámbito municipal, donde los recursos son escasos y las capacidades institucionales limitadas, los cárteles han penetrado con facilidad e incluso cooptado gobiernos completos. A nivel estatal, gobernadores de entidades como Tamaulipas y Sinaloa han enfrentado acusaciones formales de vínculos con organizaciones criminales. Y en el nivel federal, casos como la condena de Genaro García Luna evidencian la profundidad de la colusión entre autoridades y el Cártel de Sinaloa.
La influencia criminal también se extiende al terreno político. El informe señala que los grupos delictivos han intervenido en procesos electorales mediante la intimidación del electorado, el financiamiento ilegal de campañas y la violencia contra candidaturas, impactando directamente la calidad democrática del país. La fragilidad institucional se refleja, además, en la frecuencia de escándalos por corrupción de alto nivel y la condena de ex funcionarios por su relación con cárteles.
En el tráfico de personas, autoridades corruptas permiten cruces clandestinos en zonas críticas. En el tráfico de armas, funcionarios y exagentes de seguridad participan en el contrabando proveniente de Estados Unidos. En el comercio de mercancías ilegales, agentes aduanales facilitan la entrada de productos falsificados y mercancías sujetas a impuestos especiales. Y en el tráfico de fauna, servidores públicos emiten documentación fraudulenta que permite mover especies de alto valor en mercados internacionales.
Señala que agencias policiales están penetradas por células criminales, lo que limita seriamente su capacidad operativa. El sistema judicial enfrenta corrupción, ineficiencia y presión política, mientras que centros penitenciarios continúan bajo influencia directa de organizaciones delictivas que los utilizan como centros de operación. A esto se suman los crímenes financieros, facilitados por funcionarios y estructuras bancarias, así como casos emblemáticos como el fraude en Segalmex, que involucró miles de millones de pesos en operaciones irregulares.
En conjunto, el índice concluye que la participación de funcionarios corruptos es el elemento que permite al crimen organizado funcionar a gran escala. Su presencia actúa como una enfermedad autoinmune institucional: en vez de combatir al agente externo —los grupos criminales—, parte del propio cuerpo del Estado se vuelve contra sí mismo y facilita la expansión de las redes ilícitas.
Estos grupos se han diversificado hacia actividades como minería ilegal, huachicol, explotación forestal, cobro de cuotas en industrias, tráfico de especies y manipulación de cadenas de suministro. Según el índice, esta presencia multifacética muestra que el crimen organizado en México opera como un entramado que combina estructuras jerárquicas con redes flexibles y actores económicos de alto nivel.
El documento señala que, aunque México cuenta con leyes robustas y múltiples tratados internacionales, su capacidad de respuesta institucional es débil, con una resiliencia evaluada en 4.5 de 10. Entre los principales factores que limitan la respuesta del Estado se encuentran la corrupción sistémica, la impunidad judicial, la militarización sin controles civiles, la falta de protección para víctimas y testigos, la vulnerabilidad en aduanas y puertos, y la persistencia de altos riesgos para periodistas y personas defensoras. México sigue siendo, de acuerdo con el índice, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con funcionarios implicados en casi la mitad de las agresiones documentadas.
El índice es elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), una organización internacional con sede en Ginebra especializada en el análisis de redes criminales y sistemas de corrupción. Se trata de una de las mediciones más completas sobre criminalidad transnacional, utilizada como referencia por gobiernos, académicos y organismos multilaterales.
El documento concluye que la combinación de mercados ilícitos altamente rentables, estructuras criminales diversificadas y un Estado debilitado por la corrupción y la impunidad coloca a México en una situación de “alta vulnerabilidad”, donde las organizaciones criminales mantienen influencia territorial, económica y política significativa, y donde la infiltración institucional es un factor central en la expansión del crimen organizado.