En un encuentro público sobre los desafíos y experiencias de la búsqueda de personas desaparecidas en México y Colombia Grace Fernández, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, y Martha Pérez Gumercindo, directora de la Comisión Nacional de Búsqueda, coincidieron en que el sistema mexicano enfrenta obstáculos estructurales que frenan los resultados y profundizan la crisis, pues existen procesos fragmentados, instituciones saturadas y una lógica judicial que limita el enfoque humanitario.
Fernández advirtió que la falta de información clara, líneas de investigación robustas y coordinación efectiva entre autoridades mantiene a las familias en un limbo: “Si no hay datos confiables, si no hay análisis serio y si cada institución opera por su cuenta, la búsqueda se convierte en una simulación. Seguimos buscándolos a ciegas.”
Cuestionó que, mientras se anuncian reformas y nuevas estructuras, en la práctica persisten los mismos vicios: retrasos, contradicciones entre registros, oficios que se pierden y una dependencia absoluta de fiscalías que no pueden —o no quieren— avanzar.
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Fernández insistió en que el Estado debe garantizar un sistema que funcione no solo en el papel, sino en el territorio, donde las familias enfrentan la burocracia para obtener información mínima.
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Por su parte, la directora de la Comisión Nacional de Búsqueda contextualizó estas fallas dentro del modelo mexicano, que opera bajo una lógica judicial, a diferencia del sistema transicional colombiano. “Aquí cada búsqueda tiene implicaciones jurídicas: órdenes de cateo, cadena de custodia, acreditación probatoria. No es un modelo extrajudicial como en Colombia.”
Explicó que esta estructura obliga a que todo pase por fiscalías saturadas: “Le pides resultados al Ministerio Público y ves que tiene 80 carpetas. No tiene capacidad ni de aprenderse los nombres de las personas que está buscando. El sistema está colapsado.”
Pérez Gumercindo reconoció que la dependencia de las fiscalías limita la autonomía humanitaria y que, sin coordinación real, la búsqueda no podrá avanzar al ritmo necesario para responder a las familias.
Un consenso doloroso
Aunque desde lugares distintos —activismo y Estado— ambas coincidieron en un punto central: la búsqueda en México seguirá fragmentada mientras no exista articulación plena entre fiscalías, comisiones y centros de identificación, así como acceso inmediato a información confiable.
Para las familias, eso significa más tiempo sin respuestas; para las instituciones, un rezago que crece más rápido de lo que pueden atender.
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México no puede extrajudicializar la búsqueda
Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, explicó que, a diferencia del modelo colombiano, en México la búsqueda no puede desvincularse de la lógica judicial.
Señaló que el marco legal mexicano obliga a que cada acción de búsqueda pase por procedimientos propios de la investigación penal —como la intervención de fiscalías, la solicitud de órdenes y el cumplimiento de requisitos probatorios—, lo que impide adoptar un esquema extrajudicial más ágil y humanitario.
Según expuso, no se podría hacer porque toda la actividad que se hiciere en un terreno o espacio que forma parte de una investigación sin contar con las autoridades judiciales correspondientes sería ilegal.
AJA