La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, informó que entre 2022 y 2025 se presentaron 59 denuncias contra factureras por más de 54 mil 698 millones de pesos ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, para exponer la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2026 y la Miscelánea Fiscal, detalló que en 2022 se interpusieron denuncias por 17,000 millones de pesos, mientras que en el 2023 fueron por 21,700 millones de pesos, en 2024 por 10,000 millones de pesos, y en lo que va de 2025 ya suman 5,600 millones de pesos.
Galeano García subrayó que “durante años, las factureras fueron la maquinaria del fraude, una industria del engaño que desvió miles de millones de pesos que debían invertirse en educación, salud e infraestructura, incluso, poder repartirlo entre las entidades federativas”.
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Asimismo, agregó que en 2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos, con un daño fiscal por más de 55 mil millones de pesos. “Estas cifras equivalen a los presupuestos completos de estados de la república, cifras que pudieron ser hospitales, carreteras, universidades y becas”, enfatizó.
Paquete Económico 2026 endurecerá combate a factureras
Contexto: El Paquete Económico 2026 plantea modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF) con el fin de reforzar el combate contra las llamadas factureras y permitir la aplicación de prisión preventiva oficiosa.
La procuradora Fiscal explicó que la propuesta de reforma busca negar el registro a empresas vinculadas con redes factureras, "suspender la facturación apócrifa de inmediato, ampliar la restricción de sellos digitales, establecer visitas domiciliarias eficaces y obligar a reparar el daño al erario”.
“No pretendemos endurecer sanciones y ser ejemplares en su imposición, lo que pretendemos de fondo es garantizar que nunca más la hacienda pública será saqueada a través de simulaciones”, subrayó.
SAT podrá negar RFC y suspender facturación apócrifa
También detalló que la iniciativa no constituye una reforma fiscal, sino un andamiaje jurídico que faculta al SAT mayores facultades. Entre ellas:
- Impedir la inscripción en el RFC a empresas relacionadas con factureras.
- Obligar a que cada factura respalde operaciones reales.
“Se obliga a que cada factura ampare operaciones existentes, verdaderas y reales, se crea el artículo 49 Bis que faculta visitas domiciliarias de hasta 24 días hábiles con suspensión inmediata de facturación y derecho de audiencia”.
Galeano García agregó que también se adiciona el artículo 113 Bis, que sanciona expresamente a emisores y representantes legales, se amplía la restricción de sellos digitales para impedir que los receptores de facturas falsas sigan operando.
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gph