Por unanimidad en el Congreso, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, el dictamen que expide la Ley General contra la Extorsión con 456 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, esta tarde de miércoles.
En este sentido, el Congreso aprobó en lo General la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión para que estos actos ilícitos sean perseguidos de oficio y castigar a los responsables con penas de hasta 25 años de cárcel. Sin embargo, legisladores de diferentes grupos parlamentarios presentaron reservas a diversos artículos en el dictamen para ser discutidos en lo particular.
En sesión vespertina, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado morenista Julio César Moreno Rivera, argumentó que esta ley es una herramienta nueva, moderna y coordinada, que busca darle al Estado mexicano la fuerza jurídica para prevenir, investigar y sancionar este delito en todo el país.
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¿Por qué una Ley General en materia de extorsión?
Moreno Rivera explicó que “la extorsión no conoce fronteras porque hasta hoy cada estado de la República tenía su propia definición y su propio castigo, lo que generaba vacíos, contradicciones y hasta impunidad. Señaló que en algunos estados se castigaba fuertemente el delito, en otros no, lo que permitía que los delincuentes “se aprovechaban de estas diferencias para poder delinquir libremente”, dijo.
En consecuencia, se impulsa la ley general “para que haya una sola definición, un solo tipo penal y una misma fuerza de persecución en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Añadió “que la policía municipal, la Fiscalía Estatal, hasta autoridad federal trabajen juntas con la misma información y las mismas reglas”.
¿El delito de extorsión tendrá prisión preventiva?
Moreno Rivera subrayó que el delito de extorsión será considerado grave y tendrá sanciones más severas. “No habrá beneficios de libertad anticipada ni conmutación de pena para quienes cometan el delito de extorsión, ya que ahora este delito se perseguirá mediante prisión preventiva oficiosa”.
Es decir, las personas acusadas de extorsión no podrán enfrentar el proceso en libertad. Tampoco podrán acceder a reducciones de pena ni salidas anticipadas y si funcionarios públicos participan en extorsiones, tendrán penas más altas, porque “quienes traicionan al pueblo desde el poder merecen el castigo más firme”, explicó.
bv
