La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de mil millones de pesos en recursos federales destinados al sector salud en Veracruz durante la administración de Cuitláhuac García. Los hallazgos corresponden a la revisión del ejercicio fiscal 2024 y alcanzan también programas operados bajo la gestión de Rocío Nahle.
De acuerdo con el informe de la ASF, el probable daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal asciende a mil 78 millones 10 mil pesos. El organismo examinó el uso de fondos federales entregados al estado para atender programas de salud y servicios médicos.
ASF revisó más de 2 mil millones de pesos en fondos de salud
La auditoría revisó 2 mil 752 millones de pesos, equivalentes al 81.1% de los recursos federales que la Federación transfirió a Veracruz, por un total de 3 mil 393 millones. Durante el análisis, la ASF detectó incumplimientos en la aplicación de las normas que regulan la transferencia y destino de los fondos.
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El reporte señaló deficiencias en servicios personales, adquisiciones y control de bienes y servicios. Además, indicó que el gobierno estatal no aplicó un sistema de control que permita identificar y reducir los riesgos que afectan el cumplimiento de las metas establecidas para el sector salud.
Observaciones por falta de transparencia y control
El informe destacó que la administración estatal incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del gasto federalizado. La ASF reportó que no se difundió información completa sobre la aplicación de los fondos ni sobre los resultados alcanzados durante 2024.
La auditoría también identificó carencias en la documentación comprobatoria de los gastos, lo que impidió verificar la correcta aplicación de los recursos en los programas para los cuales fueron asignados.
Irregularidades también en Morelos y Baja California
La ASF documentó observaciones en otras entidades federativas. En Morelos, durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, el organismo registró que 21% de los recursos del programa de salud y medicamentos gratuitos no se ejerció durante el periodo revisado.
En Baja California, la ASF encontró infracciones a las normas de transferencia de recursos y servicios personales, así como a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General de Salud. Estas observaciones derivaron en recuperaciones por 114 millones de pesos y en la promoción de acciones legales.
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Moodys advierte presión financiera en estados con IMSS-Bienestar
La calificadora Moodys reportó que los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) entregados por la Federación a los estados integrados al programa IMSS-Bienestar se redujeron en promedio 34% en 2024 y registrarán una caída adicional del 20% en 2025.
El análisis indicó que la centralización del gasto en salud, impulsada por el IMSS-Bienestar, generó presión financiera en las entidades adheridas, con efectos negativos en sus perfiles crediticios.
Estados con menor margen presupuestal
Los estados que integran el sistema IMSS-Bienestar redujeron el gasto de sus secretarías de salud en 13% en 2024 y prevén una reducción adicional de 12% en 2025, menor al descenso del FASSA. Debido a esta desproporción, deberán cubrir con recursos propios una mayor proporción del gasto operativo.
El programa, implementado en 2022, busca ofrecer atención médica gratuita a población sin seguridad social mediante la integración de infraestructura hospitalaria estatal. Actualmente, **23 estados mantienen convenios con el IMSS-Bienestar y transfieren infraestructura, personal y recursos federales.
A partir de 2024, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comenzó a descontar directamente del FASSA la parte convenida para transferirla al programa, conforme al decreto presidencial que modificó la Ley de Coordinación Fiscal.
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Estados sin convenio registran incrementos
En contraste, los estados sin convenio con el IMSS-Bienestar reportaron un crecimiento promedio del 7% en el FASSA durante 2024, aunque proyectan una caída del 5% en 2025.
Moodys señaló que la cobertura del FASSA dentro del gasto total en salud se redujo de 48% en 2023 a 35% proyectado para 2025 en los estados adheridos. Esta brecha obligará a las entidades a financiar con recursos propios hasta 0.7% de sus ingresos operativos para mantener la operación de sus servicios médicos.
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Entidades con mayor impacto por recortes
Entre los estados con mayores reducciones del FASSA se encuentran Puebla (-59%), Ciudad de México (-48%), Nayarit (-46%), Tabasco (-46%) y Chiapas (-42%). Para 2025, se proyectan recortes adicionales en Baja California (-44%), Hidalgo (-40%) y Estado de México (-39%).
Las entidades con menor proporción de gasto en salud cubierto por el FASSA para 2025 son Ciudad de México (15%), Puebla (15%), Tabasco (17%), Estado de México (21%) y Tamaulipas (21%).
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Ajustes más severos en gasto estatal de salud
Los estados con las mayores reducciones proyectadas en gasto de sus secretarías de salud para 2025 son Hidalgo (-37%), Baja California (-32%), Michoacán (-32%), Chiapas (-31%) y Zacatecas (-21%).
Según Moodys, Puebla, Ciudad de México, Tabasco y Estado de México se encuentran en las posiciones más comprometidas por combinar fuertes recortes al FASSA con una baja cobertura de ese fondo dentro de su gasto total en salud.
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