Maria Elena Pérez Jaén, diputada suplente del PAN, presentó este lunes 37 denuncias contra Adán Augusto López ante la Fiscalía General de la República (FGR). Señaló que las pruebas ya existían, por lo cual acudió a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR, detalló que las denuncias tienen que ver con las cuentas públicas de 2019 y 2020, dijo en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula.
En este sentido, destacó que las irregularidades referidas dan un monto de casi 800 millones de pesos, los cuales fueron arrojados en diferentes auditorías. Asimismo, expresó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “también es una tapadera” porque estos fueron presentados y notificados a los entes públicos a partir del 20 de febrero de 2021 y no se han aclarado las irregularidades.
Indicó que lo que hace la ASF es que después de 120 días hábiles que tienen estos entes fiscalizados para hacer las aclaraciones de las irregularidades lo mandan a otra área y ya no hace algo la ASF.
Acusa que la presidenta y el Senado protegen a Adán Augusto
Con relación al tema, Pérez Jaén destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado que no hay pruebas y expresó que la mandataria y el Senado están protegiendo al ahora senador Adán Augusto López. “La presidenta Claudia Sheinbaum y el Senado lo están protegiendo”, expresó.
Destacó que una de las auditorías corresponde a 5 millones de pesos cuando Hernán Bermúdez era secretario de Seguridad Pública de Tabasco.
Puntualizó que las auditorías en cuestión se pagaron a trabajadores duplicados en la nómina educativa. Señaló que se pagaron sueldos a personas que ya habían fallecido o que estaban con licencia y no trabajaban. “Se ejercieron cientos de millones en esas nóminas ejecutivas sin ningún soporte o justificación”, dijo. Agregó que se transfirieron millones a unidades médicas sin comprobar en qué se usaron, entre otros casos.
Presión a Adán Augusto quiebra al sistema anticorrupción
Contexto: ayer lunes, integrantes de diversos comités y consejos de participación ciudadana de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), exigieron una verificación de las posibles incongruencias patrimoniales, fiscales, y eventuales conflictos de interés que involucran al senador Adán Augusto López Hernández.
Sin embargo, ante diferencias y presiones se ordenó bajar el exhorto de las redes sociales.
El documento, firmado por representantes de estos comités—incluyendo a Vania Pérez Morales, presidenta del Comité Coordinador del SNA—, subrayaba que, ante la relevancia de la investidura legislativa, es deber de quienes integran el Senado aclarar las dudas y garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
¿Qué decía el exhorto para investigar a Adán Augusto?
Los firmantes dejaron claro que su posicionamiento no prejuzga. Afirmaron que su objetivo es únicamente constatar la existencia de señalamientos que ameritan verificación oficial. Reafirmaron su confianza en que la vía institucional debe investigar y comunicar resultados basados en evidencias, preservando en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso.
Subrayaron además la máxima de que nadie está por encima de la ley, incluso aquellos con fuero parlamentario. Expresaron su esperanza de que el propio senador aportará voluntariamente la información necesaria para disipar dudas y fortalecer la confianza en las instituciones.
La publicación fue retirada horas después de haberse difundido, sin que existiera un acuerdo formal del pleno para hacerlo. El exhorto, emitido originalmente en nombre del CPC, contenía un llamado al legislador para abstenerse de realizar declaraciones que —según el texto— ponían en entredicho la autonomía del sistema anticorrupción.
La presidenta del consejo, quien posteriormente volvió a difundir el comunicado desde su cuenta personal, denunció haber recibido presiones para eliminar el mensaje y acusó intentos de censura dentro del propio órgano. En contraste, otros integrantes del CPC sostuvieron que la publicación no fue consensuada y que su retiro obedeció a criterios institucionales, no políticos.
BV