Integrantes de diversos comités y consejos de participación ciudadana de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), exigieron una verificación de las posibles incongruencias patrimoniales, fiscales, y eventuales conflictos de interés que involucran al senador Adán Augusto López Hernández. Sin embargo, ante diferencias y presiones se ordenó bajar el exhorto de las redes sociales.
El documento, firmado por representantes de estos comités—incluyendo a Vania Pérez Morales, presidenta del Comité Coordinador del SNA—, subrayaba que, ante la relevancia de la investidura legislativa, es deber de quienes integran el Senado aclarar las dudas y garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
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Conflicto en el Comité de Participación Ciudadana por exhorto para apretar a Adán Augusto
Vania Pérez Morales, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción acusó en redes sociales que ante presiones de una consejera y acoso al equipo de apoyo, se ordenó bajarlo de las redes.
“Como mexicana que lucha por la integridad en mi país, rechazo la censura”.
La respuesta vino de Patricia Talavera: “ninguna presión, pero simple respeto a la colegialidad. El escrito es promovido por algunos integrantes de los estados y una de las 3 integrantes del CPC, por congruencia no debe publicarse en la red del colegiado”.
“La consejera Patricia pidió bajarlo, por medio de amedrentar a nuestro equipo de apoyo. Antes de subirlo al cpc tampoco quiso que se subiera a las redes de la red de todos los CPC”, posteó Vania Pérez Morales en respuesta a una pregunta periodística del por qué bajaron el exhorto.
Patricia Talavera le respondió nuevamente: “nadie amedrentó a nadie. Confirmado con el equipo, desconocen estas declaraciones. Yo pedí que se quitara con la validación de Rafa pues no es un acuerdo del colegiado. Es personal. Ya basta de mentiras Vania por favor”.
¿Qué decía el exhorto para investigar a Adán Augusto?
Los firmantes dejaron claro que su posicionamiento no prejuzga. Afirmaron que su objetivo es únicamente constatar la existencia de señalamientos que ameritan verificación oficial. Reafirmaron su confianza en que la vía institucional debe investigar y comunicar resultados basados en evidencias, preservando en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso.
Subrayaron además la máxima de que nadie está por encima de la ley, incluso aquellos con fuero parlamentario. Expresaron su esperanza de que el propio senador aportará voluntariamente la información necesaria para disipar dudas y fortalecer la confianza en las instituciones.
La publicación fue retirada horas después de haberse difundido, sin que existiera un acuerdo formal del pleno para hacerlo. El exhorto, emitido originalmente en nombre del CPC, contenía un llamado al legislador para abstenerse de realizar declaraciones que —según el texto— ponían en entredicho la autonomía del sistema anticorrupción.
La presidenta del consejo, quien posteriormente volvió a difundir el comunicado desde su cuenta personal, denunció haber recibido presiones para eliminar el mensaje y acusó intentos de censura dentro del propio órgano. En contraste, otros integrantes del CPC sostuvieron que la publicación no fue consensuada y que su retiro obedeció a criterios institucionales, no políticos.
Llamado a la Acción Institucional
El posicionamiento institucional solicitó formalmente la intervención de múltiples autoridades competentes para el debido esclarecimiento de los hechos:
Senado de la República (Mesa Directiva): Se pide que la Cámara no sea utilizada para evadir responsabilidades y que se faciliten las aclaraciones necesarias con la máxima publicidad posible.
Órgano Interno de Control del Senado: Se le solicita realizar las verificaciones y cruces de información de las declaraciones patrimoniales, de intereses y constancias fiscales, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Servicio de Administración Tributaria (SAT): Debe confirmar la consistencia fiscal de la información pública difundida.
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ente de fiscalización del estado de Tabasco: Deberán revisar sus hallazgos, enfocándose en sus contrataciones, gastos y flujos vinculados al periodo referido.
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Fiscalía General de la República (FGR): Se les pide valorar la procedencia de la apertura o continuación de indagatorias sobre eventuales operaciones inusuales y, de ser el caso, judicializar con estricto apego a derecho.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG): Deberá coadyuvar con insumos de integridad pública y mecanismos de coordinación interinstitucional para el esclarecimiento.
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Los firmantes concluyeron reiterando su confianza en que las autoridades llamadas a actuar cumplirán su trabajo con oportunidad, rigor técnico y transparencia. El posicionamiento fue colegiado por Comités y/o Consejos de Participación Ciudadana y/o Social de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción.
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