El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó una postura radical en la lucha contra el narcotráfico, al declarar que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado" contra los cárteles de drogas, advirtió The New York Times.
Esto permite a su administración activar poderes de guerra para atacar, detener y juzgar sin necesidad de pasar por los tribunales civiles. El anuncio se realizó en un aviso confidencial al Congreso y ya ha generado críticas entre expertos legales y legisladores, de acuerdo con el diario.
La notificación de la Casa Blanca al Congreso establece que Estados Unidos está inmerso en un "conflicto armado no internacional" (NIAC) contra los cárteles, lo cual los califica como "grupos armados no estatales" que han lanzado un ataque armado contra el país.
Te podría interesar
Este cambio semántico y legal habilita al presidente a ejercer poderes que normalmente se aplican en guerras reconocidas: uso letal de fuerza sin amenaza inmediata, detención indefinida sin juicio civil, y juicios militares para presuntos combatientes enemigos.
De narcotraficantes a "enemigos del Estado"
Contexto: el caso de Venezuela surge como parte de las operaciones más recientes bajo la doctrina que Trump defiende como “conflicto armado” contra los cárteles. En septiembre de 2025, se reportaron ataques militares en el Mar Caribe contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas, con vínculos a grupos venezolanos como el Tren de Aragua.
Te podría interesar
La orden ejecutiva del 20 de enero de 2025 establece el inicio de un proceso para designar “ciertos cárteles internacionales” como organizaciones terroristas o como “specially designated global terrorists”.
En febrero de 2025, la administración Trump designó formalmente a ocho organizaciones latinoamericanas de crimen como “Foreign Terrorist Organizations” (FTOs), incluyendo cárteles mexicanos.
El 2 de febrero de 2025, El País publicó que el decreto de Trump acusaba a los cárteles de “propagar terror” mediante asesinatos, violaciones y con un efecto de “invasión” a EU con drogas e inmigración ilegal. Ese decreto también sugería que los cárteles habían adquirido funciones similares a entidades estatales locales en ciertas zonas de México.Contra el “veneno mortal”
La subsecretaria de prensa de a Casa Blanca, Anna Kelly, aseguró que Trump actuó para "proteger al país del veneno mortal" que los cárteles introducen. Uno de los casos citados fue un ataque el 15 de septiembre contra un barco supuestamente ligado al narcotráfico, en el que murieron tres personas. Los ocupantes fueron descritos como "combatientes ilegales" que operaban en nombre de organizaciones terroristas designadas.
Kelly subrayó que estas acciones son parte de la promesa de campaña de Trump para "eliminar las amenazas a la seguridad nacional", incluyendo el narcotráfico internacional.
Críticas desde el ámbito legal
Juristas y expertos en derecho internacional citados por The New York Times advierten que la interpretación de Trump representa una distorsión del derecho de los conflictos armados. Geoffrey S. Corn, exasesor legal del Ejército, señaló que "vender un producto peligroso no equivale a un ataque armado". Acusó a Trump de "destrozar" los límites legales que rigen el uso de la fuerza militar.
Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado, cuestionó si los grupos atacados, como el Tren de Aragua, cumplen siquiera con los requisitos de un "grupo armado organizado" bajo el derecho internacional.
Falta de autorización del Congreso
A diferencia del conflicto contra Al Qaeda posterior al 11-S, el Congreso no ha autorizado ninguna acción militar contra cárteles de drogas. Esta omisión preocupa a legisladores como el senador demócrata Jack Reed, quien acusó a Trump de librar "guerras secretas" sin control legislativo ni transparencia.
"Está usando al ejército para atacar a quienes él, unilateralmente, ha decidido llamar enemigos", criticó Reed.
¿Puede Trump usar al ejército contra los cárteles sin aprobación del Congreso?
Expertos legales han expresado que Trump no ha ofrecido ninguna justificación jurídica creíble, pruebas o información de inteligencia para permitir ataques militares en contra de los cárteles de la drogra. En ese sentido, y a nivel jurídico, matar a combatientes en un conflicto armado es legal, pero usar fuerza letal contra presuntos delincuentes sin proceso judicial viola el derecho penal y constitucional estadounidense. Esta distinción es clave en el debate actual.
Expertos en derecho internacional cuestionan la narrativa
Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y especialista en derecho internacional humanitario, expresó fuertes dudas sobre la legalidad de estas acciones:
“Para que un grupo criminal sea considerado parte de un conflicto armado no internacional (NIAC), debe cumplir con el criterio de ser un grupo armado organizado. No está claro que los cárteles cumplan ese estándar.”
Finucane también señaló que grupos como el Tren de Aragua, al que Trump ha aludido públicamente, no tienen el grado de cohesión estructural necesario para ser tratados como una fuerza militar adversaria en términos legales.
Una evaluación desclasificada de inteligencia estadounidense realizada en abril calificó a este grupo como una red descentralizada de células delictivas locales, sin capacidad real de coordinar operaciones al nivel de una fuerza combatiente organizada.
De acuerdo a The Washington Post, la decisión de Trump de considerar a los cárteles mexicanos como enemigos en un conflicto armado plantea interrogantes legales, políticos y morales. Aunque el combate al narcotráfico es una prioridad compartida por México y Estados Unidos, usar al ejército sin autorización explícita del Congreso y sin base legal clara podría derivar en una escalada internacional sin precedentes, además de abrir peligrosos precedentes en materia de derechos humanos.
El uso de fuerza letal sin debido proceso, basado en designaciones unilaterales de grupos como "terroristas" o "combatientes ilegales", representa un giro radical en la estrategia de seguridad y exige mayor transparencia y supervisión democrática.