La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acordó el pago de 3.6 millones de pesos a la exprofesora Martha Rodríguez Ortiz, quien fungió como asesora de tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, informó el medio Latinus.
El medio llamó la atención sobre el acuerdo dado que se concretó pese a que, en una resolución anterior, autoridades judiciales señalaron que Rodríguez no actuó con probidad en su función académica, por lo que su despido estaba plenamente justificado.
El acuerdo entre la exprofesora y la UNAM, para que desista de la demanda por despido injustificado en contra de la institución, fue alcanzado en julio según el reportaje de Latinus.
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El caso de plagio y la actuación de la UNAM
El conflicto se originó a finales de 2022, cuando se documentó que la tesis de licenciatura de Esquivel presentaba similitudes sustanciales con una tesis elaborada en 1986 por otro alumno de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, también bajo la dirección de Rodríguez Ortiz.
En enero de 2023, la UNAM concluyó que la existencia de plagio era evidente y determinó que la tesis original correspondía al trabajo presentado en 1986. Según el dictamen universitario, el proyecto de Esquivel coincidía en un 90% con el de Édgar Ulises Báez Gutiérrez.
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Ese mismo mes, la institución rescindió el contrato de Rodríguez Ortiz por causas graves de responsabilidad. La exprofesora declaró ante la universidad que compartió el proyecto de Esquivel con Báez Gutiérrez y con otros alumnos, con el argumento de que se trataba de material de referencia.
La demanda por daño moral contra autoridades universitarias
De manera paralela, Rodríguez Ortiz interpuso una demanda por daño moral contra el exrector Enrique Graue Wiechers y el exdirector de la FES Aragón, Fernando Macedo Chagolla. La Silla Rota reportó que la exprofesora obtuvo una sentencia favorable en un periodo breve.
La demanda se presentó el 28 de agosto y argumentó que los exfuncionarios universitarios realizaron declaraciones que afectaron su honor y reputación. El 28 de febrero, la Juez Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, Flor de María Hernández Mijangos, ordenó a Graue y a Macedo pagar 15 millones de pesos cada uno.
La resolución incluyó la difusión de comunicados de la UNAM que describían las conductas de Rodríguez Ortiz y la creación de comités de ética. Sin embargo, la universidad informó que ambos exfuncionarios apelaron la sentencia, lo que suspendió de forma temporal la ejecución del pago.
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Fallos judiciales a favor de la ministra Esquivel
En paralelo, la ministra Esquivel obtuvo resoluciones judiciales que frenaron la capacidad de la UNAM para sancionarla o divulgar dictámenes sobre su caso. Un Tribunal Federal ordenó a la universidad anular cualquier procedimiento que afectara los derechos de la ministra.
Posteriormente, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa desechó un recurso de la UNAM y estableció que la institución no cuenta con marco jurídico para revocar títulos ni tiene jurisdicción sobre exalumnos, lo que le impide sancionar a Esquivel o publicar los resultados del Comité Universitario de Ética.
La UNAM manifestó su desacuerdo con estas resoluciones, pero acató el fallo al considerarlo de cumplimiento obligatorio.
VGB