Las comisiones unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social aprobaron con modificaciones el dictamen de la minuta del Senado que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vivienda con enfoque social.
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El proyecto de decreto fue aprobado en lo general con 46 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, y se envió a la Mesa Directiva para los efectos correspondientes. Las juntas directivas de ambas comisiones acordaron que las reservas se presenten directamente en el Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión.
¿Qué cambios a la Ley del Infonavit fueron aprobados?
El dictamen, derivado de una iniciativa de la titular del Ejecutivo Federal, plantea que los recursos del Infonavit o bajo su administración puedan destinarse a la construcción de vivienda mediante una empresa filial. Esta entidad, al no considerarse paraestatal, tendrá plena capacidad de gestión conforme al derecho privado.
El documento también establece que el Infonavit podrá arrendar viviendas construidas o recuperadas para apoyar a las personas trabajadoras. Entre los ajustes realizados por las comisiones unidas, destaca que las viviendas construidas por el Instituto deberán fomentar el desarrollo económico local y la creación de empleo. Además, se reforzaron disposiciones sobre vigilancia y rendición de cuentas en el ámbito crediticio.
Secretaría de Hacienda toma control de las inversiones
La supervisión de las operaciones de crédito que el Instituto celebre con derechohabientes será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Este esquema incluirá programas de autocorrección ante posibles incumplimientos normativos.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará las actividades del Instituto, revisando su patrimonio, presupuesto operativo y de inversión en construcción y administración inmobiliaria.
Finalmente, el dictamen protege las subcuentas de vivienda y créditos de los trabajadores, declarando que son inviolables y no estarán sujetas a auditorías, revisiones o fiscalizaciones.
Cambios en los órganos del Infonavit
En relación con los órganos del Infonavit, se establece que la Comisión de Vigilancia estará compuesta por nueve integrantes, designados por la Asamblea General y propuestos por cada sector representado:
- 3 del Gobierno Federal
- 3 del sector de los trabajadores
- 3 del sector empresarial
Por su parte, el Comité de Auditoría estará integrado de manera tripartita, con un representante de cada sector: Gobierno Federal, trabajadores y empresarios. Además, el Consejo de Administración será responsable de aprobar anualmente el presupuesto para inversión en construcción, asegurando siempre los recursos necesarios para otorgar créditos a los trabajadores derechohabientes.
Un punto importante es que los miembros de los órganos colegiados no recibirán ninguna remuneración por el desempeño de sus funciones.
En cuanto a las disposiciones transitorias, se señala que la creación de la empresa filial del Infonavit deberá concretarse en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto. También se dispone la cancelación de proyectos colectivos de crédito para construcción de vivienda, adoptados antes del 1 de julio de 2023, que no hayan cumplido sus compromisos. En estos casos, el Infonavit deberá restituir los recursos a los trabajadores derechohabientes afectados.
"Una reforma en beneficio de la población"
En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el diputado de Morena, José Alejandro Peña Villa señaló que la iniciativa beneficiará a millones de mujeres y hombres y a sectores que en otro momento no eran considerados. “Se va a construir un millón de viviendas, 500 mil a favor de lo que corresponde al Infonavit y 500 mil con Conavi que van a destinarse a personas que no son derechohabientes”.
Por su parte, la diputada del PAN, Lorena García Jimeno Alcocer subrayó que crear una filial de construcción de vivienda con los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, que se estiman en 2.4 billones de pesos tiene un alto riesgo, además de que limitaría la participación de siete mil empresas constructoras en el país y habría una competencia desleal.
“Los trabajadores tienen derecho a escoger dónde quieren su vivienda, no deben ser confinados al lugar donde se les dé”.