El gobierno de México ha intensificado su batalla legal contra fabricantes de armas estadounidenses, argumentando que estas compañías han facilitado el flujo de armas ilegales hacia el país, exacerbando la violencia y el poder de los cárteles. La demanda se centra en la excepción del "acto de predicado" de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que permite demandar a fabricantes o vendedores de armas que hayan violado leyes estatales o federales aplicables a la venta o comercialización de armas, si esta violación es la causa próxima del daño.
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México sostiene que los fabricantes de armas conocen que un pequeño porcentaje de sus distribuidores venden la mayoría de las armas recuperadas en escenas de crimen en México. Además, se alega que estos fabricantes diseñan armas específicamente para los cárteles, como pistolas de edición especial con nombres alusivos a los capos del narcotráfico. También se ha señalado que los fabricantes reciben alertas de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) sobre el rastreo de armas vendidas a distribuidores específicos que son recuperadas en escenas de crimen en México.
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Académicos mexicanos presentan “amicus curiae” vs tráfico de armas
Académicos activistas y sociedad civiles de México presentaron un “amicus curiae” ante la Corte Suprema de Estados Unidos para apoyar la demanda del gobierno mexicano contra los fabricantes de armas.
Los 18 expertos enviaron un documento el pasado viernes 17 de enero, antes del regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. El republicano apoya la Segunda Enmienda, que permite a los ciudadanos portar armas.
El recurso “amicus curiae” indicó que hay un alto costo del tráfico ilegal de armas de fuego desde Estados Unidos a México, ya que llegan a manos de las organizaciones criminales que causan muertes y afectaciones al tejido social.
Alegatos de México
La demanda argumenta que la conducta de los fabricantes es una causa próxima de los daños sufridos por México, pues las ventas ilegales de armas y el diseño específico de las mismas para los cárteles son factores previsibles que contribuyen a la violencia en México. La demanda se basa en el principio de que la responsabilidad por daños no se elimina necesariamente por actos criminales de terceros si dichos actos son previsibles.
México alega que Smith & Wesson y otros fabricantes participan en prácticas que alimentan el tráfico ilícito de armas, como ventas masivas y a "compradores fantasma".
"Los fabricantes sabían que sus prácticas de distribución alimentan este canal de armas de fuego delictivas. Los expertos de la industria de armas de fuego han pedido a los demandados que dejen de vender armas de manera que saben que abastecen a los delincuentes", expone la parte demandante en un documento presentado ante la Suprema Corte de Estados Unidos.
"En 2001, el Departamento de Justicia solicitó a los demandados que "se negaran a suministrar a los comerciantes y distribuidores que tienen un patrón de venta de armas a delincuentes y compradores fantasma" y "que supervisaran y establecieran condiciones razonables para sus sistemas de distribución a fin de evitar el suministro a los delincuentes", se especifica.
Los fabricantes se negaron.
México argumenta que el mercado criminal es "una característica, no un error" de las prácticas de venta de los fabricantes.
El valor anual de las armas de los demandados que se trafican hacia México supera los $170 millones.
Como consecuencia directa de las acciones de los fabricantes, han muerto o resultado heridos policías y militares mexicanos.
México ha gastado grandes sumas de dinero en la lucha contra el tráfico de armas.
México argumenta que las ventas ilegales son plausibles y que los fabricantes han ayudado e instigado estas ventas al pasar armas "sabiendo que los compradores incluyen compradores ilegales y toman decisiones de diseño y marketing dirigidas a esos mismos individuos".
Causa Próxima y Previsibilidad
El concepto de causa próxima es fundamental en este caso. No se trata de una responsabilidad por todos los daños, pero la negligencia es imputable si "los daños eran del tipo que una persona razonable vería como un resultado probable de su conducta".
La previsibilidad es un componente central de la causa próxima, "las fuerzas intervinientes previsibles están dentro del alcance del riesgo original y, por lo tanto, de la negligencia del acusado."
La conducta criminal de un tercero puede ser una consecuencia previsible de las acciones de un acusado.
La PLCAA, en su excepción para casos de defectos del producto, tiene una cláusula que estipula que si la descarga del producto fue causada por un acto voluntario que constituye un delito penal, ese acto se considerará la única causa próxima de cualquier daño resultante. Sin embargo, esta lógica no se aplica en la excepción de "ayudar e instigar" donde la responsabilidad no es por el uso delictivo sino por la participación del fabricante en la conducta delictiva que facilita el uso delictivo del producto.
México argumenta que la violación de las leyes destinadas a impedir que las armas lleguen a manos de delincuentes crea un riesgo previsible de que estas armas terminen en manos de delincuentes.
Las violaciones federales alegadas incluyen la venta a compradores fantasma, ventas sin licencia, y exportar armas sin permiso.
La responsabilidad por causa próxima no se centra en el número de pasos en la cadena causal sino en la previsibilidad de la lesión.
Ayuda e Instigación
La violencia armada ha provocado un gran impacto en México, resultando en el asesinato de cientos de miles de personas, el desplazamiento de miles de familias, y un aumento en la delincuencia organizada. La violencia de armas también está vinculada al aumento de la epidemia de fentanilo en Estados Unidos, ya que las armas de fuego de Estados Unidos facilitan el poder de los cárteles en el tráfico de drogas. Además, la violencia armada ha generado un aumento en el número de personas desaparecidas, con evidencia de que muchas han muerto por heridas de bala.
México alega que los fabricantes de armas ayudaron e instigaron las ventas ilegales al actuar intencionalmente para impulsar las ventas en el mercado criminal.
La responsabilidad por "ayudar e instigar" se extiende a "conductas comerciales ordinarias" cuando se demuestre un grado de culpabilidad. Está bien establecida en derecho civil, en casos como fabricantes de opioides y cigarrillos electrónicos; y se aplica cuando el acusado se asocia de alguna manera con la empresa delictiva, participa en ella como algo que desea que suceda, y busca con su acción que tenga éxito.
Casos y ejemplos
Activistas y organizaciones de la sociedad civil han presentado informes y amicus briefs ante la corte, respaldando la posición de México y proporcionando información sobre el devastador impacto de la violencia armada en la sociedad mexicana. Los activistas también destacan el papel de la violencia con armas en los asesinatos de mujeres y grupos marginados, así como el desplazamiento forzado de comunidades y el aumento en las desapariciones.
Se han citado precedentes como el caso Direct Sales, donde una empresa que vendía morfina fue considerada responsable por el uso indebido de sus productos, ya que conocía y participaba en las ventas ilegales. También se ha destacado el caso Russell v. Marboro Books, donde una empresa fue considerada responsable por la venta de una imagen sabiendo que sería alterada y usada con fines tortuosos.
Puntos Clave Adicionales
Los documentos resaltan una tensión entre la protección de la industria de armas y la necesidad de responsabilizar a sus participantes por sus acciones negligentes o intencionales que causan daños a terceros.
La definición de causa próxima y su relación con la previsibilidad y el dolo son aspectos centrales en la argumentación legal.
La ley PLCAA se interpreta de manera específica al caso, y se argumenta que las exenciones deben ser entendidas con cautela, ya que no pretenden inmunizar a las empresas por la propia conducta negligente o delictiva sino solo por el uso delictivo de terceros.
La evidencia y los estudios sugieren que la venta de armas por parte de los fabricantes estadounidenses contribuye de manera significativa al poder de los cárteles mexicanos y al tráfico de armas en la frontera.
Se busca reforzar que la interpretación de la PLCAA debe estar en armonía con los principios comunes de la responsabilidad, donde quienes se comportan de manera negligente o delictiva sean considerados responsables de las consecuencias previsibles de sus acciones.
Los tribunales han reconocido que la causa próxima no se trata de una regla rígida, sino de un concepto flexible que requiere considerar la naturaleza de la acción estatutaria y los principios de justicia.