La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) defendió la prisión preventiva oficiosa, argumentando que la reforma correspondiente respeta los derechos humanos de manera preponderante. Además, destacó que el principal desafío actual es fortalecer los avances en seguridad y combatir la violencia en el país.
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En un comunicado, señaló que uno de los mayores obstáculos para una estrategia efectiva de "construcción de paz" es el sistema de justicia, subrayando la necesidad de frenar las omisiones judiciales, muchas veces vinculadas a la colusión de algunos jueces con grupos delictivos o intereses políticos y económicos.
La CNDH enfatizó la importancia de actuar contra la impunidad cuando se trate de delitos que afecten el tejido social y la seguridad comunitaria, "siempre debidamente justificada la aplicación de la medida”.
Explica en 3 pasos de qué va la prisión preventiva oficiosa
Sobre la reforma al Artículo 19, aclaró que esta permite al Ministerio Público solicitar prisión preventiva como última medida cautelar, bajo las siguientes condiciones:
- Cuando otras medidas no garanticen la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación o la protección de víctimas, testigos y la comunidad.
- Si el imputado está siendo procesado o ha sido sentenciado previamente por un delito doloso.
- En los casos donde los delitos acusados estén incluidos en el catálogo de transgresiones graves.
CNDH hace llamado a ministerios públicos, fiscalías y al Poder Judicial
Por otro lado, la CNDH exhortó a los ministerios públicos, fiscalías del país y al Poder Judicial a actuar con ética y responsabilidad en el uso de las nuevas herramientas que otorga la reforma, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia que tanto exige la sociedad mexicana.
“Hay actores que utilizan el discurso de los derechos humanos para descalificar la política de seguridad pública del gobierno actual, ignorando nuestra realidad y, sobre todo, dejando de lado a las víctimas de la violencia".
Asimismo, advirtió que desde el exterior persisten formas de intervencionismo promovidas por políticas neoliberales, legitimadas por esta misma Comisión durante más de tres décadas. "Existen intereses externos que se oponen a que México actúe como un país libre y soberano que pueda modificar y ampliar sus leyes siempre poniendo por encima de todo el bien del pueblo y sus derechos humanos”, precisó la Comisión Nacional.
También subrayó que mantendrá una vigilancia estricta sobre la correcta implementación de la estrategia integral de seguridad y la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
“Ese es nuestro mandato constitucional y nuestro compromiso con las y los mexicanos. Por ende, atenderemos de manera especial las quejas y las denuncias que se presenten a este respecto, para evitar vulneraciones a derechos humanos y contribuir con ello a construir una cultura de paz”, indicó.
Finalmente, aseguró que brindará capacitación a las y los servidores públicos para fomentar buenas prácticas y mejorar su desempeño, siempre garantizando el respeto incondicional a los derechos humanos, como lo establece el artículo 1° de la Constitución.