Celia Flores trabajó durante 27 años para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como asistente social en el Centro Médico La Raza y oficinista en el área de estadística y presupuesto; tras jubilarse se atendió en la Unidad de Medicina Familiar 164 pero en sus revisiones de rutina nunca encontraron que tenía una alteración en el corazón.
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Sin embargo, un dolor en el pecho y dificultad para respirar le indicaron que algo no estaba bien en ese órgano y en un consultorio adyacente a farmacia le indicaron que tenía un soplo, no obstante, el diagnóstico era más complejo y amenazador.
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Un cardiólogo particular atendió a Celia Flores y en septiembre de 2022 la diagnosticó con estenosis aórtica, el padecimiento provocaba que su corazón no bombeara la suficiente sangre por lo que presentaba dificultad para respirar y otros malestares.
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El especialista de un hospital privado le indicó que él podría operarla, aunque la intervención costaría un millón de pesos más 90 mil pesos por cada día que pasara en terapia intensiva.
Frida, la hija de Celia Flores, recordó con indignación todo el proceso cuando escuchó la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que el “sistema de salud de México no es como el de Dinamarca, es mejor”. La declaración desató su enojo, que expresó en sus redes sociales: “mi mamá se murió porque en el IMSS nunca la atendieron. Ni siquiera cuando ya había sido diagnosticada por un particular. Su enfermedad tardó 10 años en desarrollarse y en el IMSS nunca le detectaron nada. De qué eficacia habla este señor”.
El reclamo de la joven se suma al de miles de familiares y pacientes que han padecido las ineficiencias y carencias del sistema de salud.
Celia llegó a los 80 años con el padecimiento que, si bien afectaba el corazón, a medida que avanzaba afectó otros órganos como los pulmones. Además, su salud se complicó por sus problemas de hipertensión y diabetes que le provocaban falta de aire, piernas hinchadas y padecimiento digestivos.
Celia Flores murió el pasado 20 de febrero del 2024 y pese a ser derechohabiente del IMSS en la última etapa de su enfermedad no recibió atención en dicha institución, incluso llegó a gastar de su bolsillo para pagar medicamento indicado para la diabetes, los fármacos que tomaba ya sólo le controlaban los dolores o niveles de presión y glucosa, pero ninguno era para curarla.
La nula posibilidad de ser intervenida en la atención médica pública
Celia, pese a ser derechohabiente del IMSS, fue parte de las personas que destinaron dinero de su pensión a atender su salud. Al conocer el impacto económico que implicaría atenderse en un hospital privado, acudió a la clínica del IMSS que le correspondía y fue enviada a la clínica 47 ubicada en Iztapalapa, después la enviaron al área de cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en donde le indicaron que su caso debía ser atendido por un grupo de especialistas quienes determinarían si era candidata a ser operada.
El doctor que la evaluó le indicó que él no votaría a favor de la intervención quirúrgica, debido a su edad (78 años) y a que padecía otras enfermedades crónico degenerativas, de no operarse el pronóstico de vida era de máximo dos años y vivió año y medio resignada a no tener cura.
“Estoy triste, porque siento que todavía tengo cosas que hacer y es fuerte aceptar que es el final de este camino. Pero estoy tranquila porque viví una larga vida, tuve un compañero de vida maravilloso, logré formar una gran familia y viví como yo quería”, fueron las palabras que Celia le compartió con su hija Frida y aunque buscaron otras opiniones tanto en la atención pública y privada todas coincidieron en un alto costo o una negativa rotunda a la operación.
El aumento desproporcional entre la necesidad de atención médica y acceso se muestra en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, donde se menciona que del 25 por ciento de los entrevistados que señalaron haber tenido una necesidad de salud, un 86 por ciento buscó atención, el 85 por ciento la recibió, pero solo el 44 por ciento la obtuvo en el servicio público de salud, lo que confirma la baja capacidad de atención en el servicio público.
Un sexenio de retrocesos en salud pública
De acuerdo con el doctor Octavio Gómez Dantés ha habido regresiones en el sistema de salud pública durante este. El especialista hace hincapié en que en materia de esperanza de vida perdimos 30 años de progreso.
A decir del especialista, la creación del Insabi/IMSS-Bienestar sólo ha tenido malos resultados, debido a que se descentraliza la atención a la salud para la población no asalariada y se reducen los beneficios a los usuarios ya que sólo se cubren servicios de primero y segundo nivel.
La capacidad rectora de la Secretaría de Salud se debilitó al desaparecer la Subsecretaría de integración y desarrollo y tras la integración de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.
También enumera la compra fallida de los medicamentos en el sector público, el descuido de los programas de vacunación y salud materna, el congelamiento presupuestal y la reducción de la protección social en salud con la que se aumentó la carencia por acceso a los servicios de salud y se incrementó el gasto de bolsillo y los gastos excesivos por motivos de salud.