Del 1 de septiembre de 2023 al 30 de junio de 2024, se recibieron 23,498 informes de responsabilidad administrativa contra servidores públicos, de los cuales 22,442 fueron por faltas no graves y 1,056 por faltas administrativas graves, de acuerdo a datos del Sexto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) envió al menos 426 de los casos graves ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para que se les dé una resolución.
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Asimismo, como parte del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, el gobierno federal expuso que busca combatir la impunidad, fortaleciendo la participación ciudadana, con el fin de propiciar la confianza en las instituciones y en las personas servidoras públicas.
De modo que informó que del 1 de septiembre de 2023 al 30 de junio de 2024 recibieron 26,708 denuncias ciudadanas en contra de diversos funcionarios públicos. Agregó que concluyeron 33,107 casos, ante las denuncias acumuladas de años anteriores. De estas últimas, 2,244 fueron remitidas a las áreas de responsabilidades para la substanciación de los procedimientos.
La agenda de la 4T contra la corrupción
El gobierno de México reporta que para mejorar la eficiencia gubernamental y evitar el uso de los recursos públicos en fines distintos a los establecidos en los mandatos legales, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP) instauró una agenda integral encaminada a la erradicación de privilegios y de la comisión de prácticas nocivas que han socavado el desarrollo económico y social del país.
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En el capítulo “ERRADICAR LA CORRUPCIÓN, EL DISPENDIO Y LA FRIVOLIDAD”, del Sexto Informe de Gobierno del presidente López Obrador, destacó que la 4T implementó en diciembre de 2019 el fortalecimiento del desempeño en los ámbitos preventivo, detectivo y correctivo.
En cuando a lo preventivo, se señala que se reforzó el control interno para identificar y gestionar los riesgos en las etapas del ciclo presupuestario, a efecto de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en los mandatos legales y programático-presupuestales, y anticiparse a la comisión de conductas contrarias a la integridad. Se establecieron nuevas plataformas electrónicas para dar seguimiento a distintos procesos gubernamentales, como lo son los procedimientos de contrataciones públicas. Se implementó un nuevo modelo de compras consolidadas y se impulsó la política de integridad
En el plano detectivo se robusteció el marco normativo de la fiscalización y se homologaron los procedimientos técnicos para la práctica de los actos de fiscalización a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), con la finalidad de verificar que los recursos públicos federales se hayan aplicado de conformidad con los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honestidad, así como de simplificar y mejorar la gestión gubernamental. Con esto, se busca prevenir y combatir la corrupción mediante la revisión de las áreas de trámites, procesos críticos, proyectos de inversión relevantes, adquisiciones, arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y con los programas estratégicos.
En el ámbito correctivo se atiende y da seguimiento a las denuncias e inconformidades recibidas, se implementan mecanismos de investigación, se imponen sanciones a las personas servidoras públicas que lo ameritan, así como a las personas físicas y morales que infringen las disposiciones de los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.