En 1977 los mexicanos tuvieron la garantía del acceso a la información, lo cual quedó plasmado en al artículo sexto Constitucional, pero fue hasta 2002 que se promulgó la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ahora, de concretarse la reforma que pretende eliminar varios organismos autónomos, México retrocederá 22 años en la consolidación de esta garantía.
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Especialistas consultados por La Silla Rota recuerdan los retos que vivió el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI), cuando había que explicar en qué consistía el derecho de la ciudadanía a saber sobre los recursos que utiliza el gobierno y lo que se genera con éstos, que es dinero de la ciudadanía.
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“Hubo funcionarios que llegaron a decirnos, en las pláticas de capacitación sobre transparencia: ‘ni mi mujer sabe cuánto gano, ¿por qué tendría que hacerlo público?’”, recuerda María Marván Laborde, en entrevista con La Silla Rota.
Los trabajos en favor del derecho de los ciudadanos a saber y de la obligación de los gobiernos a informar su trabajo no iniciaron en 2002, pero tampoco se pueden ignorar los esfuerzos que día a día se hacen desde el INAI para no desaparecer, ante la embestida del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Por eso solo retrocederíamos 22 años, hasta el instante previo de la publicación de esa ley”, afirma Marván Laborde, quien fue electa ese mismo año como una de las primeras 5 comisionadas del IFAI.
El Grupo Oaxaca: impulsor de la transparencia
Vicente Fox llegó al poder con varias propuestas, una de ellas era hacer que su gobierno fuera el más transparente que hubiera tenido México. Un grupo de periodistas y activistas se decidió a tomarle la palabra: solicitaban información sobre recursos públicos, salarios de funcionarios y avances de programas sociales y obras.
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Así nació el Grupo Oaxaca, una organización de ciudadanos que redactó lo que sería el bosquejo de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Primero, se reunieron en la Ciudad de México, apenas dos meses después de que Fox tomara posesión, según lo recordó Roberto Rock, integrante del Grupo Oaxaca, en una entrevista para El Sol de México en 2021.
“La idea de tomarle la palabra al nuevo gobierno, que había ofrecido garantizar cambios respecto a los anteriores gobiernos del PRI en materia de rendición de cuentas”.
Los retos del IFAI
“En el inicio, el reto fue ese: traducirle a la gente el nuevo derecho de los mexicanos. Otro reto fue cómo hacerlo posible… en ese momento echamos mano de las nuevas tecnologías. No existían las redes sociales, pero sí había internet, entonces usamos desarrollo informático”, exponía Rock.
En un inicio, el IFAI solo tenía injerencia sobre las dependencias del Poder Ejecutivo, pero con la reforma de 2014, el ahora INAI tiene capacidad de obligar al Poder Judicial y Legislativo a brindar información sobre su trabajo y sus gastos.
“Teníamos el reto, también, de darle a la ciudadanía herramientas para hacer las solicitudes sin necesidad de hacer presencia en cada dependencia… que fuera de manera anónima y a través de una plataforma que dejara un testigo de esa solicitud fue el primer gran reto”, dijo María Marván.
¿Quién hace lo que no puede hacer el gobierno?
Las funciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sin limitadas en materia de rendición de cuentas, pero la reforma que impulsa la 4T prevé que las funciones del INAI pasen a la SFP. Con esa decisión, la ciudadanía no podría exigirle cuentas a organismos que no dependen del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, su función se volvería opaca.
Mauricio Merino, quien desde la Red por la Rendición de Cuentas impulsó la reforma de 2014 que convirtió al IFAI en INAI, asegura que organismos como los partidos políticos y los sindicatos no pueden ser sujetos obligados para entregarle información a la SFP, ya que la misma Constitución no atribuye de esa capacidad a una secretaría de gobierno federal.
“Hoy por hoy el INAI tiene la capacidad de exigirle a cualquier institución que utilice recursos públicos que transparente sus acciones, sus compras, los salarios de sus integrantes. Pero el Ejecutivo no puede ordenar nada ni a los estados de la República, ni a los partidos ni a los sindicatos”.