Laura Sánchez Martínez es de Reynosa, Tamaulipas. Tiene 50 años. Su salud es endeble: es diabética y tiene un problema en la columna que la obliga a usar una andadera, pero la búsqueda de su hijo Miguel Ángel Hernández Sánchez, desaparecido desde hace 5 años, la impulsa a luchar para pedir su localización.
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Desde el 17 de agosto está al pie del asta del Zócalo, en la Ciudad de México, frente al Palacio Nacional. Pide ser atendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador o por la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
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“En mi caso, quiero tener respuesta sobre mi hijo Miguel Ángel. Ellos estarán de fiesta el domingo y yo con el corazón destrozado”, dice Laura, en entrevista con La Silla Rota.
Sentada en su silla-andadera, dice que su hijo es enfermero y desapareció hace 5 años, el 25 de agosto de 2019.
“Fue cuando empezaron a llevarse a muchos doctores y enfermeros en Reynosa”, dice con la mirada triste y la voz quebrada.
Desde entonces no ha visto a su hijo, pero el 17 de enero de 2020 la fiscalía estatal le informó que Miguel Ángel se encontraba en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Michoacán, lo que le extrañó porque él no era parte de algún grupo delincuencial.
“La fiscal especializada en delitos de Desaparición Forzada de Tamaulipas, Elizabeth Almanza, me informó que fue localizado en enero de 2020. Me pidió que fuera con mi ministerio público, que entonces era la licenciada Telma Polanco, para que me diera la notificación con documento y ver qué se tenía que hacer”, recuerda.
Se atravesó la pandemia de covid-19
Pero ese año, la pandemia de covid-19 ya estaba agazapada y después creció y afectó a todos y su caso no fue la excepción.
“Desgraciadamente entró la pandemia, todo se quedó estancado y de ahí sigo buscando y buscando y pidiendo y pidiendo la información que esperaba de Michoacán. Saber por qué lo tenían ahí, de qué se le acusa. También propuse trasladarme a Michoacán pero no tuve respuesta de la autoridad”, añade.
Laura afirma que eso impidió que avanzaran los trámites para ir al Cefereso. Pero menciona que hay testigos de personas que dicen que han visto a alguien con tatuajes como los de su hijo Miguel Ángel, pero lo han trasladado a otras partes. Pero, al parecer, se identifica con otro nombre.
Esa situación hace que Laura acuse a las autoridades del Cefereso de tenerlo secuestrado, pues no le dan información sobre Miguel Ángel y aunque ha preguntado por él, no le dan respuesta.
“Estos 5 años he sabido que la misma autoridad tiene secuestrado a mi hijo. No sé cuál sea el motivo. Sé que mi hijo está vivo, pero no he tenido contacto con él”, explica.
Laura comparte que luego tiene ideas que no le gustan sobre la razón por la que Miguel Ángel no la ha buscado. Tal vez se deba a que no quiere ponerla en peligro a ella y a la hija de él, actualmente de 8 años.
“Que no se baje la bandera”
Laura buscó ayuda de la Comisión de Búsqueda estatal pero no encontró respuesta. Entonces pidió un amparo para que el caso se convirtiera en federal y se lo concedieron.
Respecto al campamento del Zócalo, describe que se compone de 50 personas, 4 son de Tamaulipas -el estado que está en segundo lugar de desapariciones, sólo detrás de Jalisco- que se turnan para estar ahí. Laura reconoce que ha sido difícil estar ahí pero se pusieron en el asta para pedir que no baje la bandera.
“Pedimos que el presidente junto con la próxima presidenta se toquen tantito el corazón y volteen a escucharnos”, suplica.
Laura describe que estos días son más difíciles debido a sus achaques. No puede tomar mucha agua, ya que no hay baños cerca, y está deshidratada y con una infección urinaria. Pero además, como el Zócalo está rodeado de vallas, la plancha parece sólo para ellas y el calor es intenso. Pero en la noche, cuando quieren salir al baño o a comprar algo, los policías que vigilan las vallas son agresivos y los amenazan con que si salen, ya no les permitirán ingresar.
Sobre cómo está la situación en Reynosa, dice que la situación no ha mejorado. Las desapariciones continúan. Espera que con la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, reciban más atención esta semana.
Teme que su hermano esté en la fosa común
Otra de las manifestantes es Delia Quiroa, cuyo hermano Roberto fue secuestrado el 10 de marzo de 2014, en Reynosa, Tamaulipas. Un grupo delictivo pidió dinero por él. La familia pagó. El 8 de mayo de ese mismo año iban a ir por él. Pero elementos de la Secretaría de Marina se enfrentaron con el grupo delictivo que secuestró a Roberto.
El grupo traía víctimas en una camioneta, al verse atacados, las sacaron y las hicieron correr. En el fuego cruzado quedaron las víctimas. Supone que entre ellos estaba su hermano.
La teoría es que Roberto quedó herido y que los marinos se llevaron el cuerpo. Se fundamenta en que hay testigos de que durante esos años, tanto la Policía Estatal, la Marina y la Sedena iban y aventaban cuerpos a la fosa común, el panteón que está al lado del parque de béisbol.
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Desde entonces, Delia ha buscado a su hermano, sin aún tener pistas sobre él. Ella es quien el mes pasado agradeció a organizaciones de la delincuencia organizada de haber liberado el 25 de julio al maestro Juan Manuel López, quien había sido secuestrado. Lo mismo ha hecho en otros casos, e incluso responsabiliza al grupo especial de la Policía estatal de cometer esos delitos.
Explicó que decidieron venir al asta y atarse para no dejar que bajen la bandera, porque de acuerdo con la ley marcial, el lábaro patrio no debe de ondear de noche en tiempo de paz. Pero no hay paz y es por eso que ya suman nueve noches con la bandera ondeando en señal de auxilio, para decirle a la sociedad y a los gobernantes que se sienten en guerra con ellos, porque no las ayudan.
“Es esta desesperación que sentimos por no encontrar a nuestros familiares”, concluyó.