Expertos de la UNAM cuestionaron la propuesta de elegir con voto popular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a magistrados y jueces. Reunidos en el foro Reforma Constitucional en materia de Justicia, celebrado en la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria, expresaron sus dudas sobre si con este método llegarán los mejores perfiles para la impartición de justicia.
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Otro cuestionamiento que hicieron fue sobre cómo se garantizará que los ministros, jueces y magistrados sean independientes del Poder Ejecutivo o Legislativo, incluso, cómo harán campaña, ya que está prohibido el uso de recursos públicos y privados para hacerlo.
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Reunidos en el auditorio Alfonso Caso, los especialistas coincidieron -en su mayoría- en que es más urgente hacer una reforma a los poderes judiciales locales y a las fiscalías de justicia.
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Entre los participantes estuvo el Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, quien habló sobre el perfil de los ministros, que deben ser expertos en derecho porque la jurisprudencia es compleja y su ejercicio requiere conocimientos teóricos, técnicos, axiológicos y prácticos.
“Las personas integrantes debe ser honorables, autónomas e independientes de diferentes intereses políticos y económicos que existen en una sociedad; también deben ser independientes de los poderes ilegales e ilegítimos. Tampoco se trata de criterios inasibles. Un historial de deshonestidad académica, un expediente de violencia de género no abonan en la honorabilidad”, remarcó.
El experto dijo que también afecta al ejercicio de la impartición de la justicia, que un ministro sea militante de un partido o gobierno en turno o dependa de una corporación.
Además, resaltó la importancia de que las personas integrantes de la SCJN deben saber escuchar, deliberar y llegar a acuerdos, pues los cuerpos colegiados toman grandes decisiones.
En opinión de Salazar, el verdadero poder dentro del Poder Judicial será el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal. Dentro de la Reforma Judicial se plantea que este órgano nuevo sancione a los jueces e incluso los lleve a juicios políticos, luego de investigar denuncias ciudadanas contra ellos o si no dictan sentencias en un plazo de seis meses.
Para la profesora Eugenia Paola Carmona Díaz de León, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, la iniciativa de reforma no garantiza la independencia de los ministros, magistrados y jueces que resulten electos y estos más bien responderán a los intereses de quienes organizan las elecciones y de quien detenta el poder, y previó que actuarán bajo un sesgo ideológico.
“En el fondo se desnuda el perjuicio antielitista que se tiene contra los expertos. El resultado de la puesta en marcha será el resultado contrario con una justicia más lejana, más sesgada y con más vaivenes. La iniciativa debe ser reformulada”, propuso.
La profesora de la FES Acatlán, María de los Ángeles Rojano Zavalza, dijo que para ser ministro, magistrado o juez no sólo se requieren conocimientos de academia.
“¿Cuántas veces no tenemos ministros que no saben la diferencia entre orden administrativo y ministerial?”
Añadió que los ministros deben ser mayormente especializados, con un perfil eficiente y eficaz, no improvisados ni sujetos a intereses de los partidos políticos. “¿Por qué hemos dejado llegar a los vergonzantes?”, añadió.
También destacó la importancia de que en el perfil se incluya una edad establecida que da una madurez intelectual por la toma de decisiones que solo se da a través de estudios verificados, para que no les tiemble la mano para firmar una sentencia de donde se define un futuro pero que les permita caminar libres y dormir por haber hecho lo justo.
Por su parte la profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Gabriela Limón consideró que en la elección de ministros se deben crear controles para no recibir recursos públicos en campañas y crear normativas para lo que está acéfalo en la reforma.
Consideró que más urgente que la elección de ministros, es fortalecer los sistemas judiciales en cada entidad, así como el del sistema de la policía, fiscalías y penitenciario.
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El profesor de la FES Aragón, Isidro Mendoza García también participó y consideró que hay el riesgo de que en la elección popular de ministros de la SCJN haya una politización del Poder Judicial y quienes lleguen estén sometidos a la presión política de quienes los hayan postulado.
También alertó de que aunque en la iniciativa se específica que no se permitirá el uso de recursos públicos o privados para hacer campañas –será a través de tiempo oficial en radio y televisión- pero no se establece cuáles serán las sanciones para aquellas candidaturas que violen esas reglas.
Otro cuestionamiento que hizo es que haya un monopolio de los poderes Legislativo y Ejecutivo para proponer a 10 candidatos a ministros.
“Si lo que se quiere es que haya representación de la sociedad, por qué seguimos monopolizando la facultad de proponer candidatos en formato clásico de los 3 poderes, por qué no abrirlo a la academia”.
En el evento también participó el investigador del IIJ de la UNAM, Jaime Cárdenas, quien dijo que con la llegada de un nuevo modelo político a partir de 2018, es tiempo de plantear un nuevo modelo del Poder Judicial.
Coincidió con Pedro Salazar en que el Tribunal de Disciplina Judicial será determinante para garantizar la independencia judicial.
Los foros fueron inaugurados por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, y por el constitucionalista Diego Valadés, quien destacó la importancia de la independencia de los juzgadores.
“Es un derecho de los justiciables. Los juzgadores deben actuar sin sesgos ideológicos. La justicia no se imparte poniendo al pueblo contra el pueblo. En el Estado constitucional el poder político respeta a los juzgadores, los tribunales no deben convertirse en pequeñas asambleas políticas. En los estados constitucionales no existe la justicia por aclamación, por encargo mayoritario o por comisión política”, dijo el también ex procurador capitalino.