Un día como hoy, pero en 1856, el Congreso de México derogó un decreto emitido por Antonio López de Santa Anna que restablecía la Compañía de Jesús, conocida comúnmente como los jesuitas. Esta orden religiosa de la Iglesia Católica, fundada en 1534 por Ignacio de Loyola y aprobada por el Papa Paulo III en 1540, había sido la mayor orden religiosa masculina hasta 2018, con alrededor de 16,000 a 17,000 miembros.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
Los jesuitas llegaron a México en septiembre de 1572, desembarcando en San Juan de Ulúa, Veracruz. En la Ciudad de México, Alonso de Villaseca les otorgó terrenos donde fundaron el Colegio Real y más antiguo de San Ildefonso, un destacado edificio del barroco mexicano. El título de "Real" fue otorgado porque el rey de España ofrecía becas a los estudiantes del colegio. La influencia de los jesuitas se extendió hasta 1767, cuando fueron expulsados y sus propiedades confiscadas por militares.
Te podría interesar
Fue hasta 1816 cuando Fernando VII de España restituyó a la Compañía de Jesús. En 1853, Santa Anna, en un intento por ganarse el apoyo de la Iglesia y de los conservadores, emitió varios decretos, incluyendo uno para restablecer la Compañía de Jesús y devolverles sus antiguos bienes. Aunque con algunas excepciones, Santa Anna buscaba fortalecer su posición política apoyando a la Iglesia.
La Derogación del Decreto
El Congreso Constituyente de 1856, alineado con los principios de las Leyes de Reforma, buscaba limitar el poder y la influencia de la Iglesia en México. En un ambiente de insurrección clerical y bajo la presidencia sustituta de Ignacio Comonfort, el Congreso decidió derogar el decreto de Santa Anna, afirmando su compromiso con la separación Iglesia-Estado y la regulación del poder eclesiástico en el país.
La promulgación de la Constitución de 1857 marcó un hito en la historia de México al establecer la libertad de cultos, un principio que sentó las bases del Estado laico mexicano y acabó con las estructuras coloniales que subordinaban el orden civil al militar y eclesiástico.
El Congreso Constituyente de 1856 dedicó ocho días a la discusión sobre la libertad de cultos. Entre los defensores de la tolerancia religiosa destacaron figuras como José María Mata, Francisco Zarco, Guillermo Prieto y José Antonio Gamboa. Argumentaron que la libertad de cultos era un principio fundamental en los países civilizados y que su adopción impulsaría la colonización y desarrollo del país.
Por el contrario, los opositores alegaban que México, siendo un país mayoritariamente católico, no aceptaría la libertad de cultos. Consideraban que la religión era el único lazo que unía a los mexicanos y que romperlo provocaría mayores males que los experimentados en los pocos años de independencia.
El 5 de agosto de 1856, el Congreso votó sobre el artículo que proponía la libertad de cultos. La propuesta inicial fue rechazada por 65 votos contra 44. Fue entonces cuando Ponciano Arriaga intervino, destacando la necesidad de que el Estado tuviera la facultad de legislar en materia religiosa para no quedar indefenso frente a la Iglesia. El artículo fue reformulado y quedó de la siguiente manera: “Corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y de disciplina externa la intervención que designen las leyes”. Esta nueva redacción fue aprobada con 82 votos contra cuatro.
El Legado de Santa Anna
Santa Anna, un personaje polémico en la historia mexicana, intentó múltiples veces regresar a la vida política después de su exilio, ofreciendo sus servicios tanto a Benito Juárez como a los franceses y a Maximiliano, sin éxito. Su decreto para restablecer la Compañía de Jesús es recordado como un intento de consolidar su poder mediante el apoyo de la Iglesia, un esfuerzo que fue revertido por el Congreso liberal en su lucha por un México más secular.
Hoy, recordamos el 6 de junio de 1856 como una fecha clave en la historia de México, cuando el Congreso reafirmó su postura de limitar la influencia de la Iglesia y avanzar hacia un estado más laico, derogando el decreto de Santa Anna que pretendía restablecer a la Compañía de Jesús en el país.