La intención del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, de reformar el Poder Judicial no toma en cuenta temas de justicia local ni de los estados, así como de la Fiscalía General de la República. Además, se trata de una intención para que la justicia sea menos autónoma, aseguró el experto e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Juan Jesús Garza Onofre.
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En entrevista con La Silla Rota, el investigador asociado “C” de tiempo completo consideró que la reforma al Poder Judicial responde a una venganza contra actores que han sido contrapesos con el Poder Ejecutivo.
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“Creo propiamente que la actual reforma judicial no es más que una especia de venganza e impulso por tratar de hacer de la justicia algo que no sea independente ni autónomo conforme lo marcan los cánones de la democracia constitucional”, señaló Garza Onofre.
Los problemas en la impartición de justicia en el país deberán ser trabajados mediante modificaciones a la Fiscalía General de la República y órganos impartidores a nivel local, como estatal y municipal, lo cual no es tocado en la propuesta de reforma que el oficialismo busca aprobar, detalló el catedrático.
“Los jueces no son los únicos que tiene el monopolio de justicia en este país (…) en ese sentido el gran ausente en esta reforma sigue siendo la Fiscalía, nadie habla de las fiscalías locales ni de la General”, apuntó.
“El oficialismo construyó un adversario”
Para Garza Onofre, la actual administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, encontró en el Poder Judicial y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a un adversario político, a quien se ha ido desacreditando en el día a día.
“Durante los últimos tres años, el oficialismo se encargó de visualizar propiamente en el Poder Judicial, específicamente en la Suprema Corte, un adversario que se construyó a la medida, que más bien fue construido a la ‘falacia del hombre de paja’ para de esa manera ir minando la legitimidad de la Suprema Corte y al final del día con esos ejercicios de creer que, los jueces liberan delincuentes y que todos son unos corruptos, pues va minando la credibilidad y hoy lo que estamos viendo es una reforma totalmente vacua”, manifestó el investigador de la UNAM.
Instituto de Investigaciones Jurídicas advirtió de la aprobación de la reforma
Hace unos días, distintos académicos e investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicaron un análisis sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial en la que advierten sobre posibles posibles escenarios, de aprobarse los cambios, propuestos por el Ejecutivo Federal, a la Constitución.
La publicación realizada el pasado jueves 13 de junio no pasó desapercibida para el presidente López Obrador ni para la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, quienes, respectivamente, cuestionaron el origen de los actuales directivos del Instituto y señalaron que lo difundido era una opinión desde dicho organismo, pero no representaba a la UNAM.
Claudia Sheinbaum, quien ha estado al frente de los diálogos entre los legisladores electos de Morena y los partidos aliados, para la aprobación de la reforma constitucional, rechazó que lo expuesto desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas sea un posicionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“No es una opinión de la UNAM, la UNAM no tiene una sola opinión, la gran virtud de las instituciones de educación pública, primero es que hay libertad de cátedra y segundo es que se permiten todas las opiniones”, expresó la morenista, tras la publicación del documento por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Posteriormente, sería la propia Universidad Nacional Autónoma de México quien se desmarcaría de análisis realizado por los académicos e investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
“El documento sobre las 20 iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, elaborado por académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre otras personas, y circulado profusamente en las redes sociales durante el pasado fin de semana, de ninguna manera representa un posicionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México”, se emitió a través de un comunicado oficial de la UNAM.
Garza Onofre dijo estar de acuerdo expresado tanto por la UNAM como por Claudia Sheinbaum, al señalar que la Universidad es una institución plural en la que todos caben.
El investigador tipo “C” incluso invitó a universitarios que no estén de acuerdo con el estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas a que escriban su propio análisis.
“Los trabajos que están ahí son de corte técnico y especializado, en ese sentido si existen otras voces universitarias que no están de acuerdo, pues que lo escriban, así de sencillo”.
Rescataría dos cosas de la reforma
Sin embargo, el investigador ve dos cosas que podría rescatar de la reforma al Poder Judicial, como lo son la manera de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y separar al Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si bien, la elección popular de los ministros no es la mejor opción para Garza Onofre, está de acuerdo en revisar la manera de designar a los juristas del máximo tribunal del país.
“Me parece sano que se discuta otros modelos de designación, el problema aquí es que pareciera que no hay otra alternativa más que la elección directa y popular de los jueces, en este contexto. Y la otra, en efecto la separación del Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte, también lo hemos dicho, incluso el Instituto de Investigaciones Jurídicas desde hace años tiene un documento de trabajo en el que ya menciona esta necesidad”, subrayó.
Y es que la elección popular de funcionarios del Poder Judicial es algo que preocupa a los investigadores que firmaron el análisis, debido al riesgo que observan de que “cualquier perfil” pudiera ser electo para un cargo en materia jurisdiccional.
Juan Jesús Garza habló de la perfectibilidad de la propuesta del oficialismo, además de que quienes proponen reformar creen tener “la panacea” o solución total a los problemas en el sistema judicial nacional, entre lo que destaca la regulación a las escuelas de derecho.
“Tenemos una sobrerrepresentación de personas que estudian derecho pero que no lo ejercen con los más altos índices de calidad o apego a ética, también cuestiones que tiene que ver con el acceso: ¿cómo se consigue un abogado en este país? ¿quiénes son los defensores públicos? ¿cuánto otorga el Estado a promover las defensas de oficio? Allí es donde están los grandes temas”, aseveró.
Finalmente, el investigador de la UNAM calificó de sano que se discuta sobre la justicia en México, dejando en claro que ésta no radica únicamente en los juzgadores.