La polémica reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado incertidumbre en los mercados y una depreciación del peso mexicano. Es una de las primeras iniciativas constitucionales que la alianza oficialista busca aprobar con una nueva "supermayoría" en el Congreso a partir del 1 de septiembre. La reforma pretende acercar el Poder Judicial a la ciudadanía y erradicar la corrupción e influencias indebidas, permitiendo que los ciudadanos elijan directamente a los jueces, magistrados y ministros.
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En este contexto, conviene recordar que los países de Israel y Polonia han enfrentado recientemente crisis significativas debido a reformas judiciales propuestas por sus respectivos gobiernos, las cuales han provocado respuestas enérgicas tanto nacionales como internacionales.
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Antes del estallido del conflicto con Palestina, Israel atravesó una de sus mayores crisis políticas en años, marcada por masivas manifestaciones contra las reformas judiciales propuestas por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Durante más de tres meses, diversos sectores de la sociedad, incluyendo universidades, sindicatos y el ejército, protestaron pacíficamente.
El gobierno de Netanyahu, apoyado por su coalición religiosa ultraconservadora, acusó al Tribunal Supremo de extralimitarse en sus funciones y no representar la diversidad de la sociedad israelí. Las reformas buscaban controlar el Comité que nombra a los jueces y limitar la capacidad del Tribunal Supremo para declarar inconstitucionales ciertas leyes. Este movimiento fue visto por muchos como un intento de Netanyahu para evitar condenas por los cargos de corrupción que enfrenta.
La oposición a las reformas fue respaldada por críticas internacionales, incluidos editoriales del New York Times y declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden, quien afirmó que estas reformas amenazaban la democracia israelí. El debate en Israel se polarizó entre quienes abogan por un estado más laico y plural, y aquellos que prefieren un estado más religioso y nacionalista. La presión de las protestas y una huelga nacional que paralizó sectores clave llevaron al gobierno a posponer las reformas el 27 de mayo de 2024 y abrir negociaciones con la oposición.
Polonia: La Fuerza de la Unión Europea
En Polonia, la reforma judicial de 2015 impulsada por el partido Ley y Justicia buscó controlar a los jueces desde el Ejecutivo, creando la controvertida Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo para sancionar o premiar jueces según sus decisiones. Esta reforma desató una crisis con la Unión Europea (UE), que bloqueó 35 mil millones de euros en fondos para el país, una medida que se incrementó a 137 mil millones de euros con el tiempo.
La UE, considerando que estas reformas comprometían la independencia judicial y violaban los principios democráticos, activó el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, lo que podría haber llevado a Polonia a perder su derecho de voto en el bloque. Sólo en mayo de 2024, la UE decidió descongelar los fondos después de que un nuevo gobierno polaco revirtió los aspectos más controvertidos de la reforma, restableciendo la independencia judicial.
México: Un Caso Diferente
A diferencia de Polonia, México no forma parte de un organismo supranacional con la capacidad de imponer sanciones similares para proteger la independencia judicial. El T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) se centra en la protección legal de capitales, no en la supervisión de reformas judiciales.
El contexto político en México, tras las elecciones del 2 de junio y las consultas anunciadas por Claudia Sheinbaum aún por definirse, se abre un espacio para que ministros y actores clave defiendan una reforma judicial equilibrada a través de reuniones editoriales y entrevistas con medios de comunicación nacionales y regionales.