Ante las reformas que podrían terminar con la independencia del poder judicial, la Mesa Directiva del Consejo General de la Abogacía Mexicana (CGAM) respaldó el desempeño de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), Norma Lucía Piña Hernández.
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Ente viernes, durante una audiencia, la Ministra Presidenta aseguró que los avances en derechos humanos y en el sistema jurídico mexicano se deben a la labor de los abogados, quienes introducen nuevos conceptos a los juzgadoras para que valoren otro tipo de planteamientos para la protección de los derechos humanos.
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En el encuentro, la CGAM expresó apoyo a la Ministra Presidenta y a su labor al frente del Poder Judicial de la Federación. También externaron su compromiso con su indendencia.
“Estamos viviendo épocas complicadas en las que los abogados somos parte ineludible, intrínseca de la maquinaria del Poder Judicial”, indicaron los integrantes de la CGAM.
Para que la ciudadanía conozca los criterios de La Corte y tenga un mayor conocimiento sobre las facultades del Poder Judicial de la Federación, propusieron una serie de conversatorios.
En la audiencia estuvieron el presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, Ricardo Ríos Ferrer; y las y los consejeros de la Mesa Directiva, Ana María Kudisch Castelló, Consuelo Visoso Lomelín, Alonso González-Villalobos, Álvaro Altamirano, Cuauhtémoc Reséndiz Núñez, Jorge Jesús Sepúlveda García, Ramón Estrada y Ricardo Cervantes Vargas; así como Natalia Reyes Heroles Scharrer, Secretaria General de la Presidencia de La Corte.
Amenaza a la independencia de La Corte
Las propuestas que sugieren elegir por voto popular a los ministros de La Corte, jueces federales y magistrados federales, reducir la duración de su mandato, reducir sus salarios y establecer un tribunal disciplinario judicial elegidos por sufragio popular representan una amenaza a la independencia del Poder Judicial de la Federación, advirtieron expertos.
Mediante el informe “Una amenaza a la independencia judicial”, Diálogo Interamericano, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados expresó que las reformas promovidas por el Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, ponen en riesgo los derechos de las minorías.
De acuerdo con el informe, la elección de jueces mediante voto popular generaría que las decisiones judiciales se orientaran a beneficiar a ciertos grupos de interés y políticos.
Además, la elección de un Tribunal de Disciplina sin posibilidad de apelación es contrario a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial de la Federación.
Para los expertos, la reducción de los salarios de los ministros vulnera su estabilidad económica e impide su imparcialidad.