Juan Fernando Alvarado López, juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas, ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos reubicar a familias de migrantes centroamericanos en un lugar dignos y seguro, después de que fueran desalojados del refugio "Senda de Vida".
Alvarado López precisó que el fallo es para la reubicación de tres familias de migrantes hondureños y salvadoreños, quienes fueron desalojados del albergue para su ampliación, y a que a pesar de que el lugar era considerado una área de riesgo, las autoridades competentes, tenían la obligación de garantizarles un espacio digno, lo que no ocurrió, de acuerdo a la demanda que fue interpuesta y a las pruebas aportadas.
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“No es admisible que el Estado Mexicano limite unilateralmente su jurisdicción para dejar fuera de su protección a personas que en realidad se encuentran bajo su resguardo, pues independientemente de su estatus migratorio tienen reconocidos sus derechos humanos y por tanto no deben sufrir ningún tipo de discriminación”, destacó el juez Juan Fernando Alvarado López, de acuedo a lo publicado por Milenio.
El juzgador recordó que hay diferentes manera de que los migrantes puedan quedarse en México, como visitante, residente temporal y residente permanente, aunque deben de cumplir ciertos requisitos para lograrlo, los cuales son establecidos por el marco normativo nacional, que debe ser tramitado ante el Instituto Nacional de Migración (INM).
Familias de hndureños y salvadoresños interpusieron amparo
Tras ser desalojados el albergue, las familias afectadas interpusieron un amparo contra el responsable de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, con sede en Ciudad Juárez y Reynosa, de igual manera contra las autoridades municipales.
De acuerdo a la demanda interpuesta por los migrantes hondureños y salvadoreños, cuando se llevó a cabo el desalojo del albergue, no hubo un juicio que lo dictaminara, tampoco ningún tipo de documento legal que ordenara el desalojo y la demolición del albergue “Senda de Vida”.
El juez destacó que su situación migratoria no debe representar ningún tipo de argumento para respetar su sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución.