En la investigación que pesa sobre Arturo Zaldívar por presuntos actos de corrupción durante su periodo como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cada vez salen a relucir más denuncias sobre extorsión a jueces y magistrados para emitir fallos de acuerdo con instrucciones dadas por altos cargos del Poder Judicial. En esta ocasión se revela un caso que involucra al equipo de futbol Cruz Azul.
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Al filtrarse un documento en el que Herbert Torres Coello, titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la SCJN, da cuenta a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, sobre conductas que pudieran constituir causa de responsabilidad administrativa en la denuncia presentada de manera anónima en contra de Arturo Zaldívar.
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El escrito, fechado el 9 de abril de 2024, expone las denuncias contra el entonces ministro en su actuación como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y a otros sujetos de responsabilidad administrativa en el propio Consejo, como el también señalado Carlos Alpízar y quien estaría involucrado en el caso Cruz Azul, por hechos que habrían ocurrido entre 2019 y 2022. "Fórmese y regístrese el expediente de investigación J/108/2024 del índice de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas", señala el documento de Torres Coello.
Casos Zaldívar y Cruz Azul
Carlos Antonio Alpízar Salazar, en su actuación como Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se habría visto involucrado en la presión al juez Alejandro Dzib, con el fin de dejar sin efectos una suspensión de plano concedida, para que no se diera el corte de energía eléctrica ordenado contra la cooperativa Cruz Azul, por lo que sin fundamento legal revocó su propia determinación.
En otra parte del documento se señala que el juez de distrito Iván Aarón Zeferín Hernández, del centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango, con residencia en la Ciudad del mismo nombre; participó en asuntos como Cruz Azul además de otros, como el fraude a Infonavit y la "estafa maestra". En todos los casos en los que actuó, asienta el documento, habría actuado siempre conforme a indicaciones.
La trama Cruz Azul
En noviembre de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señalaron que llevaban a cabo investigaciones separadas sobre posibles actos de corrupción que involucran al Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Civil, Alejandro Dzib Sotelo, y su secretario, Raymundo Esteban Alor; luego de que trabajadores de la cooperativa La Cruz Azul presentaran 3 denuncias en las cuales se detallan acusaciones de posibles actos de encubrimiento por en el caso del control de la cementera.
En las denuncias, los cooperativistas describieron acciones que parecen estar al margen de la ley, así como una falta de integridad en el manejo del caso, con el propósito de favorecer a una de las partes involucradas en el conflicto, que previamente había sido derrotada legalmente por Federico Sarabia Pozo. Los cooperativistas también señalan que el secretario del Quinto Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Civil, Raymundo Esteban Alor, parece estar filtrando información al abogado David Cohen, con el objetivo de otorgar suspensiones a la parte opositora en el conflicto, representada por Velázquez y Marín.
Margarito León Lara, trabajador e integrante del núcleo cooperativistas del Ejido de Bomintzá, que provee de insumos y servicios a la planta de la Cruz Azul, ubicada en el municipio de Tula de Allende, quien aclaró no estar a favor de ninguno de los dos grupos, el de Federico Sarabia y Billy Álvarez o el de Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, que mantienen una disputa desde hace más de dos años por el control de la cementera.
El pasado 4 de mayo, alrededor de 200 personas del Núcleo Cooperativo Cruz Azul, integrada por 12 proveedoras de material prima para la fabricación de cemento, se manifestaron este día en el Congreso de Hidalgo, tras dos años y tres meses que, por el conflicto, no tienen trabajo, ya que proveían de materia prima como caliza, arcilla, puzolana, yeso, además de ser prestadores de los servicios de jardinería, soldadura, transporte y carga.
En diciembre del año pasado, fue pospuesto el juicio en contra de ocho personas imputadas de los delitos de homicidio en riña, lesiones en riña y daño en la propiedad, hechos que ocurrieron hace un año y siete meses afuera de la empresa Cruz Azul, en la que participó un presunto grupo de choque y dos facciones de cooperativistas que se disputan el control de la cementera de Tula.
El 27 de abril de 2022, se registró un enfrentamiento entre dos grupos de cooperativistas de la empresa Cruz Azul, luego de que un grupo de más de 500 personas intentara tomar las instalaciones de la cementera. En el intercambio de agresiones resultaron nueve personas fallecidas y 12 heridas.
La audiencia de debate estaba programada para este lunes 4 de diciembre de 2023; sin embargo, debido a la inasistencia, por cuestiones de salud, de la jueza presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento, se tuvo que reprogramar para la próxima semana. Además, se registró la ausencia de dos de los abogados defensores de los imputados.
A casi un año de la suspensión de labores en la planta cementera de La Cruz Azul en Tula de Allende, Hidalgo que inició del conflicto por el control directivo de la empresa, se reportan pérdidas millonarias de más de 22,000 millones de pesos, según la estimación por parte del economista Rutilo Estrada contratado por el grupo de Federico Sarabia Pozo.