La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó resolver un amparo sobre la gratuidad de la educación universitaria, la cual fue elevada al rango constitucional por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en mayo de 2019.
Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pidieron a la SCJN revisar el amparo que la jueza federal Celina Quintero otorgó en septiembre de 2023, a un alumno que rechazó cubrir un monto de 5,000 pesos por concepto de inscripción para realizar una especialidad en la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, de acuerdo a lo publicado por el periódico Reforma.
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De acuerdo al amparo otorgado por la jueza Quintero, la UNAM tenía la obligación de ofrecer la gratuidad en la educación superior, a partir del ciclo escolar 2022-2023, de acuerdo al Artículo Tercero Constitucional, el cual fue reformado en mayo de 2019, que promete educación superior gratuita.
Es así que a petición de la UNAM, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal del país analizarán si la gratuidad en la educación superior ya es obligatoria, luego de que el gobierno del presidente López Obrador la elevara a rango constitucional.
Si bien, el recurso de revisión lo solicitó la Universidad Nacional Autónoma de México, el fallo de los cuatro ministros de la Segunda Sala aplicaría al resto de las universidades públicas del país, si determinan que ya es obligatoria la gratuidad en la educación superior.
¿Qué dice el Artículo 3 de la Constitución Mexicana?
"Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo", destaca el Artículo 3 de la Constitución Política.
Mientras que la fracción X del que hace mención en Artículo 3 indica lo siguiente:
"La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas".