Constantes cambios de personal, correos que dejan de funcionar, botones de pánico inservibles, discriminación por ser mujer y ser madre, falta de seguimiento a reubicaciones y la eliminación de medidas de protección a periodistas sin analizar la actualización de cada caso son algunas de las irregularidades y fallas que encontró Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en un estudio realizado entre 2022 y 2023 al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
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El informe "Nadie garantiza mi seguridad": La urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas, presentado este 6 de marzo, concentra solicitudes de información a dependencias federales, entrevistas con periodistas con medidas de protección por parte del mecanismo y a colegas de periodistas que fueron asesinados aun contando con un caso de amenazas e intimidación en seguimiento por el mecanismo.
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Los resultados son desoladores: la Secretaría de Gobernación (Segob) –encargada de mantener y operar el mecanismo desde su creación, en 2012– dijo no contar con información sobre el número de periodistas asesinados luego de que se les negaran las medidas de protección. En respuesta a diversas solicitudes de información, la Segob también dijo no tener datos sobre sentencias condenatorias relacionadas con 166 asesinatos de periodistas, registrados desde 2012. Esto, “porque el mecanismo no interviene en la investigación ni en el enjuiciamiento de los delitos”.
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A esa pared sin respuestas claras, de parte de la autoridad responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se suman los testimonios de periodistas adheridos al mecanismo y colegas de periodistas que lo estuvieron cuando fueron asesinados. La Silla Rota reproducirá algunos que retratan la ineficiencia con la que opera el mecanismo.
“Varios periodistas se quejaron de los constantes cambios de personal en el mecanismo. Dijeron que esto había dado lugar a fallos en la comunicación y a que personal no familiarizado con sus casos llevara a cabo las evaluaciones. Pedían que el mecanismo contratara analistas con más conocimientos de la situación de seguridad en el país y (…) en la necesidad de personal que tuviera un grado muy superior de experiencia y formación en derechos humanos”.
La impunidad y falta de respuesta
En su informe, Amnistía Internacional asegura que el número de periodistas asesinados, amenazados y con seguimiento dentro del mecanismo suele variar según la organización o dependencia que sea consultada. Además, refleja que las instituciones públicas carecen de datos certeros o se niegan a darlos a conocer.
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La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (Feadle) registró, desde 2012, 86 asesinatos de periodistas. Consideró que 30 de los asesinatos guardaban relación con el ejercicio de la profesión periodística; pero la Segob registró 166 asesinatos de periodistas en el mismo periodo, sin especificar cuántos de ellos estaban vinculados al trabajo de las víctimas.
La Segob respondió a una solicitud de información, hecha vía transparencia, que “no disponía de información sobre sentencias condenatorias relacionadas con los 166 asesinatos de periodistas que había registrado desde 2012, porque el mecanismo no interviene en la investigación ni en el enjuiciamiento de los delitos”.
Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de Periodistas preguntaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) si algún servidor público había sido sancionado por su desempeño en el mecanismo.
“La Secretaría no ofreció una respuesta, ni afirmativa ni negativa, pero cursó instrucciones de comprobar dicha información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Siguiendo esas instrucciones, la Plataforma reveló que no había constancia de ninguna sanción contra ninguna persona empleada de la Segob”.
Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de Periodistas consideraron que “la impunidad es un factor clave en la violencia contra periodistas en México, pues la inmensa mayoría de los ataques quedan sin castigo”.
“En las contadas ocasiones en que las autoridades logran que se dicten sentencias condenatorias, suele ser contra quienes llevaron a cabo los ataques pero no contra quienes los ordenaron”.
Los ataques en números
La Segob sí informó que, desde la fundación del mecanismo, se han asesinado a 8 periodistas que estaban bajo su protección. Al menos un periodista fue asesinado mientras estaba bajo su protección cada año desde 2017 y hasta 2022. En Quintana Roo asesinaron a 2 (en 2018 y 2019), mientras que los otros 6 asesinatos se cometieron en los estados de Veracruz (2017), Baja California Sur (2019), Guerrero (2020), Sonora (2020), Oaxaca (2021) y Michoacán (2022).
Desde octubre de 2012 y hasta noviembre del año pasado, el mecanismo registró 834 ataques contra periodistas. De estos ataques, el mecanismo concluyó que 356 (43%) habían sido obra probablemente de funcionarios públicos y 276 (33%) de actores no estatales, posiblemente, grupos de delincuencia organizada.
“El mecanismo no pudo identificar a los probables culpables de los restantes 202 (24%) incidentes. Los ataques registrados incluían 34 casos de secuestro o privación de libertad, 193 actos de violencia física y 530 amenazas”.
Desde 2012, la Feadle solo considera como avance que se dictaran 37 sentencias condenatorias por delitos contra periodistas, incluidas amenazas, robos, tortura y homicidios, con condenas de entre 2 días y 50 años de prisión. La Fiscalía Especializada solo logró 8 condenas por asesinatos de periodistas en ese periodo.
“Cuando Amnistía Internacional y el CPJ preguntaron a la Fiscalía General de la República (FGR) cuántas de estas sentencias condenatorias correspondían a quienes llevaron a cabo y a quienes ordenaron los homicidios, la Fiscalía no proporcionó esta información”.
“Te tratan muy mal si eres mujer”
Los testimonios recabados por Amnistía Internacional reflejan la inexperiencia de quienes operan el mecanismo, la falta de seguimiento profesional a los casos y hasta prácticas violentas y de discriminación contra las periodistas que se ven obligadas a dejar sus hogares junto con sus familias.
“Son muy crueles con las mujeres, muchas de ellas desplazadas con hijos pequeños y las tratan muy mal”, dijo una mujer refiriéndose al personal del Mecanismo. Otra señaló que “no consideran si tienen o no discapacidad y cuál es esta”.
En las entrevistas, según el estudio de Amnistía Internacional, 9 de 10 mujeres periodistas entrevistadas consideraron que el mecanismo no tomó en consideración su salud mental, y solo 2 de los 18 hombres entrevistados dijeron que sí se había tenido en cuenta.
“En mi caso varios funcionarios han demostrado incapacidad, han sido groseros en el trato, llegando inclusive a abusar de mi condición de víctima, como insultarme levantándome la voz y pidiéndome cosas a gritos, literalmente”.