La historia comienza el pasado mes de diciembre, cuando Denise Dresser compartió en sus redes sociales su experiencia en el área de migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), señalando el caos y la falta de personal en el lugar. Lo que parecía ser una queja común se convirtió en algo más cuando la cuenta oficial del aeropuerto respondió a Dresser con detalles muy precisos sobre sus movimientos y tiempos de estancia en el área de migración.
Esto generó una gran controversia, ya que Dresser consideró que la difusión de sus actividades "minuto a minuto" por parte del AICM era un abuso de poder y una violación de la ley de protección de datos personales. En respuesta, la analista decidió denunciar al aeropuerto por estos hechos.
Te podría interesar
Denise Dresser decidió presentar una denuncia ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), argumentando que el AICM había utilizado las grabaciones de videovigilancia de sus instalaciones para identificar y revelar sus movimientos en el aeropuerto. Dresser consideró que esto era un uso inapropiado de la información personal y una violación de la ley.
El INAI, como organismo encargado de garantizar la transparencia y protección de datos en México, decidió iniciar una investigación de oficio para determinar si efectivamente se había cometido una violación a la ley de protección de datos personales. El instituto consideró que el AICM había vulnerado la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados al difundir la información de Dresser sin su consentimiento.
La Sentencia del Tribunal Electoral
Mientras la investigación del INAI estaba en curso, otro caso relacionado con Denise Dresser llegó a los tribunales. La diputada federal Andrea Chávez denunció a Dresser por violencia política de género, alegando que la analista había realizado comentarios estereotipados y ofensivos en su contra durante un debate en el medio Latinus.
Sin embargo, recientemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia de la Sala Regional Especializada que determinó que Dresser había cometido violencia política de género. Los magistrados argumentaron que Dresser, como periodista, estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y que las críticas a la diputada fueron realizadas durante un periodo electoral.
Esta decisión del TEPJF significa que Denise Dresser no tendrá que pagar una multa ni cumplir con otras sanciones impuestas por la Sala Regional Especializada. Sin embargo, es importante destacar que esta sentencia se refiere específicamente al caso de violencia política de género y no está relacionada directamente con la denuncia de Dresser contra el AICM.