El Poder Judicial Federal ha comenzado a erosionarse. Aunque aún no se ha hecho la elección de jueces, magistrados y ministros, las repercusiones de la reforma judicial ya comenzaron. Hay tribunales donde en lugar de trabajar con tres magistrados, sólo quedaron dos o uno porque algunos de ellos ya renunciaron, dice la jueza quinta de Distrito en Morelos, Martha Magaña.
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“Eso significa para la gente que su asunto lo va a resolver un secretario o que no lo va a poder resolver ese órgano que le correspondió porque no tiene un número suficiente de titulares para emitir la sentencia. Por lo menos deben de ser dos magistrados. Entonces estamos hablando de que hay órganos donde no hay ninguno”, afirma.
Ella misma dejará el juzgado el último día de agosto del próximo año, ya que no quiere ser parte del nuevo sistema judicial, que comenzará a operar en septiembre de 2025.
Jueces con camiseta de partido
En entrevista con La Silla Rota añade que también ha visto que muchos de sus compañeros jueces y magistrados, en protección de su cargo, se acercaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo para ser evaluados y participar como candidatos, porque además saben que ahí la evaluación será más fácil que en el Poder Judicial. Pero eso les restará independencia, además de que es una decisión incongruente.
La juzgadora estima que la reforma tiene varias fallas. Una de ellas es que hizo a un lado los concursos para alcanzar un cargo de impartidor de justicia a una elección, pero no previó cómo evitar que algunas ministras, como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, identificadas con Morena, hicieran campaña antes siquiera de que comience el proceso.
“No solo eso, sino que también ya hay manifestaciones expresas con relación a que forman parte de un partido y eso no existía en el Poder Judicial, era ajeno a los partidos. No era partidista, no tenía por qué revelar alguna bandera o color, entonces ahorita estamos viendo esa dualidad de cómo una persona que trabaja o tiene un puesto de esa magnitud en el PJF también comulga con un partido. Su trabajo entonces no se centra solamente en la ciudadanía, sino con los ideales de este partido. Estamos ante la politización de la justicia”, explica Magaña.
El Senado aprobó las leyes secundarias de la reforma que disponen la organización del Poder Judicial, la ley de carrera judicial y la ley de responsabilidades de los servidores públicos.
Las fallas de la reforma
Martha Magaña es jueza desde 2020 tras una carrera larga en el Poder Judicial de la Federación y adquirió prominencia al conceder una suspensión contra la reforma judicial, que llevó a legisladores de Morena a plantear que se le sometiera a juicio político.
También es una de las expertas en materia judicial que participó en el estudio de las fallas de la reforma judicial, elaborado en conjunto con otros expertos en materia judicial.
Consultada sobre las modificaciones continuas que la Cámara de Diputados y Senadores han hecho a la reforma judicial, estima que se deben no a la improvisación sino a que es un plan deliberado.
“Tú tienes juicios en trámite, por ejemplo, el de la reforma, ¿qué pasa con esas modificaciones exprés? Que justamente hacen que esos juicios queden sin efectos o esa es la intención, porque no propiamente quedan sin efectos, pero hay que explicarlo, hay que fundamentar el por qué y ver caso por caso. El hacer las cosas de esa manera es justamente para evitar que juicios que ya están en trámite sean modificados o dar derechos a quienes en su momento los hicieron valer”, explica.
Jueces sin experiencia, daño a los ciudadanos
Entre las fallas que más preocupan a los impartidores de justicia está que los nuevos jueces sean personas carentes de experiencia, pero a quienes les bastó con una calificación mínima y cinco cartas de recomendación para ser candidatos en la elección del Poder Judicial de junio del 2025.
La jueza pregunta qué va a pasar con esos asuntos trascendentales que requieren una pericia, experiencia y capacitación por parte del juzgador e incluso gran cantidad de esos asuntos ya se encuentran en trámite en los órganos jurisdiccionales.
“Ahí hay que pensar qué va a decir la población, de que de un momento a otro te cambian al titular, que tiene 20 o 30 años de carrera judicial, por una persona que acaba de graduarse y que nunca en su vida ha estado en el Poder Judicial de la Federación”, cuestiona.
Otro aspecto preocupante es que el Tribunal de Disciplina Judicial limita el derecho de todas aquellas personas juzgadoras que sean sujetas a un procedimiento y a quienes se les dicte una determinación de extensión o de cese incluso, pero que no tendrán derecho a un procedimiento en otra instancia o de que alguien más lo revise.
Eso pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia SCJN han dicho que es inconstitucional y vulnera el debido proceso.
El Estado tendrá prioridad en la justicia
La reforma también hace prever que los ciudadanos que acudan a tribunales vean mermados sus derechos en determinaciones en las que el Estado se vea involucrado. Ello debido a que finalmente un juez va a tener que regirse ahora por los estándares que establezca el partido oficialista.
Un ejemplo son las pensiones. Hay ciudadanos que se amparan para pedir el pago de pensiones que no sean otorgadas, pero eso puede modificarse y si el gobierno decide que impacta a las arcas de la nación y sale una modificación que limita esas prestaciones, los jueces se van a regir por lo que determine el Estado.
“Evidentemente los que reciben justicia pues van a ver limitados sus derechos en determinaciones donde el Estado se vea involucrado porque finalmente un juez va a tener que regirse ahora por los estándares que establezca el partido oficialista”, concluyó.
Problemas, errores y fallas
El documento Problemas y errores en el decreto de reforma al Poder Judicial de la Federación fue elaborado por un grupo de expertos, entre quienes está la jueza quinta de Distrito en Morelos, Martha Magaña.
Entre las principales fallas que detectaron están las siguientes:
- Falta de conocimientos técnicos por la judicatura electa popularmente.
- Destitución arbitraria e injustificada de todas las personas juzgadoras del país que llevará a condenas de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Gasto extremadamente alto en un proceso electoral innecesario.
- Riesgo para la seguridad y vida de las personas candidatas a juzgadoras.
- Probables injerencias indebidas del crimen organizado, corporaciones y grupos políticos
- Falta de imparcialidad de los comités seleccionadores de personas candidatas de los poderes ejecutivo y legislativo.
- Falta de reglas claras sobre la injerencia de actores externos en la reelección de personas juzgadoras, que puede afectar tanto su inamovilidad como su independencia durante el desempeño del cargo.
- La competencia de un Tribunal de Disciplina Judicial probablemente falto de independencia para resolver todos los conflictos laborales entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadoras pone en riesgo sus derechos laborales.
- Falta de criterios sobre presupuesto y fiscalización.
- Falta de reglas sobre porcentajes de participación ciudadana y voto nulo aceptables.
- Falta de detalle sobre los procedimientos de sanción administrativa.