La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su total respaldo a la declaración de la mina de Calica, en la Península de Yucatán, como área natural protegida, una decisión adoptada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La mandataria subrayó que la medida está fundamentada en criterios ambientales y no implica expropiación alguna.
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“No pueden quebrantar un impacto o norma de impacto ambiental”, declaró Sheinbaum, haciendo hincapié en que la decisión se encuentra en línea con las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige el respeto a las normativas ambientales en cada país firmante.
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En relación con posibles litigios por parte de empresas mineras canadienses y estadounidenses que operaban en la zona, Sheinbaum reiteró que su gobierno defenderá la declaración del área natural protegida y exigirá el cumplimiento de las normas ambientales internacionales.
“Nosotros lo vamos a defender. Ninguna empresa, sea estadounidense o canadiense, está por encima de las leyes ambientales de nuestro país. Las normas ambientales de sus países son las mismas que deben cumplir aquí; es parte del T-MEC”, aseguró.
La declaración de Calica como área natural protegida responde a años de preocupación por el impacto ambiental de las actividades extractivas en la región, rica en biodiversidad y hogar de ecosistemas frágiles. Sin embargo, empresas mineras internacionales han señalado que esta decisión afecta inversiones y operaciones previamente autorizadas, lo que podría derivar en disputas comerciales bajo el T-MEC.
Caso Calica con Sheinbaum como presidenta
El pasado 11 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya una expropiación en la mina de Calica, ubicada en Quintana Roo. En respuesta a los señalamientos, Sheinbaum aseguró que lo que se está llevando a cabo es la protección del medio ambiente, no una expropiación.
“No es expropiación, es simplemente el cuidado del medio ambiente”, aclaró Sheinbaum, refiriéndose a la decisión de decretar el área como protegida debido a las afectaciones ecológicas que generaba la actividad minera.
Sheinbaum subrayó que se detectó que la mina extraía más de lo permitido y que la negativa de la entonces secretaria de Medio Ambiente a aprobar el proyecto, debido a las complicaciones ambientales, llevó a su renuncia.
Cabe recordar que en mayo de 2022, la Profepa realizó una inspección en el predio La Rosita, perteneciente a la empresa Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. (Calica), filial de Vulcan Materials, en Solidaridad, Quintana Roo, como parte de las acciones para frenar el aprovechamiento indebido de los recursos naturales. Meses después, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que protege el área como un espacio natural.
Terreno "sigue siendo de ellos": Bárcena
Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, aseguró que no se trata de una expropiación. "El terreno sigue siendo de ellos, lo único que estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza", afirmó Bárcena. Además, indicó que la empresa tendrá la responsabilidad de restaurar el área, ya sea reforestando o implementando otro tipo de proyecto ambiental.
El plan de manejo para la restauración será publicado el 28 de febrero de 2025, y se enmarca en el Programa Nacional de Restauración 2024-2030, que busca recuperar el 20% del territorio afectado, restaurar el 30% de los manglares y reforestar el 10% de los bosques y selvas en nueve estados del país.
Bárcena también destacó la importancia de la conexión entre la nueva área natural protegida y la región de Calakmul, resaltando el compromiso del gobierno mexicano con la conservación ambiental.
El último pleito de AMLO
El pasado mes de septiembre, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador declaró como área natural protegida el polígono Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, lo que abarca parte de los municipios de Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, lo que afecta a la empresa Calica, propiedad de la empresa Vulcan Materials con la expropiación de la empresa de cantera y el puerto.
Senadores demócratas y republicanos, en Estados Unidos, presentaron una iniciativa de ley para imponer sanciones en caso de que se concretara la expropiación de la empresa Calica, dedicada a la estadounidense. Las sanciones estarían dirigidas a todas las compañías de buques que hagan uso de la Terminal Marítima de Puerto Venado, propiedad hasta antes de la expropiación de Vulcan Materials.