La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de diputados difundió el dictamen que elimina a los organismos autónomos como Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), pero también a agencias creadas para garantizar la competencia económico y la regulación del mercado de telecomunicaciones en el contexto del Tratado de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.
El dictamen elaborado por la legislatura que terminó sus funciones el 31 de agosto establece que el INAI desaparecerá y sus actividades serán transferidas a la Secretaría de la Función Pública, al Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, a los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos y a las contralorías del Congreso de la Unión.
En el caso de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sus funciones pasarán a la Secretaría de Economía y Comunicaciones, Transportes e Infraestructura.
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El dictamen remarca que será ahora el Poder Ejecutivo Federal el que se encargará de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de establecer condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Los nuevos encargos del Ejecutivo serán cumplidos a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión (SICT) y la encargada de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país (Economía).
La segunda contará con las facultades necesarias para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos, dice el texto que discutirán los diputados.
En materia de competencia, el Ejecutivo absorberá la función de garantizar la libre competencia y concurrencia, por lo que deberá prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y otras restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
En la nueva redacción se eliminaría del artículo 28 constitucional la obligación de contar con un organismo con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía para garantizar la competencia y una agencia a cargo de la regulación de las telecomunicaciones.
La nueva Ley establecerá los principios, las acciones de coordinación y distribuirá competencias entre las autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de homologar los trámites para el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión del país.
La Ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas
En materia de revocación de concesiones, el Ejecutivo ejercerá las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios correspondientes.
Despedida para el INAI
En el ámbito estatal, las tareas del INAI ahora estarán a cargo de las contralorías y áreas homólogas del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo.
Además, en el caso de los partidos políticos, las tareas y obligaciones del INAI serán pasadas al Instituto Nacional Electoral (INE).
Al respecto de los sindicatos, la tutela ahora estará a cargo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
La responsabilidad de proteger los datos personales en posesión de particulares estará a cargo del Ejecutivo Federal.
El dictamen justifica la desaparición de los organismos autónomos por motivos de ahorro ya que sus presupuestos aumentaron de manera constante.
“Desde su creación y hasta 2024, se ha asignado a los organismos que se pretenden extinguir la cantidad de 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos y, en la mayoría, se ha presentado un incremento anual a su presupuesto”, dice el decreto.
Organismos autónomos funcionan como contrapesos: UNAM
Un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM advierte que los órganos autónomos se crearon para dar certidumbre y estabilidad jurídica a los mercados e inversionistas, luego de los grandes procesos de privatización globales, que en México ocurrieron entre los años 80 y 90.
"Transitamos del 'Estado propietario' al 'Estado regulador'. En este último, el Estado tiene que desempeñar una función activa en los mecanismos de regulación de los mercados, pero esta se da mediante las creación de agencias reguladores independientes con un alto grado de especialización técnica y un diseño institucional que evitaría, en la mayor medida de lo posible, la captura de los reguladores".
Pese al señalamiento del costo, el estudio del IIJ señala que el motivo para extinguir los organismos es la concentración en de facultades en el concentrar en la persona del titular del Ejecutivo y en el aparato administrativo centralizado, las decisiones de política pública sin interferencias de órganos que quedan, por su diseño, fuera de su control.
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