La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron una reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; sin embargo, se excluyeron del dictamen los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal, se mantuvieron la extorsión, el contrabando, el uso de facturas falsas y se ampliaron las hipótesis sobre actividades relacionadas con precursores como el fentanilo.
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El dictamen fue aprobado con 335 votos a favor, 108 en contra y cero abstenciones, con ello se reforma el artículo 19 de la Constitución, por lo que se envió al Senado de la República, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.
Durante la discusión, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó tres reservas en el tema de prisión preventiva oficiosa. La primera excluir el delito de narcomenudeo porque sus compañeros morenistas pidieron dar “un tratamiento social para poder generar condiciones de convivencia pacífica y recobrar, restañar el tejido social, sobre todo en jóvenes”.
La segunda reserva excluir fue la defraudación fiscal como delito grave, debido a que su bancada considera que en este momento necesitamos unidad nacional y la tercera es incluir en el catálogo de delitos a distribuidores y procesadores de químicos para la producción de drogas sintéticas.
Claves para entender los cambios en la prisión preventiva oficiosa
La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional al artículo 19 constitucional para añadir delitos al catálogo de prisión preventiva oficiosa de manera automática.
La reforma obliga a jueces a ordenar prisión automática en todos los delitos contenidos en el artículo 19 constitucional. Su justificación va por reducir la impunidad en delitos graves.
La lista incluye:
- Extorsión
- Contrabando
- Operaciones con facturas falsas
- Tráfico de precursores químicos para drogas sintéticas, fentanilo y derivados
- Se excluyeron el narcomenudeo y la defraudación fiscal
En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno mexicano a desaparecer la figura del arraigo y prisión preventiva
La CorteIDH declaró que la figura del arraigo contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es contraria a la Convención Americana de las Personas Investigadas o Procesadas por algún Delito por lo que obligó al Estado mexicano y a sus órganos de procuración de justicia a evitar utilizar.
La figura del arraigo permite detenciones sin juicio y sin acusación por hasta 80 días, con fines investigativos. El arraigo está previsto en el artículo 16 constitucional y a partir de este día 27 de enero ya no se puede volver a aplicar a nadie, por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Qué dice el dictamen?
Con lo avalado por la supremacía morenista en San Lázaro se incorporó la facultad al juez para ordenar la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en casos de extorsión y actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas y el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
Con estas modificaciones al artículo 19, la prisión preventiva oficiosa obliga a que personas acusadas de estos delitos sean encarceladas automáticamente mientras esperan su juicio.
Los diputados de oposición lamentaron que la iniciativa avalada por Morena y sus aliados va contra los derechos humanos y no da garantías a los más vulnerables.
La prisión preventiva oficiosa es una necesidad
El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) consideró que la prisión preventiva oficiosa es una necesidad de la coyuntura, y de acuerdo con el Inegi ha contribuido a disminuir el homicidio doloso, el feminicidio y las lesiones dolosas por disparo de armas de fuego. El único delito que se mantuvo al alza, razón del dictamen, es la extorsión en su modalidad de pago de piso; “es un cáncer en este momento para la sociedad mexicana, para empresarios, trabajadores, productores, comerciantes, gobiernos municipales y debe sancionarse”.
Expuso que la prisión preventiva ha existido y debe existir; debe ser temporal en algunas condiciones y tiene que obedecer a la coyuntura también. “Nosotros, de ninguna manera, vamos a aceptar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación derogue lo dispuesto en la Constitución en su artículo 19, en lo que se refiere a la prisión preventiva oficiosa. Estaremos dispuestos a revisar todo lo que sea necesario para que en nuestro país la supremacía constitucional se mantenga, pero respetando los derechos humanos y, entre ellos, lo del proceso debido y la presunción de inocencia”, subrayó.
No existe evidencia de que la prisión preventiva reduzca delitos
Al emitir el posicionamiento del PAN, el diputado Fernando Torres Graciano aseguró que no existe evidencia alguna que demuestre que la prisión preventiva oficiosa logre reducir la comisión de delitos y con el dictamen se hace creer que al poner en el catálogo de delitos graves el narcomenudeo se va a resolver, cuando lo que se requiere es un gobierno eficiente y eficaz. Llamó a mexicanas, mexicanos y jóvenes a tomar, promover y defender sus derechos humanos.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) puntualizó que hoy se está rompiendo con la presunción de inocencia y se está construyendo un sistema que encierra sin juzgar, el cual no es justicia sino tiranía. “Como está redactado el dictamen se cae en el error de una sanción penal anticipada y sin medidas alternas; la reforma va en contra de todo lo establecido en la legislación internacional en materia de derechos humanos. Estamos en contra porque es una herramienta para meter a la cárcel a inocentes”.
Se violenta el principio de presunción de inocencia
Por el PRI, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez se manifestó en contra porque la reforma pretende regresar al sistema penal inquisitorio, violenta el principio de presunción de inocencia que es parte fundamental del sistema penal acusatorio, no disminuye la criminalidad y afecta los derechos humanos; no se profesionaliza al Ministerio Público, motiva la lentitud de los procesos y promueve el hacinamiento en los centros penitenciarios.
Prisión preventiva oficiosa impide la justicia y vulnera derechos
En representación de MC, el diputado Pablo Vázquez Ahued señaló que la prisión preventiva oficiosa pinta el fracaso de la procuración de justicia, porque lejos de reducir la incidencia delictiva esta figura es un lastre que impide la justicia y tiene costos humanos, económicos, institucionales; es clasista e inoperante y “no significa construir un mejor país, sino estancarnos en la justicia sistemática”.
El diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) manifestó que la prisión preventiva oficiosa no sirve para disminuir la incidencia delictiva; al contrario, afecta a los más pobres y a las mujeres, ya que una de cada dos que se encuentran presas están ahí sin haber tenido un juicio, mientras que uno de cada tres hombres está en esas circunstancias. Con la reforma no se afecta a los capos, ni grandes defraudadores fiscales o factureros que se defienden con abogados bien pagados, sino a las personas con menos recursos.
Claudia Ruiz Massieu Salinas, diputada de MC, puntualizó que la reforma no baja la inseguridad, no mejora la justicia ni disminuye la impunidad; lo que sí hace es violar derechos humanos, principios constitucionales, tratados y convenios internacionales y afecta a los más vulnerables y personas inocentes. Es una falsa solución a la crisis de violencia e inseguridad que padece el país y, para ello, se requiere de prevención, investigación, judicialización y aplicación de la ley.
Avalan nueva estructura de la administración pública federal
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear las secretarías Anticorrupción y Buen Gobierno, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y de las Mujeres, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Hace adecuaciones normativas y de atribuciones en las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Salud, Energía, Economía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Cultura, Turismo y de Educación Pública.
El documento, enviado al Senado para sus efectos constitucionales, producto de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y de diputadas y diputados del PAN, PVEM y PRI, hace ajustes en materia de lenguaje incluyente para modificar el término “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos o Ejecutivo Federal” por “persona titular del Ejecutivo Federal”.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá facultades en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, profesionalización e integridad pública, evaluación de la gestión gubernamental, mejora continua, modernización, contrataciones públicas, transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas, fiscalización y anticorrupción.
En tanto, la Secretaría de las Mujeres deberá establecer y conducir la instrumentación, coordinación, supervisión, seguimiento, implementación y evaluación de la política nacional en materia de mujeres, adolescentes y niñas, igualdad sustantiva y transversalización de la perspectiva de género, prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como el Sistema de Cuidados.
A su vez, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación se encargará de garantizar el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia, el progreso humanístico y la innovación tecnológica. Tendrá como atribución coordinar, articular y ejercer con relación a proyectos de investigación humanística, científica, desarrollo tecnológico y de innovación. Fomentará el progreso, a través de la colaboración, cooperación y el intercambio nacional e internacional, formación de recursos humanos de alto nivel para el desarrollo de la investigación, divulgación e incorporación a proyectos estratégicos.
La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones permitirá poner al servicio de la ciudadanía diferentes herramientas tecnológicas para que, de manera ágil e inmediata, ejerzan y exijan sus derechos. Tendrá funciones de transformación digital, gestión de información y tecnología, atención ciudadana y telecomunicaciones, así como la adopción y uso de la identidad y ciudadanía digital, mecanismo único de autenticación digital basado en la Clave Única de Registro de Población con la protección de los datos en coordinación con la Secretaría de Gobernación.
Primer bloque
Fue avalado con 388 votos a favor, 53 en contra y cero abstenciones, en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por el Pleno, el bloque conformado por los artículos 30 Bis, 32 Bis, 35 y 38 Bis, sobre las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Desarrollo Rural, y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
Se aceptó la reserva de la diputada Jessica Saiden Quiroz (Morena) al artículo 30 Bis, para establecer que a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también le corresponderá dirigir la política de prevención social de las violencias, así como coordinar la prevención del delito.
Indicó que la violencia emocional es la más frecuente en el país con un 49 por ciento, seguido de la sexual, física, económica y de patrimonio; por ello, es imperativo la asunción del Estado en este renglón, con una política pública de intervención inmediata y a fondo que rompa esa epidemia.
Participaron para hablar a favor de la reserva los diputados Amarante Gonzalo Gómez Alarcón (PT) y Jesús Antonio Pujol Irastorza (Morena), y en contra, la diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN).
Segundo bloque
Con 341 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se ratificó en lo general y en lo particular, así como en términos del dictamen, el segundo bloque conformado por el artículo 42 Bis, relativo a la Secretaría de las Mujeres.
Tercer bloque
Con 321 votos a favor, 108 en contra y cero abstenciones, diputadas y diputados validaron, en lo general y en lo particular, y con la reserva acepta, el bloque integrado por los artículos 42 Ter, relacionado con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como el Décimo Cuarto Transitorio.
Se aceptó la reserva de la diputada Rafaela Vianey García Romero (Morena) al artículo transitorio Décimo Cuarto para establecer que los recursos humanos, financieros y materiales, así como las funciones y atribuciones con las que cuenta la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se transferirán a la Secretaría de las Mujeres a más tardar el 31 de diciembre de 2024.
Una vez ocurrido lo anterior, el decreto de creación publicado el 1 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación quedará abrogado del primero de enero de 2025, por lo que se tendrán que realizar las adecuaciones correspondientes al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
Al respecto, la diputada García Romero dijo que su propuesta busca disminuir las dobles funciones dentro de la administración para que con esto se puedan mantener los ahorros. “Queremos que haya suficiencia presupuestaria y buena administración”.