Pese a planes y operativos especiales, en diversos estados del país persiste el robo de combustibles de Pemex y el nuevo gobierno federal busca eliminar tanto las fugas de recursos por ese delito como por el contrabando de gasolina que ingresa principalmente por la frontera norte.
Estudios de Pemex y testimonios de funcionarios del gobierno dan cuenta del problema, al que la administración de Andrés Manuel López Obrador le declaró la guerra, pero cuyos efectos no han desaparecido.
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Por ejemplo, un estudio del Instituto para la gestión, administración y vinculación municipal (Igavim) elaborado con respuestas a solicitudes de información, encontró que en los primeros nueve meses de este año se descubrieron 8 mil 38 tomas clandestinas que transportan combustibles en todo el país, una cantidad menor a las 11 mil 140 del mismo periodo de 2023.
El número de tomas demuestra que se han logrado avances pero ese delito está lejos de desaparecer, como afirmaba el gobierno anterior.
A diferencias de otras épocas, en que Guanajuato y Puebla eran las entidades que lideraban las estadísticas de robo de combustible, actualmente Hidalgo es el estado donde hay más tomas clandestinas.
Entre enero y septiembre de 2024 se descubrieron mil 911 tomas clandestinas en ductos que transportan hidrocarburos, en buena medida, en los municipios por los que cruza el ducto Tuxpan-Tula, que lleva combustible de la terminal de almacenamiento en ese puerto de Veracruz, a la refinería en Hidalgo.
El estudio del Igavim señala que sólo en los municipios de Atotonilco, Ajacuba, Epazoyucan, Tlahuelilpan y Tula, por los que corre el ducto mencionado, se registra la mayor cantidad de tomas ilegales: sólo en esos cinco puntos se encontraron 614 puntos de los que se extraía huachicol.
Tlahuelilpan fue el sitio en el que hace casi seis años ocurrió el estallido de un ducto del que se extraía gasolina que provocó la muerte de 137 personas; pese a la tragedia, los datos demuestran que la práctica del huachicoleo sigue.
Soldados y guardias, pocos resultados
Un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en poder de La Silla Rota señala que en noviembre de 2020 el robo de combustible en Hidalgo llegó a su máximo ya que se descubrieron 765 puntos de los que se extraía huachicol.
En abril de 2021 se puso en marcha un operativo especial para atacar el problema para el que se destinaron 857 elementos del ejército y la Guardia Nacional para vigilar los tres ductos que pasan por la entidad, el Tuxpan-Tula, el Tuxpan-Azcapotzalco y el Tula-Salamanca.
Como parte de esa operación, que culminó en mayo de 2022 se llevaron a cabo 38 cateos, se detuvo a 38 personas, aunque sólo a dos de ellas se les inició un proceso penal, de acuerdo con el reporte de la Sedena.
Combustible de contrabando
El huachicoleo no sólo consiste en robar combustible de los ductos de Pemex, otra práctica es mediante el ingreso de combustible en camiones-tanque por la frontera norte, aprovechando el precio de la gasolina es más barato en Estados Unidos que en México (el litro de gasolina regular en Texas cuesta en promedio 14 pesos)
En la aduana se declara como otro componente o que se reporta como una cantidad menor de producto; esa gasolina se vende de manera irregular a los expendios.
En una entrevista para el programa "Largo aliento, que se transmitió por Canal 11, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que en una ocasión lo visitó un grupo de gasolineros para contarle que la mayoría de las estaciones del país pagaban una cuota de 25 mil pesos cada una a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para evitar que se les hicieran revisiones.
"Le llaman 'la vacuna'. Empecé a investigar, y cortamos de tajo con eso y se corrió y se fincaron responsabilidades al funcionario de Profeco que estaba a cargo de eso".
En mayo de este año, una funcionaria de la Profeco denunció que el encargado de presionar a los propietarios de gasolineras era su jefe David Aguilar, cercano a Ricardo Sheffield, quien se quedó a cargo de la Procuraduría cuando su superior se fue a buscar la candidatura al gobierno de Guanajuato.
El alfil contra el huachicol
Israel Benítez, el jefe Máximo, fue uno de los personajes más cercanos a Omar García Harfuch cuando encabezó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; policía de carrera, con más de 20 años de experiencia en la calle, como subsecretario de operación policial era el enlace del titular con los mandos de la policía, el responsable de operativos y movimientos de personal dentro de la corporación policial más grande del país.
Por su experiencia en el campo se ganó la confianza del secretario, dijeron policías de la Ciudad de México a La Silla Rota.
"Máximo", el sobrenombre que adoptó Benítez, se encargó de poner en práctica las medidas diseñadas por García Harfuch para enfrentar delitos de alto impacto como el homicidio. A su cargo estaban los operativos de vigilancia y presencia policial en zonas en las que se detectaba un aumento de los delitos.
El hoy secretario de Seguridad creó la subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y la Dirección General de Inteligencia Policial, que se encargaba de recopilar datos de los delitos registrados en la ciudad, la hora y características de cada hecho. Esa área entregaba un informe cada mañana a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para su revisión durante las reuniones de seguridad.
Esos reportes también eran la base para definir estrategias, identificar focos rojos, por ejemplo, por enfrentamientos entre grupos, o la presencia de grupos o individuos especialmente violentos.
Con el cambio de administración, Benítez se integró al gobierno federal pero no en la Secretaría de Seguridad sino en Pemex, como responsable de logística de Pemex, encargado de supervisar la seguridad de los ductos de la paraestatal.
Sus principales tareas serán combatir el robo de combustible en los ductos y el ingreso de combustible de contrabando, mediante estrategias elaboradas a partir de datos e inteligencia, en el ánimo de replicar el modelo que se puso en práctica en la Ciudad de México.
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