La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos aceptó revisar la solicitud de algunos de los mayores fabricantes de armas de fuego del país para desestimar una demanda interpuesta por el gobierno de México, que busca hacerlos corresponsables de la violencia perpetrada en territorio mexicano por grupos criminales.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
La demanda, presentada por México, pretende responsabilizar a empresas como Smith & Wesson Brands, Inc., Barrett Firearms Manufacturing, Inc., Beretta U.S.A. Corp., Colt’s Manufacturing Company, LLC, Glock, Inc. y Witmer Public Safety Group por la venta de armas que, según argumenta el gobierno mexicano, terminan en manos de cárteles y son usadas para cometer actos de violencia en el país. El gobierno mexicano exige miles de millones de dólares en daños y perjuicios, además de medidas cautelares que detengan el flujo ilegal de armas.
Te podría interesar
Los fabricantes de armas respondieron con una contrademanda, que ahora será revisada por la Suprema Corte. En su moción, los abogados de las empresas advirtieron que la demanda de México podría tener repercusiones graves para la industria armamentista estadounidense. Alegan que el caso implicaría "costosos e intrusivos" descubrimientos legales por parte de un gobierno extranjero y sostienen que se trata de un intento de intimidar a la industria para que adopte medidas de control de armas que han sido rechazadas en repetidas ocasiones por los votantes de Estados Unidos.
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE LA SILLA ROTA DE GOOGLE NEWS
"La demanda multimillonaria de México penderá sobre la industria estadounidense de armas de fuego durante años", aseguraron los representantes legales de las empresas. También señalaron que el caso podría reconfigurar el marco regulatorio de armas en Estados Unidos, con posibles consecuencias como la imposición de un sistema universal de verificación de antecedentes o la prohibición de "armas de asalto", cuestiones que han sido altamente debatidas en el país.
La demanda de México ya había superado una primera etapa en un tribunal inferior, lo que permitió que el caso continuara en los tribunales estadounidenses. No obstante, los fabricantes buscan ahora que la Suprema Corte detenga el avance del caso. Argumentan que una decisión a favor de México supondría una intrusión en la soberanía de Estados Unidos y crearía un precedente legal que podría modificar la regulación de armas en el país.
El máximo tribunal aceptó el recurso presentado por las empresas, conocido como "writ of certiorari", y comenzará a evaluar el caso en el próximo período de sesiones, que inicia el lunes 7 de octubre. Este desarrollo pone bajo los reflectores el creciente debate sobre el comercio de armas entre ambos países y las consecuencias legales que podrían derivarse de una eventual decisión en favor de México.
Armas de EU en México
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitó a la Corte de Boston continuar el juicio contra dos empresas fabricantes de armas en Estados Unidos; luego de que fuera desestimada por presuntos problemas jurisdiccionales el pasado mes de agosto. El juez Dennis Saylor justificó la anulación del caso al sostener que la demanda se basa en probabilidades estadísticas, en lugar de proporcionar pruebas de la relación de los 6 demandados con el tráfico de armas.
Los problemas jurisdiccionales por los que el juez Dennis Saylor desestimó la demanda del Gobierno mexicano contra los fabricantes de armas en Massachusetts son:
- El Gobierno de México no es ciudadano de Massachusetts
- Ninguno de los 6 demandados tiene sede o algún lugar de negocios en Massachusetts
Posteriormente, en un comunicado, el gobierno informó que la Corte estadunidense celebró una audiencia para dar seguimiento a la demanda presentada en 2021 contra ocho fabricantes y distribuidoras de armas.
El documental 'Río de Armas, Dinero y Muerte', del mexicano Víctor Valles, el cual aborda la magnitud del problema que derivó en la entrada de 2.5 millones de armas de fuego a nuestro país en la última década. Valles explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) estiman que al año unas 200,000 armas de fuego entran ilegalmente al país, provenientes de Estados Unidos.
Esta entrada de armamento tiene consecuencias en México, donde durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se cometieron unos 134,000 homicidios con armas de fuego, de los que, aproximadamente, el 70 % se realizaron con armas provenientes de Estados Unidos.