La ministra Lenia Batres recibió este lunes varios reveses por parte de la institución a la que pertenece, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual no aceptó bajarle el sueldo ni inscribirla al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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Al respecto, Batres aseguró en sus redes sociales que la Corte le negó su inscripción al ISSSTE y también rechazó su solicitud de que se le bajé el sueldo y las prestaciones que corresponden a su puesto como ministra de la SCJN.
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“La SCJN se niega a inscribirme al ISSSTE. También dice que la remuneración incluye las prestaciones de la persona servidora pública y que “declaró en su momento, la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018)”, pues “el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones”…”.
Sin embargo, apuntó que el oficio no señala que existe una nueva Ley de Remuneraciones vigente, de 2021, que establece estos parámetros.
“Véasele por donde se le vea, no hay justificación para rebasar el monto constitucional. Por eso, he tramitado mi incorporación voluntaria al ISSSTE y la devolución directa del excedente de las remuneraciones en la Tesorería de la Federación”, lanzó.
Esto dicen los expertos
Para que la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama pueda disminuir su sueldo, como lo anunció públicamente la semana pasada, se deben cumplir ciertos criterios establecidos en la Ley, de acuerdo con el presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, Alberto Woolrich Ortiz. A través de la red social X, el 6 de enero de 2023 publicó una solicitud enviada a la ministra presidenta de la SCJN Norma Lucia Piña Hernández para que su sueldo no sea mayor al del titular del Ejecutivo y sea dada de alta en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En el documento realiza la petición en base al “artículo 127, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, párrafo tercero; 7, fracción III, inciso d, y párrafo segundo de dicha fracción; 11 y 13, inciso a, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”.