Uriel Carmona, fiscal de Justicia del estado de Morelos, fue notificado este viernes en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México, de una tercera orden de aprehensión en su contra solicitada y obtenida por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, que encabeza Ernestina Godoy, ahora como probable “auxiliador” en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.
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La FGJ logró en una semana que jueces de control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a cargo de Rafael Guerra Álvarez, emitieran dos mandamientos de arresto más contra Uriel Carmona, luego de que magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenaron el 1 de septiembre de 2023 que enfrentara en libertad el proceso relacionado con la primera imputación que se le hizo, supuestamente por “entorpecer” las investigaciones de este mismo caso.
Después de esta decisión del tribunal del Poder Judicial de la Federación, que provocó la indignación y condena de la fiscalía capitalina, la institución que dirige Ernestina Godoy obtuvo en “fast track” una segunda orden de aprehensión ese mismo día en contra del fiscal de Morelos por el delito de encubrimiento por favorecimiento en la indagatoria por la muerte de Ariadna Fernanda.
El mandamiento judicial fue ejecutado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la FGJ la noche del 1 de septiembre de 2023, en cuanto el servidor público salió del Reclusorio Preventivo Sur debido al cambio de medida de prisión preventiva por la de presentación periódica semanal ante la Unidad de Medidas Cautelares.
Pese a que fue reingresado en el Reclusorio Sur, y quedó vinculado a proceso por la imputación de encubrimiento por favorecimiento, el 6 de septiembre de 2023 fue trasladado al penal federal de máxima seguridad El Altiplano, hecho del que la FGJ se desmarcó al señalar que la institución no solicitó dicho cambio de centro penitenciario.
Este viernes, la FGJ informó que agentes de la PDI “cumplimentaron”, en reclusión, una nueva orden de aprehensión en contra de Uriel Carmona por su posible participación en la comisión del delito de feminicidio, en su calidad de auxiliador.
Ulises Lara, vocero de la FGJ, señaló que el fiscal de Morelos fue notificado del mandamiento judicial en su contra y le fueron leídos sus derechos constitucionales, con apego a los protocolos de actuación policial.
“Del análisis de los datos de prueba que conforman la carpeta de investigación, se desprende que el imputado Uriel ´N´ ostentó diversos cargos públicos en esa entidad, como Notario Público y a últimas fechas como Fiscal General de Justicia del Estado.
“Y precisamente en esas funciones, firmó un protocolo de actuación para aquellos casos en que se tratara de una investigación por el delito de feminicidio”, comentó.
Indicó que no obstante, luego de conocer del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, posiblemente no aplicó el citado protocolo y, además, negó que la joven hubiera sido víctima de este delito.
“Ese desvió de la información posiblemente se tradujo en ayuda para los activos del delito, Rautel ´N´ y Vanessa ‘N´, dado que su intención no era otra que evitar que fueran investigados por ese hecho.
“Asimismo, es palpable la pretendida ayuda a los posibles responsables, al no existir en el estado de Morelos, investigación alguna respecto al comportamiento de servidoras y servidores públicos en la indagatoria local, en lo que se conoce como auxiliar del delito”.
El funcionario de la fiscalía capitalina sostuvo que “bajo esta figura de posibles auxiliadores, encontramos a servidoras y servidores públicos de aquella entidad, quienes posiblemente contribuyeron a desacreditar que se tratara de la comisión de un delito de feminicidio”.
Manifestó que posiblemente el Informe Policial Homologado (IPH) fue modificado, pues se emitió una determinación médica que no correspondía con las huellas encontradas en el cuerpo de la víctima y no se aplicó el citado protocolo interno, que el propio Uriel emitió, así como los tratados internacionales, los principios y el derecho positivo sobre esa materia.
“Es necesario recalcar que las servidoras y los servidores públicos que llevaron a cabo la investigación, deben conocer las leyes y reglamentos del estado, ya que los cargos que desempeñan en específico y su actuar, son los idóneos, necesarios y pertinentes para posiblemente auxiliar a los activos del delito, en este caso Rautel y Vanessa.
Para la Fiscalía General de Justicia es prioritario continuar con esta investigación seria e imparcial, así como atender, de manera sensible y respetuosa, la denuncia por posibles irregularidades, presentada por las víctimas indirectas, en este caso la familia de Ariadna Fernanda”.
VGB