El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, aseguró que no habrá doble Congreso en 2024 y que la Comisión de Puntos Constitucionales ya cuenta con una iniciativa al respecto para que el actual Congreso no concluya sus funciones antes de tiempo.
“Se trata de un proyecto jurídico, legislativo y constitucionalmente atendible, que se espera concluya su proceso a más tardar en diciembre. Hay una iniciativa viable, que es reformar el artículo 65 para establecer que la fecha de toma de posición o de protesta y de instalación del Congreso General sea el 1 de septiembre como tradicionalmente se ha dado, es decir, regresar las cosas a su estado original”, expresó.
Señaló que “no hay ninguna ley que obligue o permita que los legisladores concluyan el periodo antes de lo que el pueblo determinó, que fue el 31 de agosto de 2024”. Y confió en que dicha iniciativa se apruebe antes de que concluya el receso legislativo. Después, en septiembre, se realizaría una reforma constitucional al artículo 65 y aprobarla antes de que concluya este año.
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¿Por qué es esto relevante?
El próximo año existe el riesgo de que durante el mes de agosto haya un doble Congreso federal en Cámara de Diputados y Senadores. Esto, derivado de la legislación al vapor durante la Reforma Electoral de 2014 que dispuso que concluyera antes el periodo presidencial 2024 2020, el primero de agosto en lugar del primero de septiembre. Pero no modifico en el mismo sentido el relevo de diputados federales y senadores. Por ahora, la 65 legislatura mantiene por ahora su vigencia para concluir el mandato para el que fue electo el 31 de agosto 2024.
De no arreglar esto con una modificación legislativa, el doble Congreso tendría un costo al erario de al menos 7 millones de pesos contando solo la suma de las dietas de 500 diputados y 128 senadores de la 65 legislatura más los nuevos de la 66 legislatura.
Julio Jiménez, constitucionalista y analista político, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados explicó a La Silla Rota en entrevista que este cruce de congresos federales fue que los legisladores de 2014 no visibilizaron el problema. "Durante 30 días estarían funcionando dos congresos de manera paralela lo que afectaría de manera jurídico, constitucional y patrimonial las finanzas del Estado. Habrá que pagarle a más de 1000 diputados y 256 senadores", dijo.
Las salidas al tema
Jiménez enlistó, son tres. Una reforma constitucional a los artículos 83 y 65 de la Constitución para modificar el artículo décimo quinto y evitar dicho empalme. O bien, una reforma a leyes secundarias para modificar la Ley orgánica del Congreso, la Ley General Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral; esto, para modificar las fechas del inicio de la sesión constitutiva del Congreso de la 66 legislatura.
Y tres, voluntad política de los líderes de las fracciones de ambas Cámaras para generar un acuerdo para que, de manera económica y a título extraoficial, de por terminada anticipadamente la 65 legislatura el 31 de julio y permitir que el primero de agosto entre en funciones los nuevos legisladores. "Sin embargo, advierto que esto podrá tener muy poca voluntad política, conciencia económica y estrategia de reforma constitucional, creo que eso podría generar un cataclismo económico, político, administrativo y presupuestal", considero el experto.
Contextualizó que el tema será polémico porque los legisladores salientes podrían no querer aceptar concluir su encargo antes de tiempo y no perder un mes de sueldo, prerrogativas y su bono económico de salida por conclusión de legislatura; mientras que los legisladores entrantes podrían no querer prescindir de un primer mes de salario.
Calculadora en mano
La diputada panista Patricia Terrazas, secretaría integrante de la Comisión de Presupuesto explicó también a La Silla Rota que deberán abordar el tema en septiembre para contemplar ese ajuste económico en el diseño del presupuesto federal 2024 y en el contexto de la austeridad republicana que promulga la 4T.
"El tema es complicado, no se le ocurrió hace 10 años hacer un artículo transitorio en el que los actuales diputados terminaran primero; o bien, los siguientes entren de manera posterior. Creo que tendrá que haber un acuerdo político y de ser necesario, también una reforma constitucional para meter caminar en esa ruta".
Refirió que en 2013 un conjunto de legisladoras presentó una iniciativa de ley para destrabar ese tema y considerar que diputados y senadores entrantes tuvieran un primer año de 11 meses y evitar el empalme de los dos Congresos. "Pero el tema no se consideró y todo se legisló al vapor. Podría aplicarse ese cambio para la nueva legislatura ya que nosotros como diputados electos tenemos nuestra obligación determinar nuestros tres años de periodo legislativo porque no hay ninguna excepción. Difícilmente podrá aplicarse en este momento".
"Creo que la única alternativa podría ser el empalme: nosotros comenzamos el nuevo periodo legislativo y que ellos, los recién electos, lo continúen porque al haber un cambio de presidente de la República hay que tomarle la protesta al nuevo titular del Ejecutivo", agregó.
Terrazas afirmó que la salida fácil no puede ser mantener un doble congreso con doble nómina por un mes. "Se estima que la tan solo la nómina de diputados federales equivale a poco menos de 4 millones de pesos, esto se refiere solo a su dieta, sin incluir asesores, asistentes ni persona legislativo. En el caso de los 128 senadores la nómina por dieta asciende a un promedio de 3 millones de pesos. Es un cálculo conservador de al menos 7 millones de pesos", dijo
"Por eso no le veo posibilidades de que ocurra. El periodo de 11 meses de trabajo, sea para aplicar a esta legislatura o para la próxima, sería lo más viable. No hay manera de que se empalmen. Si con una sola legislatura es difícil tomar decisiones, con dos empalmadas no lo quiero pensar".
Un error de técnica
El constitucionalista Julio Jiménez agregó que el error en 2014 fue de técnica legislativa, administrativa y presupuestal. "Es inverosímil que se percaten de este problema un año antes de que se cumpla el plazo. Es un grave conflicto de carácter legislativo y constitucional. La primera salida que ellos tendrían tendrían es un acuerdo político en lugar de económico parq no afectar el presupuesto del país'.
Apuntó también que todo dependerá de la circunstancia política como resultado de las elecciones 2024, la correlación de fuerzas políticas y el número de legisladores por partido.
"Todavía están a tiempo para darle prioridad a este tema, la 4T ha demostrado que cuando quiere, aprueba reformas en 20 minutos", dijo. "En este momento todo está concentrado en el relevo presidencial y el próximo año cuando tengan todo encima, podrían resolverlo a la mexicana: con un curita, un diurex, enmendar la Constitución las leyes mexicanas y esperar que nosotros de nuestros impuestos paguemos un mes a dos congresos. Sería algo inédito que vulnere la Constitución".