El gobierno federal presentará una queja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el ministro Luis María Aguilar Morales. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, autoridades federales aseguraron que ha impedido, a través de su actuar, el pago de impuestos que deben los contribuyentes, en especial en el de una empresa con un adeudo de 25,000 millones de pesos. El anuncio fue hecho por el procurador Fiscal de la Federación, Arturo Medina.
“La SCJN tiene un papel fundamental en esas estrategias, pues la empresa solicita el ejercicio de la facultad de atracción de sus asuntos con el pretexto que son novedosos, no obstante, que haya jurisprudencia que el tema tiene que ser resuelto por tribunales colegiados. Estos 25 mil millones de pesos no han podido ser recuperados desde hace 13 años se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios, en particular en los últimos 8 meses el ministro Luis María Aguilar con el pretexto de la excepcionalidad pidió analizarlos y ha sido omiso en resolverlos”.
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El fiscal aseguró que la empresa Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, ha utilizado los recursos que tiene para evitar el pago y ocasionar un daño al fisco, de acuerdo con información de Reforma.
“Esta empresa abusando de su gran estructura corporativa ha operado diversas estrategias legales para imputar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos”.
En la conferencia mañanera del 22 de agosto, conviene puntualizar, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Ministro Aguilar atrajo el caso desde hace ocho meses "Él (Aguilar Morales) pidió ese expediente, atraerlo, lo pide para guardarlo, lo tiene ocho meses y no resuelve porque se trata de 25 mil millones de pesos Es el presupuesto de un estado de la República”.
Argumentos de la Procuraduría Fiscal
Arturo Medina mencionó otros casos, entre ellos, el del adeudo de más de 55 mil millones de pesos relacionado con 17 contribuyentes. Según el fiscal, los casos están relacionados con jueces y magistrados.
“Los jueces han retardado indebidamente la imposición de justicia, pues en 14 de estos 17 casos no se ha permitido que se realicen las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales, obstaculizando así la recuperación de por lo menos 54 mil millones de pesos de todos los mexicanos, en el 82% de estos casos integrantes del Poder Judicial han impedido que se abra la puerta al proceso penal y por tanto impedido que se haga justicia”.
El funcionario aseguró que no se cita a las audiencias iniciales y en ocasiones las han retrasado hasta 18 meses. Incluso, las difieren “una y otra vez, impidiendo que se sancione a los responsables y se recupere dinero público”.
Otro caso es el de una empresa del Bajío, la cual debe 300 millones de pesos a la Hacienda Pública. Este caso, en particular, es atribuido al juez Eduardo Osorio Rosado.
“Este juez sistemáticamente emite fallos que ignoran los argumentos de la Secretaría de Hacienda, pues sostiene que no está facultada para defender los recursos del pueblo y por ende desconoce nuestra calidad de víctima y ofendido en el proceso penal”.
La queja de AMLO no prosperará: experto
En dado caso de que la presidencia de la República interpusiera esta queja, Julio Jiménez experto en temas constitucionales, consideró que no prosperaría.
En entrevista con La Silla Rota contextualizó "este escándalo es derivado efectivamente de un pago de impuestos del grupo corporativo Elektra, ex aliado de proceso de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Cabe recordar que este grupo ha realizado algunos trabajos periodístico que han afectado los intereses del gobierno federal".
Agregó que el ministro Luis María Aguilar ha sido mencionado en varias conferencias mañaneras en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su inconformidad ante diversas resoluciones.
"De concretarse esta queja veo difícil que prospere, me parece más que es una de las cortinas de humo del Ejecutivo Federal frente a los temas de seguridad nacional como la violencia y otros de tipo electoral interno de su partido".
Jiménez afirmó que en los últimos 20 años no hay antecedente de que un titular del Ejecutivo haya interpuesto una queja o procedimiento de inconformidad contra un ministro de la Corte.
"Ha habido una estrategia de comunicación frente a una estrategia de desprestigio que el titular del Ejecutivo ha implementado al dar nombres y apellidos de jueces. Y obviamente, podría generar un antecedente negativo para la imagen del ministro Aguilar quien también fue ex presidente de la Corte".
El experto agregó que mucho de la ruta jurídica que esto pudiera seguir depende del contenido de la probable queja que se presente.
"Hay que valorar el alcance, contenido y el sentido de la queja. Una cosa es presentar una inconformidad ante la presidencia de la Suprema Corte por omisión o simulación de actuación de un ministro; y otra distinta que señale con imputaciones y elementos de prueba suficientes que existe un tipo de acción parcialista, o conducta contraria al derecho que pudiera afectar el interés público y el estado de Derecho. Reitero, en lo personal me parece muy difícil que prospere. Creo que será más un tema de escarnio público violentando la autonomía del Poder Judicial y pretendiendo dictar agenda a la Corte", concluyó.
DJC