La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) parar la entrega de libros para el ciclo escolar 2023-2024 en el estado de Chihuahua.
La determinación fue hecha por el ministro Luis María Aguilar Morales, quien admitió a estudió la controversia constitucional presentada por la administración de la gobernadora María Eugenia Campos.
De acuerdo con la controversia presentada, el gobierno de Chihuahua argumenta la “invasión de las esferas competenciales dando con ello violaciones a preceptos constitucionales” en la distribución de los libros. En caso de darse la entrega, menciona el escrito, no cumpliría con la obligación constitucional de garantizar una educación pública y de calidad para los habitantes de Chihuahua.
La determinación estará firme hasta que el ministro elabore u proyecto de resolución y lo presente al -pleno para su análisis y votación.
Contexto
El Congreso de Chihuahua informó que un juzgado de la entidad otorgó una suspensión (frenó) contra la distribución de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el ciclo escolar 2023-2024.
Según la página oficial de esa entidad, el recurso fue presentado por el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Francisco Sánchez Villegas. El recurso fue aceptado a estudio y se concedió la suspensión, sin embargo, hasta el momento, en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no se enlista la notificación del juez
En la página del Congreso de Chihuahua, también se hace mención a una denuncia presentada por el diputado local en la Fiscalía General de la República (FGR) contra los contenidos en los libros de texto de educación pública que llegarán a los alumnos en el próximo curso escolar.
La distribución de los libros de texto para ciclo escolar 2023-2024, cuentan con impedimento de juez en la Ciudad de México, desde el pasado mes de mayo, quien ordenó a la Secretaría de Educación Pública comprobar su distribución e impresión, solo si estaban apegados a los programas escolares actualizados.
Esta semana, el juez que otorgó una suspensión definitiva a padres de familia para que los libros no fueran imprimidos y distribuidos en las 32 entidades del país, informó que la SEP no ha presentado documentos para acreditar que la impresión de libros de texto se haya efectuado conforme a los programas y planes aprobados para el ciclo escolar 2023 – 2024.
La juez Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa, público, a través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la presentación de distintos oficios por parte de Victoria Guillén Álvarez, directora general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para comprobar el requerimiento hecho el pasado el 28 de julio.
En la petición se dio un plazo de 24 horas para acreditar, con constancias, haber dado cumplimiento a la suspensión definitiva que se le concedió la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).