Las extorsiones de personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a empresarios gasolineros es el secreto mejor guardado por la propia dependencia federal y la Secretaría de Gobernación (Segob), a pesar de que ésta última fue quien denunció el caso en un programa de televisión. Su ex titular, Adán Augusto López, hoy aspirante a la candidatura interna de Morena a la presidencia en 2024, relató el caso en abril y mediante una solicitud de transparencia a ambas dependencias para conocer más datos, respondieron que el tema no es de su competencia.
"Se hace de su conocimiento que la información solicitada no es competencia de la Secretaría de Gobernación... Se sugiere solicitar a la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Federal del Consumidor por ser los que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, podrían tener la información en comento", respondió Segob.
A la misma solicitud Profeco respondió "no se advierte que esta Procuraduría Federal del Consumidor tenga facultades para investigar a sus propios servidores públicos". Y remitió pedir la información a la Secretaría de la Función Pública; la dependencia respondió y además solicitó una ampliación de tiempo para localizar la información requerida.
El 28 de junio respondió que el caso se trata de una “red de verificadores que extorsionó a gasolineros con llamadas vacunas (sobornos) para evitar la verificación de sus estaciones". La investigación se realizó en dos estados; en abril 2022 en Chiapas con el folio 35689/2022/PPC/Profeco/DE152 por soborno y que se encuentra en estatus de investigación. El segundo se investiga en la Ciudad de México con el folio 2022/Profeco/DE228 de julio 2022 por conflicto de interés y que se encuentra también en estatus de investigación.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) precisó que la información es resultado de su Unidad de Denuncias de Investigaciones y la Dirección General de Denuncias e Investigaciones. Y que, aunque solicitó información al Órgano Interno de Control en Profeco, ésta respondió que no encontró ningún detalle con la información del caso tal y como se solicitó. Tampoco en la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de esa Procuraduría.
Luego detalló que cuenta con tres expedientes en formato físico. El expediente 24769 en Profeco que se encuentra concluido; el expediente DE168 también concluido y que el expediente 133649 sigue en trámite.
Finalmente, precisó que la investigación no ha concluido por lo que no puede precisar el número total de verificadores investigados, ni cuántas estaciones de gasolina extorsionaron ni describir su modus operandi porque "el sistema integral de denuncias ciudadanas (SIDEC) no cuenta con un rubro con las características y nivel de detalle requerido, es decir, que contenga la expresión documental solicitada”.
La anécdota de Adán Augusto… que dice no es de su competencia
Durante una entrevista con Sabina Berman el entonces titular de Segob, Adán Augusto López, aseguró que él reportó el caso a Profeco y que el monto al que ascendían estas extorsiones anualmente era de casi 3 mil millones de pesos. Detalló que inició en los primeros años del sexenio y cada extorsión era de entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales.
"Un grupo de gasolineros vino a verme y me dijo ¿usted sabe que todas las gasolineras del país pagan una cuota? Le llaman la vacuna. Empecé a investigar y cortamos de tajo, se corrió y se le fincó responsabilidades al funcionario de la Profeco que estaba a cargo de eso. A lo mejor todavía esa mafia sigue cobrándoles algunos gasolineros porque no ha permeado la información, pero estamos trabajando en ello". Sin brindar números específicos señaló “que fueron despedidos cientos de involucrados”.
Los datos duros
Santiago Arroyo, especialista en materia energética y abogado en materia regulatoria, relató a La Silla Rota que el tema de extorsiones a gasolineras no es nuevo; tanto, que antes del término "vacunas" también se le conoció como "colegiaturas". Y que, en efecto, Profeco es el órgano facultado para hacer la verificación de gasolineras desde hace dos décadas.
"Conforme van pasando las administraciones van cambiando los funcionarios encargados de recolectar este dinero. En realidad, esas extorsiones no son para evitar ser sancionados por el término litros de a litro porque los gasolineros y la Profeco han demostrado que sí dan litros completos y que tienen obligación de calibrar sus bombas por lo menos cada semestre. La finalidad real por la que los gasolineros acceden a esas extorsiones es para evitar no ser clausurados con cualquier motivo porque para el gasolinero implica multas de entre 150 mil pesos a 2-3 millones de pesos. Implica también un tema reputacional porque te quemas y tu clientela decide ya no comprarte por ratero".
Refirió que la Norma 0005 de la Secretaría de Gobierno, Comercio y Fomento Industrial establece los parámetros del despacho de combustible y aplica para gas LP. "Entonces ese es el pretexto que tiene la Profeco para extorsionar. Es como si compras un coche nuevo y lo llevas a verificar y te dicen que contamina”, ejemplificó.
Al respecto, la Profeco indicó en una carta: "Hacemos un llamado al señor Santiago Arroyo a que presente ante la autoridad competente las denuncias y aporte las pruebas necesarias para que se investiguen los hechos que informa y afirma en la nota referida.
"En Profeco apoyamos la transparencia y la lucha contra la corrupción, pero no podemos permitir ataques a la institución basados en la opinión y narrativa de una persona que no documenta nada de lo que afirma", señaló.
El modus operandi
Arroyo explicó a La Silla Rota cómo se desarrolla este delito bajo la complicidad de las autoridades. Primero, verificadores y supervisores contabilizan cuántas gasolineras tiene una empresa o empresario y en función de ello cobran una cuota de manera mensual. El cobro puede ser de manera directa o los gasolineros se organizan y designan un representante ante el delegado estatal de la Profeco o un funcionario de la Profeco en Ciudad de México.
Relató que también hubo casos en que quienes recogen dicho dinero son personajes del gremio, políticos, funcionarios del ayuntamiento, gobierno estatal y hasta diputados; todos, autorizados por Profeco. "Ellos son los intermediarios o interlocutores y la recolección del dinero se hace en efectivo. Quien hace el acuerdo es uno, pero otro es quién se encarga de la cobranza".
La ruta del dinero
"Ese dinero sirve para que alguien pase una lista en un grupo de WhatsApp o Telegram o cualquier otra red social; y con apego a esa lista se nombra las estaciones de servicio que no serán susceptibles de sanción, pero sí de verificación. Es decir que no se les pondrá un sello de clausurado".
Aquellos empresarios que se niegan a ser extorsionados, dijo, saben que deberán atenerse a las consecuencias legales que les impone Profeco, lo que les implica contar con un buen abogado y dar mantenimiento a sus gasolineras para minimizar riesgos. No obstante, en el grupo son los menos.
Enlistó que los estados que más incurren en este tipo de prácticas son las zonas metropolitanas como: Valle de México, Bajío, Jalisco y Monterrey entre otras. "No es un tema generalizado en todo el país, pero sí se registra en ciertas zonas donde hay poca comunicación, la comunicación es muy mala o la actividad económica es alta".
Las denuncias… y las represalias
El especialista en materia energética relató que hace algunos años hubo empresarios que sí presentaron su denuncia ante la Fiscalía General de la República o Secretaría de la Función Pública. "Pero lamentablemente en esta administración si alguien denuncia una cosa así, de repente ya te empiezan a visitar otro tipo de autoridades como Hacienda, la Comisión Reguladora de Energía, Agencia de Seguridad y Energía del Ambiente; o bien autoridades vinculadas a operativos conjuntos”.
Relató que hubo algunos casos de autoridades que llegaron acompañados de la Guardia Nacional, ministerios públicos y otra cadena de autoridades reguladoras. “¿Qué hace el empresario? Decirles no se preocupen, hago lo que quieran. Eso es lo que ha ocurrido últimamente y entiendo que en esta administración nadie se ha atrevido a denunciar este tipo de hechos".
Lamentó que el pago de “vacunas o colegiaturas” no tendrá fin ya que al irse quiénes lo hacen en este momento, serán sustituidos por otros. "Haciendo cuentas estamos hablando de cerca de 450 a 500 millones de pesos mensuales por este tipo de actividades. Hay un promedio de 13 mil gasolineras en el país y alrededor de 60-65% de ellas son extorsionadas. Y cada vacuna o colegiatura oscila entre los 15 mil y 90 mil pesos".
Desafortunadamente, dijo, cada extorsión se refleja en el precio por litro de gasolina. "Dependerá de la empresa y cómo lleva su administración; en general, hay quienes consideran está extorsión dentro de esos gastos operativos y lo incluyen en su contabilidad. Otros, definitivamente lo trasladan al precio que dan al consumidor. Es el costo de la corrupción que tarde o temprano impacta a la población y quiénes pagamos impuestos, somos quienes cargamos con el costo final".
La segunda y tercera extorsión
Arroyo precisó que además de este tipo de extorsión, los gasolineros también son víctimas del pago de derecho de piso por parte de grupos vinculados con la delincuencia organizada en entidades como Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Guanajuato.
"Pagan piso a la delincuencia organizada y a la delincuencia organizada oficial que es Profeco, entonces hay doble pago por derecho de piso. A veces, incluso cuando son del mismo partido en el poder, hay casos en los que también tienen que pagar piso a Protección Civil. Esa sería la tercera extorsión porque ellos tienen facultades de verificación en materia de riesgos a la población en ayuntamientos o estados que tienen buena relación con el gobierno federal".