El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que, contrario a lo que tenía planeado, no puede demandar al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, por difamación y daño moral debido a las protecciones legales que este goza en Estados Unidos por su profesión.
Durante la conferencia mañanera de este jueves, el presidente afirmó que, luego de consultar con abogados, se concluyó que los letrados están amparados por leyes y jurisprudencias en Estados Unidos, lo que impide que se les acuse por difamación al cumplir con su deber de defender a sus clientes. Ante esta situación, el presidente decidió expresar su protesta enviando una carta a De Castro en la próxima semana, considerando inadmisible que alguien pueda calumniar sin enfrentar consecuencias legales.
Por otro lado, el 19 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la existencia de órdenes de aprehensión en México contra Genaro García Luna y algunos de sus familiares. Las órdenes están relacionadas con varios casos, entre ellos, su participación en el operativo Rápido y Furioso, así como un daño patrimonial de más de 64 mil millones de pesos por la construcción de penales y la firma de 10 contratos ilegales y abusivos para equipar cárceles públicas del país.
Te podría interesar
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, ha sido condenado en Estados Unidos por las acusaciones de corrupción y nexos con el narcotráfico durante su gestión en el gobierno de Felipe Calderón.
Contexto
El 16 de febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de presentar una demanda por daño moral contra el abogado César de Castro, quien sugirió que el presidente había recibido sobornos del narcotráfico durante su campaña política en 2006. Durante su conferencia matutina, López Obrador expresó su preocupación por estas acusaciones y encargó a la Cancillería una investigación para determinar la viabilidad legal de proceder con la denuncia.
El mandatario aseguró que la demanda sería presentada tanto en su calidad de presidente de México como de ciudadano, pero enfatizó que no utilizaría recursos públicos para pagar su defensa legal. En ese sentido, mencionó que buscaría un abogado que aceptara trabajar pro bono, es decir, sin cobrar honorarios, o bien, uno que acordara recibir un porcentaje de la indemnización que se pudiera obtener una vez concluido el juicio. Además, López Obrador anunció que cualquier dinero restante de la indemnización sería destinado a apoyar a familiares de víctimas de la guerra contra el narcotráfico desatada durante el gobierno de Felipe Calderón.
El presidente dejó claro que su demanda no se trataba de un asunto personal, sino que buscaba proteger la dignidad y el honor de la presidencia de México, así como combatir la difamación y las acusaciones sin fundamento. La investigación en manos de la Cancillería buscaba determinar las posibilidades legales de llevar adelante la demanda, y en su momento se esperaba conocer los resultados y la decisión final sobre este caso.
En mayo, López Obrador insistió en la demanda contra el abogado de García Luna, donde reafirmó su posición respecto a la intención de César de Castro de vincularlo con el crimen organizado, calificándola como un intento de involucrarlo en una trama orquestada por la "mafia del poder". López Obrador afirmó que el objetivo del abogado era buscar que se aceptara que todos son iguales y que él también estaba involucrado en actos de corrupción, algo que el presidente negó categóricamente. Sostuvo que su gobierno se distingue por la falta de corrupción y complicidad con cualquier grupo, y que De Castro debería aclarar sus acusaciones.
Además, el presidente rechazó las declaraciones recientes del abogado, quien supuestamente comentó a alguien que López Obrador no le permitía la entrada a México. El mandatario negó esta afirmación, calificándola como una mentira y cuestionó los motivos del litigante para hacer tales declaraciones.